• Con el objetivo de evitar su desaparición, los siete órganos autónomos de México pidieron a los legisladores una reducción de entre el 10% y el 40% en sus presupuestos para el próximo año. S

 

Redacción/CAMBIO 22

Para evitar su extinción, los siete órganos autónomos se ‘autocastigaron’ al solicitar a los legisaldores de 10 a 40% de presupuesto menos para 2025.

Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del próximo año, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dichos organismos —el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora De Energía (CRE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)— solicitaron en total 4,422.2 millones de pesos (mdp) para 2025, que es 386.6 mdp menos de lo que recibieron para este 2024.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador envió en febrero una reforma que modifica diversos artículos de la Constitución para desaparecer estos órganos autónomos y desecentralizados; la propuesta ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que los legisladores prevén discutirla entre el 20 o 21 de noviembre.

Aunque la reforma establece la eliminación de estos órganos autónomos, aparecen en el PPEF 2025, pues éstos enviaron a la SHCP sus propuestas de presupuesto, por lo que la dependencia solo reunión las peticiones y las envió a la Cámara de Diputados para su discusión y votación, y serán ellos quienes decidan si entregan los recursos o no.

El INAI solicitó 993.9 millones de pesos, que es casi 10% menos de lo que este órgano obtuvo en 2024.

Con la desaparición del INAI, en la reforma se contempla que sus funciones de acceso a la información y protección de datos personales se traslada a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de control del Poder Judicial y a las contralorías del Congreso de la Unión. Esto pretende replicarse a nivel estatal.

El IFT solicitó 1,680 millones de pesos, que es la misma cantidad que recibió en este 2024. Sin embargo, de ser eliminado sus funciones pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.

Se encuentra la Cofece que propuso recibir para el otro año 687.8 millones de pesos, que es la misma cantidad que obtuvo en este 2024, pero si desaparece sus acciones, como garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados, pasarán a la Secretaría de Economía.

Mientras para la CNH pidió 173.2 millones de pesos, presupuesto que es 30% menor a lo que obtuvo en este 2024. Sin embargo, si la reforma pasa y es eliminado, sus funciones se irán a la Secretaría de Energía.

También está la CRE para la cual se plantea tenga 199.8 millones de pesos, que representa 30% menos de lo que le etiquetaron los legisladores para este año.

Está Mejoredu, el cual sustituyo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tras la reforma educativa de López Obrador. Para este organismo no sectorizado propuso recibir 199.8 millones de pesos, que es 40% menos de lo que obtuvo este año.

El séptimo es el Coneval, que al igual que que el resto de los órganos, se ‘autocastiga’, ya que pidió 287.8 millones de pesos para el 2025, que equivale a 70% de los recursos que tuvo en este 2024.

Si éste desaparece, sus funciones, como medición de la pobreza y evaluación de programas sociales las realizará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De ser eliminados, la Cámara de Diputados deberán reasignar los 4,422.2 millones de pesos que solicitan y se prevén en el presupuesto total.

Morena critica a autónomos

En la exposición de motivos de esta reforma de López Obrador se menciona que los órganos autónomos carecen de legitimidad democrática, “pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de los organismos internacionales para “descentralizar” a la Administración Pública Federal (APF)”.

Además, señala que estos órganos no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino “que han garantizado intereses privados, pues incluso, en varios casos el objetivo de los organismos fue para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social”.

Y enfatiza que de 2018 a 2024 se han asignado a estos organismos autónomos -que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio- 32.3 millones de pesos, los cuales, dice el proyecto, equivalen a 5 millones de pensiones bimestrales para los adultos mayores.

Asimismo, se establece en los transitorios que las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable.

Mientras, los recursos materiales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de estos entes públicos que se extinguen pasarán a formar parte de las dependencias del Ejecutivo Federal o al Inegi en el caso del Coneval.

 

 

 

Fuente: Expansión Política

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