Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 7 de octubre.- La agencia calificadora internacional HR Ratings confirmó el alto costo de la deuda de 820 millones de pesos contratada por el gobernador Carlos Joaquín en el último año de su gobierno, la cual costará casi mil millones de pesos en intereses al estado de Quintana Roo.

Como se recordará, Diario Cambio 22 documentó puntualmente que el gobernador Carlos Joaquín González incumplió su promesa de no aumentar la deuda pública directa de largo plazo del estado de Quintana Roo, pues con el crédito de 820 millones de pesos que contrató en el 2021 y los gastos de las dos reestructuraciones que realizó, los cuales cargó a la deuda bancaria, al final terminó por aumentar el ya abultado saldo que le dejó Roberto Borge Angulo, y lo elevó a 19 mil 690 millones de pesos a menos de tres meses de finalizar su gobierno, junto con otros pasivos de casi 7 mil millones de pesos, que incluyen deudas con proveedores y contratistas.

Y en diciembre del 2021, El Diario Cambio 22 dio a conocer el contrato firmado por la administración de Carlos Joaquín González con el banco Banobras por este crédito, cuya corrida financiera indicaba que se tendría que pagar ese alto costo por el empréstito debido a que tiene una tasa de interés efectiva de 8.57 % anual sobre saldos insolutos, de tal forma que al finalizar el plazo de 20 años el estado habría pagado casi 2 mil millones de pesos al banco para amortizar capital e intereses.

Esta información dada a conocer de manera oportuna en su momento fue confirmada por la calificación realizada por HR Ratigns al crédito de 820 millones de pesos contratado con Banobras, pues en ella anexa una corrida financiera que indica que los intereses de esta deuda serán 949 millones 800 mil pesos en total a lo largo de los 20 años de pago, con los montos más altos en los primeros años del plazo.

Al final, juntos los intereses y el capital, importan la cantidad de mil 769 millones 800 mil pesos, que serán el total que tendrá que pagar el estado a Banobras en los 20 años de amortización del préstamo.

En el caso de la administración de Mara Lezama Espinosa, con la actual estructura de amortizaciones le tocará pagar 445 millones 400 mil pesos en cinco años de servicio de la deuda de este crédito, de los cuales 343 millones 900 mil pesos corresponderán a intereses y 101 millones 500 mil pesos corresponderán a capital.

La calificadora confirma también lo informado por Diario Cambio 22 en su oportunidad, respecto a que el crédito de 820 millones de pesos se utilizó en cuatro disposiciones realizadas entre octubre de 2021 y mayo del 2022, pero se comenzó a pagar inmediatamente después de que se hizo la primera disposición, en noviembre de 2021.

De esta forma, a Banobras se pagaron 7 millones de pesos en el 2021, de los cuales 5 millones son de intereses y 2 millones son de abono a capital; y para el 2022 se tiene previsto el pago total de 83 millones 300 mil pesos en amortizaciones, de los cuales 67 millones 500 mil pesos son pago de intereses y 15 millones 800 mil pesos son de abono a capital.

Dice la calificadora: “El Estado dispuso de la totalidad del monto contratado mediante cuatro exhibiciones realizadas entre octubre 2021 y mayo de 2022. Cada disposición llevó su respectivo contrato de cobertura de tipo SWAP. Con base en lo anterior, se definió un método de pago fijo de capital para cada una de las disposiciones realizadas. El crédito no contó con un periodo de gracia, por lo que el primer pago se realizó en noviembre de 2021 y el último se esperaría en octubre de 2041”.

Recuerda la calificadora que “el 27 de agosto de 2021, el Estado de Quintana Roo y Banobras celebraron la apertura del contrato de crédito simple por un monto de hasta P$820m a un plazo de 240 meses, contados a partir de la primera disposición del crédito, en el entendido que dicho plazo en ningún caso excederá el 23 de noviembre de 2041. Lo anterior al amparo del Decreto No. 102, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 13 de marzo de 2021. 

Asimismo, derivado del proceso de licitación pública No. 01/2021, el 04 de agosto de 2021 se emitió el acta de fallo a favor de Banobras por un monto de hasta P$820.0m”.

Cabe recordar que, en diciembre del 2021, además de advertir sobre el alto costo de los intereses y amortizaciones de esta deuda sumada por Carlos Joaquín a la ya abultada deuda de largo plazo del estado, Diario Cambio 22 señaló que el impacto de este crédito sobre las finanzas del estado se comenzaría a sentir de manera inmediata a partir del 2022, puesto que para pagar sus abonos a la banca se tendrá que recortar el presupuesto para obras públicas.

De la misma forma, durante la gestión del nuevo gobierno se tendrán que quitar 445 millones de pesos al presupuesto de inversión pública para pagar los abonos a Banobras.

Lo anterior se debe que esta deuda, a diferencia de otras, no está garantizada con participaciones federales, sino que el dinero para el abono tendrá que tomarse de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), que están etiquetados para obras públicas, y por esta razón el dinero que se tome para abonar este crédito se tendrá que restar al presupuesto de inversión pública.

De hecho, el primer año de abonos de esta deuda a Banobras repercutió en una reducción de 72 millones 421 mil pesos en el Ramo General de Inversión respecto al presupuesto del 2021.

Esa reducción de la capacidad para realizar obras públicas la sentirá durante toda su gestión el próximo gobierno, porque para garantizar el pago de los abonos de esta deuda tendrá que utilizar hasta el 25 % de los recursos anuales del FAFEF, lo que según el contrato firmado con Banobras significa dejar disponibles hasta 108 millones de pesos anuales como garantía de pago de los abonos.

Estos recursos serán reservados para pagar la deuda, y lo que reste de ellos sin usarse para el pago podrán destinarse para obras públicas, pero sólo luego de que el banco haya tomado su parte.

No obstante lo oneroso que resulta el crédito en intereses e impacto financiero, el contrato del mismo detalla que no se aplicaría el total de los 820 millones de pesos a la construcción de las 49 obras públicas que programó el gobierno de Carlos Joaquín para el último tramo de su mandato, sino sólo 807 millones 700 mil pesos.

Lo anterior se debe que 12 millones 300 mil pesos del préstamo fueron destinados a constituir el Fondo de Reserva del mismo, para garantizar su pago.

Adicionalmente, hay que decir que la tasa de interés que tiene el crédito de Banobras es el más alto de todos los créditos a largo plazo que tiene la entidad, debido a que calculó cuando el estado ya había tenido una baja en su calificación crediticia, a causa de la acumulación de deudas de corto plazo de la administración actual.

Por lo anterior, el préstamo de 820 millones de pesos que pidió Carlos Joaquín como adelanto de aportaciones federales del FAFEF reducirá drásticamente la capacidad financiera de los próximos gobiernos para realizar obras públicas, al mismo tiempo que elevó el saldo de la deuda a largo plazo.

Así fue como la administración de Carlos Joaquín no cumplió su promesa de reducir ampliamente el endeudamiento público de Quintana Roo, y al contrario, limitó aún más la capacidad financiera de los próximos gobiernos para realizar inversiones públicas que mejoren la calidad de vida de los quintanarroenses

 

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