Redacción / CAMBIO 22

El Claustro Doctoral Honoris Causa A.C. nombró a la periodista Quintanarroense Graciela Machuca Martínez Doctora Honoris Causa por sus aportaciones a la investigación, defensa de derechos humanos así como por su trayectoria como comunicadora humanista.

La investigadora y periodista es fiel colaboradora y fundadora del periódico diario CAMBIO 22, además ha colaborado con el director general en otros proyectos periodísticos en dónde además de plasmar la cruda realidad de nuestra entidad y de otras ciudades de la península, su valentía le ha ocasionado numerosas amenazas y ataques.

En su discurso la también titular de la fundación Maya sin Fronteras, calificó como un privilegio ser distinguida por ese honorable consejo.

Es un privilegio recibir del Claustro Doctoral Honoris Causa A.C. este reconocimiento a mi trayectoria como periodista y defensora de derechos humanos, actividades desarrolladas principalmente en Quintana Roo, donde hace más de 45 años decidí tener como mi residencia, allí nacieron mis 3 hijas y mi hijo, continué con mi labor como enfermera y opté por el periodismo.

Allí conocí historias de violencia, discriminación y marginación de las mujeres mayas, muchas de ellas, monolingües, quienes siguen estando en el abandono, otras, a pesar de sus mejores circunstancias económicas y académicas, son víctimas de la cultura patriarcal que tiene adormecida a la sociedad mexicana.

Recibir este doctorado honoris causa, por mi trabajo en favor de la sociedad mexicana, me permite hacer un balance de lo realizado, pero sobre todo, de lo que nos urge hacer, porque las tareas emprendidas son mínimas en comparación a las que tanto personas de mi generación, como las que vienen, tenemos que llevar a la práctica, porque ahora, más que nunca debemos defender nuestros derechos a ejercer el periodismo y a defender derechos humanos.

Libertades como las de pensamiento, opinión, expresión, prensa e información están en grave riesgo porque la clase política gobernante desechó la constitucional división de poderes y se prepara para darle el golpe mortal al poder judicial; desaparecer los organismos autónomos creados para que la misma clase gobernante transparente sus gestiones y rinda cuentas sobre el uso de los recursos públicos, es un atentado al derecho humano a la información y por ende al resto de los derechos fundamentales.

El pasado 10 de marzo, el Observatorio de la UNESCO de Periodistas Asesinados registró 10 casos alrededor del mundo, en lo que iba del año, de los cuales ocho correspondieron a la región de América Latina y el Caribe y, de estos últimos, cuatro eran de México.

La UNESCO, a través del mismo observatorio lleva un conteo de periodistas asesinados en el mundo desde 1993 a la fecha, periodo en el que ha documentado 169 casos en México.

El hostigamiento, las amenazas, el acoso judicial, entre otros agravios en contra de mi labor profesional, me orillaron a integrarme como beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde el 2014, sin embargo, no he podido dejar ese estatus, porque la inseguridad para ejercer el periodismo en Quintana Roo sigue agudizándose.

Desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es repetir el proyecto de censura previa que se impulsó durante el gobierno de Enrique peña Nieto, al cual se opusieron quienes hoy gobiernan en el país.

Regreso a mi querido Quintana Roo para hacerle un homenaje a aquellas mujeres y hombres que me compartieron sus historias de vida para llevarlas a páginas de periódicos, noticiarios de radio y televisión, como lo fue Detrás de la Noticia que encabezó mi admirado y respetado periodista Ricardo Rocha Raynaga, y como referente peninsular lo es Renán Castro Madera de Cambio 22; a Juan Francisco Rocha, a Daniel Robles, Lorenzo Pacheco y Guillermina Garcia. Todos ellos con su apertura en mis espacios permitieron que se visibilizaran los atropellos a los derechos humanos, sobre todo de mujeres indígenas.

Cuando en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la zona maya, al lado de otras mujeres también voluntarias, empezamos a conocer historias de víctimas de violencia doméstica y que los agentes del Ministerio Público las mandaban a reconciliarse con sus maridos golpeadores, aún en la academia no se hablaba de sororidad, mucho menos existían las leyes estatales o federal de una vida libre de violencia para las mujeres, sin embargo, tuvimos que habilitar un refugio para mujeres, que al correrse la voz del servicio que daba, en poco meses la realidad nos había superado y ya no teníamos ni espacio ni recursos para albergarlas.

Con la experiencia, gestoría y exigencia, logramos que desde el gobierno estatal se diseñara y construyera un proyecto para abrir el primer refugio oficial para mujeres en Felipe Carrillo Puerto, incluso antes de que se aprobara la ley, pero el proyecto fracasó porque le negaron recursos y lo sometieron a un proceso burocrático, por lo que las instalaciones muy pronto fueron utilizadas para albergar a más burocracia y se olvidaron de las mujeres violentadas que nos habíamos encargado de visibilizar.

En los últimos años, tanto desde el periodismo como desde la defensa de los derechos he contado historias y acompañado a víctimas de violencia vicaria. Casos como los de Yamile Moises, Lucero Ojeda y Eva Kryskova, de origen checo, quienes hoy enfrentan a todo el aparato del estado en su contra, conjugan tráfico de influencias, impunidad, complicidades entre hombres y lo más triste, también mujeres, quienes ostentan poderes políticos y económicos.

Hago un homenaje a Anastasia, una mujer monolingüe y analfabeta, quien en la zona maya fue encarcelada injustamente, porque un cacique la integró a un comité de productoras y para justificar una cantidad de dinero la hizo poner su huella en un documento, luego de 8 meses en la cárcel fue absuelta, pero salió con diabetes.

Este reconocimiento también le corresponde a las mujeres artesanas de la zona maya, quienes fueron despojadas de una acción afirmativa para el Senado de la República, y que ellas se han tenido que conformar con las fotografías de quien solo las utilizan para usufructuar puestos de elección popular.

También le corresponde a mujeres como Concepción Dzul, indígena maya que ha trabajado durante 45 años en los diferentes niveles de educación indígena, recorriendo los inhóspitos caminos y las marginadas comunidades mayas; a Abelia Santos Tuz, originaria de Yaxley, expendedora de productos de la región en el mercado municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien con sus ventas logró que su hija y sus tres hijos terminaran estudios profesionales, como ella hay muchas más, quienes a base de esfuerzos diarios han logrado que sus hijas e hijos terminen estudios que ellas no tuvieron oportunidad de lograr.

Reconozco la aportación de la doctora en educación Wilma Guadalupe Pérez Cauich, mujer emprendedora, investigadora, dedicada a la docencia, educadora de profesión y vocación, madre luchadora y excelente amiga, destacada colaboradora en diferentes instituciones siempre en pro de los grupos vulnerables.

Nayely Hernández, una mujer campeona en pesas, ha sacado a muchos niños triunfadores en competencias nacionales e internacionales, a quien desde el poder político municipal de Felipe Carrillo Puerto la han querido dañar.

Especial mención a la abogada Teresa Paredes, mi cómplice, con ella y con otras mujeres de organizaciones civiles de Quintana Roo logramos parar la peor mezquindad en materia de derechos humanos que se pretendía desde el Congreso del Estado para imponer a quien debía presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A mis compañeras de Mayas sin Fronteras A.C.: Paola Varguez, Mayer Ortiz Medina, Asunción Moreno Ic, Beatriz May Canul, Manuela Poot y Margarita May, con las que hombro con hombro hemos dado acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.

Cuando hicimos realidad el refugio para mujeres, conocido como “Mano Amiga”, en Felipe Carrillo Puerto, se destacó la participación de mujeres como Luz Arévalo (QEPD), Alma Vega, María Antonieta Aguilar, Mayerlin Ortiz, Nohemí Peralta, Asunción Moreno, Beatriz May; así como el invaluable apoyo que nos dio la licenciada Celia Perez Gordillo, siendo procuradora del estado, entre otras. El apoyo de éstas y otras más fue fundamental para lograr los objetivos.

Agradezco la solidaridad del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), organismo que nos ha permitido tener un foro para visibilizar a nivel nacional e internacional muchos de los casos de violencia contra mujeres que se registran en Quintana Roo y en otros lugares de la Península de Yucatán.

Como periodista y activista me involucré en el proceso de elaboración de una iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, la cual luego de ser aprobada por el Congreso de Quintana Roo, por razones políticas y económicas un nuevo gobierno la abrogó, dejando en estado de indefensión al gremio periodístico. Después de esta decisión se registraron cinco asesinatos de periodistas en Quintana Roo.

Entre quienes integramos el equipo para elaborar el referido proyecto legislativo se encuentran Ángel Ramírez, Rubén Vizcaíno, Julián Santiesteban, Javier Chávez, Antonio Cabello y Virginia Betanzos, entre otros integrantes del gremio periodístico.

Mi agradecimiento a las compañeras y compañeros de la Asociación Civil Casa de los Derechos de Periodistas que durante todo el proceso legislativo estuvieron atentos con sus asesorías y siempre solidarios para visibilizar los agravios que hemos tenido como gremio periodístico en Quintana Roo.

Tanto como fuentes informativas, como acompañantes y asesores, en diversos casos de violaciones a derechos humanos, he tenido la solidaridad de organizaciones civiles como Indignación A.C. de Yucatán, Centro Agustín Pro Juárez, a la Oficina de la ONU para los DDHH en México, así como al Observatorio de Violencia de Campeche, entre otras más, a todas ellas, mis respeto y reconocimiento.

Con motivo de este reconocimiento a mi trabajo profesional también es importante mencionar la agenda periodística, política y de derechos humanos que está pendiente en Quintana Roo, como es la violencia generalizada, la trata de personas, el desprecio y la criminalización en contra de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, la explotación de los recolectores chicleros, la cual ahora se ha institucionalizado, dándole poder económico y político a quien les compra el chicle a bajo precio y lo sobrevende en el mercado europeo.

Aún hay mucho por hacer periodísticamente y por los derechos humanos en Quintana Roo. Seguiremos.

Estas décadas haciendo periodismo y defendiendo derechos humanos las he combinado con mi compromiso de madre. Este reconocimiento también es de mis hijas Marcela, Trinidad y Carolina, así como de Jorge, mi hijo, quienes se forjaron en la cultura del esfuerzo, del trabajo, para poder terminar sus estudios profesionales y ser quintanarroenses que ponen en alto el nombre de México en los lugares que les toca trabajar.

A quienes integran este claustro académico, gracias por el doctorado honoris causa que hoy recibo con gran orgullo, pero también les agradezco por permitirme visibilizar en esta tribuna al gremio periodístico y a las personas defensoras de derechos humanos del país, cuya trabajo ha sido estigmatizado, e incluso, criminalizado por los gobiernos en turno.

 

 

 

Fuente: Sistema de Notícias CAMBIO 22

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