Inicio / Operativo Contra el Huachicol del Agua

Comenzó, como decíamos, desde el martes en la noche, pero se generalizó desde la madrugada de este viernes y está encabezado por la Fiscalía del Estado de México, con participación estatal y federal.

En el huachicol del agua participan empresas, autoridades municipales y sindicatos. Lo hacen vía los consejos de participación ciudadana, una instancia ideada para descentralizar el poder, que, entre otras atribuciones, maneja el agua en los municipios. Ahí, las autoridades se asocian, sobre todo, con los llamados sindicatos (el Liberación, en todo el oriente del área metropolitana, es uno de los más poderosos e involucrado en muchos negocios ilícitos). Son los consejos de participación los que controlan los pozos y les resulta muy sencillo explotarlos ilegalmente. Tienen, por ejemplo, autorización para extraer 10 mil litros diarios de un pozo, pero extraen varios miles más, tanto de pozos como de sistemas de distribución y también de conexiones ilegales, casi siempre sin riesgo alguno. Funcionan igual que el huachicol del crudo y derivados, pero lo hacen con un elemento, el agua, que es fundamental para la vida diaria de las comunidades y personas.

Para extraer ilegalmente el agua se usan todas las formas posibles, desde los llamados popotes, simples mangueras conectadas a cualquier ducto, hasta la perforación de los propios ductos o conexiones a pozos, incluyendo grandes conexiones que son ignoradas por las autoridades locales.

El principal medio de operación para este comercio ilegal son los sindicatos y el instrumento más usado, las pipas. Una pipa de diez mil litros que debería ser comercializada por mil 130 pesos máximo, el precio definido por autoridades, con el agua que se extrae ilegalmente se está vendiendo, por ejemplo, en mil 800 pesos en Ecatepec, o mil 600 en Cuautitlán y mucho más caras en colonias residenciales del Estado de México y de la capital del país.

Se espera que se generen reacciones sociales con estos operativos, como sucede en las zonas donde los grupos criminales tienen base social, porque van a organizar acciones de protesta, argumentando que los operativos están diseñados para dejar a las comunidades sin agua. Ocurre, y ha ocurrido en muchos puntos del país, e incluso recientemente con el último operativo que realizó la Fiscalía del Edomex en Valle de Bravo y otras zonas para comenzar a romper la extorsión en esos municipios. En realidad, sucede lo contrario, esos grupos que roban y distribuyen ilegalmente el agua se la están robando, secan los pozos y dejan sin ella a comunidades y colonias completas en todo el Valle de México.

El operativo en marcha se realiza en forma simultánea en 200 puntos del Estado de México, 150 cateos ya habían sido judicializados previamente y se efectúan 8 cateos simultáneos cada dos horas en 49 municipios, desde el martes pasado en la noche.

Me gusta el modelo de los grandes operativos que realiza la Fiscalía del Estado de México, a cargo de José Luis Cervantes. Se toman meses las investigaciones, pero se reúne mucha información y, cuando se realizan, con las limitaciones políticas e instrumentales que este tipo de acciones tienen en nuestro país, se pueden romper o debilitar tramas completas de las actividades criminales. Se cumplan o no todos los objetivos establecidos, siempre se logra debilitar a esos grupos, que pueden reemplazar piezas con cierta celeridad, pero cuando los golpes son muy amplios, éstos afectan mucho más que los aislados o personales contra personajes del mundo criminal. Es un modelo que se debería explotar y aplicar mucho más. Y que cuanto mayor apoyo político tenga, obtendrá mejores resultados.