Otorgan Suspensión a Comunidad Maya de Sitilpech contra Granja Porcícola

• El Juzgado Cuarto de Distrito de Yucatán ordenó la suspensión temporal de las operaciones de la granja Kancabchén número 2.

• Pobladores emprendieron nuevo juicio de amparo, por afectaciones ambientales, en busca que la revocación de sus licencias y permisos de operación.

Redacción/CAMBIO 22

MÉRIDA, 7 de noviembre.- La comunidad indígena maya de Sitilpech, en el municipio de Izamal, Yucatán, obtuvo una suspensión provisional que ordena la paralización inmediata de las operaciones de una granja porcícola con capacidad para 36 mil cerdos, por posibles violaciones a los derechos al medio ambiente sano, al agua, a la salud y a la consulta previa, libre e informada.

La medida fue adopta al iniciar un nuevo juicio de amparo de estos pobladores, en busca de la revocación, por afectaciones ambientales, de los permisos y licencias con los que el ayuntamiento de Izamal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizaron la operación de esta granja.

El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, a cargo de la jueza Elsa Patricia Espinoza Salas, concedió el 3 de noviembre la medida cautelar dentro del juicio de amparo 2095/2025, promovido por personas mayas con la representación jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

La resolución implica que únicamente podrán realizarse acciones destinadas a mantener con vida a los animales ya existentes, sin permitir el ingreso de nuevos ejemplares.

Las y los habitantes de Sitilpech denunciaron que la granja, denominada Kancabchén No. 2 —aparcería de la empresa Kekén, perteneciente al Grupo Kuo—, fue instalada sin contar con licencias de funcionamiento, permisos ambientales ni consulta indígena, pese a localizarse dentro del Anillo de Cenotes, un humedal de importancia internacional reconocido por la Convención RAMSAR.

La comunidad ha documentado olores fétidos, contaminación del agua subterránea y afectaciones a la salud, especialmente entre personas mayores y niñas y niños.

Además, han señalado la omisión de las autoridades para prevenir y mitigar el daño ambiental ocasionado por la actividad porcícola.

En su resolución, la jueza Espinoza Salas subrayó que, al estar en juego derechos individuales y colectivos vinculados con la protección del ecosistema y la biodiversidad, la medida cautelar responde al interés social y busca evitar daños irreparables.

Esta decisión se suma a otras tres suspensiones provisionales otorgadas por los Juzgados Segundo y Sexto de Distrito en Yucatán, que ordenan a las autoridades realizar acciones de vigilancia, verificación e inspección en el ámbito de sus atribuciones, a fin de preservar el equilibrio ecológico y garantizar el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano.

La medida permanecerá vigente hasta la audiencia incidental del 7 de noviembre de 2025, en la que se determinará si la suspensión se confirma, modifica o revoca.

Los habitantes de Sitipech llevan varios años de lucha contra la operación de la granja, desde que se abrió, en el 2022, y desde entonces llevan una serie de juicios amparos en busca de la revocación y los permisos que le entregaron las autoridades para su operación.

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