febrero 28, 2024 16:33

Renán Castro Madera, Director General

Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN, 7 de febrero.- Socios de Uber que operan en Cancún presentaron ante el Congreso del Estado de Quintana Roo solicitud de juicio político contra el director del Instituto de Movilidad (Imoveqroo), Rodrigo Alcanzar Urrutia; la directora de Gobierno, Erika Castillo Acosta; y la secretaria de Gobierno del Estado, Cristina Torres Gómez, porque han sostenido que para el gobierno la operación de la plataforma aún es ilegal en la entidad.

Carlos Calzado Calzado y Águeda Esperilla Soto, representantes de 10 operadores, entregaron la solicitud de manera formal y por escrito ante la oficialía de partes habilitada en la representación del Poder Legislativo en Cancún, acusando a los funcionarios estatales de desacato a una orden judicial, asociación delictuosa, incitación a la violencia, corrupción y conflicto de intereses con los sindicatos de taxistas Andrés Quintana Roo, de Benito Juárez, y Lázaro Cárdenas del Río, de Solidaridad.

Los socios de Uber indicaron que es un acto premeditado y orquestado desde la administración pública estatal el que digan que Uber sigue siendo ilegal, a pesar del fallo judicial a favor, a pesar de que saben que el desacato a una orden judicial implica cárcel.

Aseguraron que con estas afirmaciones están provocando más violencia en el destino turístico, sin que a estos tres funcionarios les importante que hasta hay alertas emitidas por Estados Unidos, porque tienen intereses particulares con los sindicatos.

Inclusive, recordaron que existen grabaciones que circulan en redes sociales y medios de comunicación en las que Rodrigo Alcázar Urrutia promete a los taxistas, en el pasado proceso electoral, que la empresa transportista de plataforma no entrará a Quintana Roo, a cambio del apoyo político del gremio.

“Les dice textualmente ‘yo fui el artífice de que Uber no pudiera operar en el estado. Si ustedes votan por nosotros, yo les garantizo como titular del Imoveqroo que no vamos a permitir su funcionamiento’. No conforme con esto, nombra como delegado de Movilidad en Cancún al primo de la señora Erika Castillo, de nombre Manuel Puerto Castillo, también socio taxista”, expresaron.

En el caso de Erika Castillo Acosta, recordaron que es socia del sindicato de Cancún, y aun así fue diputada presidenta de la Comisión de Movilidad en la pasada legislatura para favorecer a su gremio, y ahora le inventaron la Dirección de Gobierno en la presente administración, como “premio de consolación” por el ingreso de Uber a la entidad.

En el caso de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, la señalaron como la principal impulsora de una campaña mediática engañosa para la ciudadanía, en la que con premeditación y alevosía está llamando a la confrontación entre los transportistas.

En el documento firmado por 10 socios de la aplicación exhortan directamente al presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la XVII Legislatura, diputado Hugo Nieto Alday a que se inhabilite a los tres funcionarios públicos y se les castigue conforme a la ley corresponda, porque también se les debe sancionar con cárcel.

 

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RHM

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