• El análisis se enfocó únicamente en las iniciativas que lograron convertirse en decretos y fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

 

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 5 de julio. – El Observatorio Legislativo de Quintana Roo, A.C., presentó su Nota Informativa 274 con un análisis sobre los trabajos realizados por la XVIII Legislatura al concluir el segundo periodo del primer año de sesiones. En el documento, la organización destaca que entre los dos periodos ordinarios se realizaron además cinco periodos extraordinarios, utilizados para convocatorias con fines específicos de aprobación.

De acuerdo con el Observatorio, el análisis se enfocó únicamente en las iniciativas que lograron convertirse en decretos y fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, criterio que permite evaluar la productividad legislativa en términos de resultados legales observables. En este sentido, se registraron 129 decretos aprobados en total durante el primer año legislativo, de los cuales 73 corresponden al primer periodo ordinario y 25 a los cinco periodos extraordinarios.

Según el informe, el 80% de las propuestas presentadas durante los periodos extraordinarios fueron promovidas por el Poder Ejecutivo estatal. Además, se menciona que algunas de las iniciativas impulsadas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo han sido impugnadas, principalmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por posibles violaciones a normas constitucionales. El Observatorio ejemplifica con casos como la Ley de Movilidad y la Ley de Expropiación, entre otras 13 reformas actualmente en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En lo que respecta al segundo periodo ordinario, se aprobaron 31 decretos, lo que representa menos del 50% en comparación con el primer periodo. El Observatorio destaca que esta baja productividad podría deberse a la revisión previa por parte de la Consejería Jurídica antes de que los trabajos lleguen al Congreso. Del total de decretos aprobados en este periodo, 15 fueron reformas legales, cinco reformas constitucionales, tres al Código Penal y tres a la Constitución estatal.

El documento también detalla el origen de los decretos aprobados, cinco enviados por el Congreso de la Unión, cinco por municipios, dos por el Poder Ejecutivo y uno por la propia XVIII Legislatura. Asimismo, se registraron diez decretos presentados de manera individual por legisladores, aunque el Observatorio señala que cinco de estos carecen de relevancia sustantiva.

 

 

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RHM

 

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