Organizaciones Civiles Exigen Investigación y Medidas Tras Incendio en Holbox

Alejandro López / CAMBIO 22

Cancún, Quintana Roo, 12 de Septiembre del 2025.- Diversas organizaciones y asociaciones no gubernamentales han emitido un posicionamiento firme tras el incendio forestal ocurrido recientemente en la isla de Holbox, Quintana Roo, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Yum Balam.

A través de un escrito conjunta, las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMD); Grupo Ecológico del Mayab; Grupo Tortuguero del Caribe A.C.; Amigos de Sian Ka’an A.C.; Centinelas del Agua A.C y Casa Wayuu A.C., señalaron que el siniestro -presuntamente provocado- arrasó con más de 670 hectáreas de selva.

Esto equivale a 941 canchas de fútbol, generando una grave afectación ecológica en uno de los ecosistemas más valiosos del país.

Las agrupaciones exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno —federal, estatal, municipal y agrario— que se investigue a fondo el origen del incendio y se sancione a los responsables conforme a la ley.

Además, solicitaron la imposición inmediata de una veda de 20 años que prohíba el cambio de uso de suelo en las áreas afectadas, hasta que se acredite la regeneración ecológica del terreno, como lo establece el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).

El siniestro comenzó el pasado 22 de agosto en la zona de Punta Mosquito/La Ensenada, al noroeste de Holbox, y permaneció activo durante 9 días, siendo oficialmente declarado como liquidado a inicios de septiembre.

De acuerdo con Protección Civil de Quintana Roo, este fue el único incendio forestal fuera de temporada registrado en el estado durante 2025.

La superficie afectada, similar en tamaño al Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, representa un grave retroceso ambiental por su relevancia para la biodiversidad local y su contribución a los servicios ecosistémicos.

Las organizaciones firmantes destacan los siguientes impactos, pérdida de servicios ambientales clave, como la fragmentación del ecosistema, la destrucción de hábitats y zonas de alimentación de fauna silvestre, así como afectaciones a la conectividad ecológica.

Destrucción de manglares fundamentales para la protección costera, la retención de sedimentos y la captura del llamado carbono azul, cuya quema libera grandes cantidades de CO₂.

Daños severos a la flora y fauna, afectación del manglar y matorral costero, pérdida de cobertura vegetal y retroceso de bordes.

También se vio comprometido el hábitat de numerosas especies, como tortugas marinas (blanca, caguama y carey), cocodrilos, aves costeras y mamíferos en peligro de extinción como el jaguar, el tapir y el manatí.

Riesgo de erosión y contaminación de humedales cercanos, debido a la pérdida de vegetación y la posible dispersión de cenizas.

En particular, se advierte que la zona afectada incluye la playa de anidación más importante de tortuga carey en el estado, con un promedio anual de mil 269 nidos en los últimos cinco años.

Ante la magnitud de los daños, las organizaciones civiles exigen a las autoridades iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes, incluyendo peritajes sobre el origen del incendio, sus trayectorias y afectaciones a ecosistemas clave.

Aplicar las sanciones establecidas en el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, que contempla agravantes por tratarse de un Área Natural Protegida.

Decretar e inscribir formalmente una veda de 20 años en el Registro Forestal Nacional, e implementar mecanismos legales que impidan cambios de uso de suelo.

Coordinar con autoridades agrarias y registros públicos para asegurar la oponibilidad de la veda y evitar otorgamiento de permisos o concesiones que violen esta medida.

Informar públicamente y vigilar de manera permanente el área afectada mediante patrullajes terrestres, marítimos y aéreos, así como campañas de prevención de incendios forestales.

redaccion@diariocambio22.mx

GPC