Observatorio Legislativo Pide a la Gobernadora de Quintana Roo Vetar la Abrogación de la Ley de Imagen Institucional

► La asociación civil califica de “nueva ocurrencia” de la XVII Legislatura la eliminación de la ley que, de haberse aplicado, impediría a los actuales gobiernos del estado y de los municipios utilizar los colores de Morena

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 16 de mayo.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo calificó de “nueva ocurrencia” de la XVII Legislatura del Estado la abrogación de la Ley de Imagen Institucional e hizo un llamado a la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, para vetar la decisión y no promulgar el decreto correspondiente.

En un posicionamiento público, la asociación civil consideró que para vetar este decreto sólo se requiere de voluntad política, y advirtió que la abrogación dejaría un vacío institucional que permitirá que no se apliquen los principios constitucionales de administración eficiente de los recursos

Tras recordar que en la sesión 29 del segundo periodo ordinario de sesiones  de la XVII Legislatura celebrada el día 14 de mayo, la fracción parlamentaria de Morena ingresó una iniciativa para abrogar la ley de Imagen Institucional del Estado de Quintana Roo, que había sido presentada en la XV Legislatura y aprobada para que iniciara su vigencia en el año 2018, con el inicio de una nueva administración y gobierno estatal, recalcó que se aprobó en el mismo momento y sin el proceso legislativo adecuado.

Destacó que la fundamentación de la Ley de Imagen Institucional se basó en la reforma al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”

En este sentido, dijo que el objetivo de la ley era evitar que los cambios políticos en las administraciones y gobiernos federal, estatal o municipal implicaran aplicaciones de imágenes partidistas en las funciones de gobierno, no solo por la inequidad política, sino también por el gasto que se origina al cambiar colores en muebles e inmuebles con los colores del partido en el poder en cada cambio de gobierno.

“Ahora, con esta iniciativa de abrogación de la Ley, presentada por la bancada de Morena y aprobada conjuntamente con sus aliados políticos del PT y del PVEM, se queda un vacío institucional que permitirá que no se apliquen estos principios constitucionales de administración eficiente de los recursos, ya que la iniciativa solo propuso abrogar, no estableció nada en su lugar”, enfatiza.

“En el fondo está la actitud de ‘como no me gusta esta ley, la quito, porque tengo la mayoría para hacerlo’. Nos recuerda en el imaginario colectivo a situaciones como vimos en la película de la Ley de Herodes”, expresa la asociación en su posicionamiento.

Advirtió de que, sin embargo, en su premura legislativa de quedar bien con sus partidos políticos en una contienda electoral, no consideraron que esos principios ya están en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, incluso con una mayor precisión que en la Constitución Federal, de no favorecer a alguna imagen de partido político en el poder y que deberán de cumplirse.

En este sentido, el Observatorio Legislativo citó que el artículo 166 BIS de la Constitución del Estado indica que: “Los servidores públicos del Estado y los Municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Por lo anterior, el Observatorio Legislativo consideró hasta ociosa la abrogación, ya que la normatividad para su cumplimiento está establecida en la Constitución Política del estado de Quintana Roo.

La organización también reprochó que la promesa de esta legislatura de aprobar una Ley de Austeridad para tener un mejor uso de los recursos públicos ha sido relegada.

cambio22chetumal@gmail.com

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