Organizaciones Civiles Condenan Prisión Domiciliaria Impuesta al Reportero Rafael León

• Artículo 19 señala que es una medida desproporcionada que le impide continuar su labor periodística 

• Propuesta Cívica demanda el retiro de los cargos de halconeo y encubrimiento por los que fue vinculado a proceso

Redacción/CAMBIO 22

VERACRUZ, 5 de enero.- La organización Artículo 19 rechazó enérgicamente la medida de prisión domiciliaria impuesta al periodista veracruzano Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, tras ser vinculado a proceso por delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, también conocido como halconeo.

Aunque desestimó el cargo de terrorismo, que inicialmente le imputó la Fiscalía General del Estado de Veracruz, un juez de control determinó mantener la investigación penal y ordenó que León Segovia cumpla prisión domiciliaria por un año, lo que según Artículo 19 limita su libertad de movimiento y su capacidad de continuar con su labor periodística.

En un comunicado, la organización defensora de la libertad de expresión calificó como “desproporcionada” la medida cautelar y advirtió que sienta un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo, al poder ser interpretado como una forma de criminalizar la labor informativa en México.

Artículo 19 señaló que durante la audiencia, según su seguimiento del caso, se registraron inconsistencias e irregularidades en la actuación de la Fiscalía, así como falta de fundamentos sólidos para sostener las imputaciones más graves, lo que a su juicio refleja un intento de atribuir responsabilidad penal al periodista por informar sobre hechos de interés público.

La organización subrayó que vincular a proceso a un comunicador, basándose en la interpretación del hecho de que “llegaba antes” a cubrir sucesos como indicio de conocimiento previo, podría establecer un riesgo para la libertad de expresión en el país.

Artículo 19 también exhortó a las autoridades competentes, incluido el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a intervenir y garantizar medidas de protección, tanto para León Segovia como para su familia, ante el contexto de amenazas y presiones que enfrenta.

Por su parte, la organización Propuesta Cívica expresó su “profunda indignación” por la “persistente criminalización” contra el periodista Rafael León Segovia, por imponerle prisión domiciliaria por un año para continuar el proceso por otros cargos distintos al de terrorismo.

Propuesta Cívica sostuvo que, aunque el “absurdo cargo por terrorismo” fue desestimado, la continuidad del proceso por presunto “encubrimiento por favorecimiento” y “delitos contra las instituciones de seguridad pública” representa, a su juicio, una “continuación de la persecución” contra el ejercicio periodístico en esa entidad.

La organización recordó que León Segovia fue detenido el 24 de diciembre en Coatzacoalcos, Veracruz, durante un operativo en el que participaron policías y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y afirmó que en el procedimiento se reportaron “irregularidades graves”, incluida la presunta sustracción de efectivo y de un vehículo.

Propuesta Cívica afirmó que la Fiscalía General de Veracruz sustentó sus acusaciones en coberturas del periodista sobre violencia e inseguridad, al presentarlas como “prueba” y argumentar que la rapidez con la que llegaba a los hechos era “un indicio de conocimiento previo” de actividades criminales.

Según la organización, el juez de control determinó que “no existía vínculo alguno” entre el comunicador y “estructuras delictivas”, por lo que desestimó la imputación por terrorismo.

Sin embargo, la organización aseguró que la audiencia estuvo marcada por “inconsistencias, falta de argumentos sólidos e irregularidades” en la actuación ministerial.

Por lo anterior, Propuesta Cívica exigió a la Fiscalía General de Veracruz retirar “inmediatamente” los cargos restantes, “reparar completamente” los daños patrimoniales causados durante la detención y ofrecer “disculpas públicas” por el trato recibido.

Además, urgió a fortalecer mecanismos de control y supervisión de la Fiscalía estatal y a realizar una investigación “integral e imparcial” por presunta conducta abusiva.

Propuesta Cívica agregó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha dado “seguimiento puntual” e instó a garantizar el debido proceso, mientras la organización advirtió que, además de los homicidios contra periodistas, se está sumando una “criminalización judicial” mediante figuras penales graves como el terrorismo o lavado de dinero.

Cabe mencionar que en este proceso penal, la Fiscalía General realiza la grave acusación de que León Segovia, que escribe para la página en internet Noticias con Lafita León, de recibir supuestos pagos de 30 mil pesos (unos mil 500 dólares) por difundir noticias de asesinatos y publicar mensajes violentos bajo supuestas “instrucciones de grupos criminales”.

La Fiscalía dice que la acusación la hizo un supuesto testigo protegido, que por tener ese trato no fue identificado en la audiencia judicial y lo acreditaron solamente con una huella digital en un papel.

El caso ha generado rechazo entre colectivos periodísticos y defensores de derechos humanos, quienes consideran que la utilización del sistema penal en este tipo de procesos puede inhibir el trabajo de reporteros y afectar el derecho a la información de la sociedad, además de estigmatizar al periodista.

redaccion@diariocambio22.mx

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