Nuevos Requisitos Impuestos por la XVII Legislatura y el Gobierno del Estado Encarecen y Obstaculizan las Bodas en Quintana Roo
11 Ene. 2024►Además de la prueba de VIH exigidas por reforma que impulsaron Morena y sus aliados, violando derechos humanos, los contrayentes deben presentar certificado de no ser deudor alimentario, por disposición del gobierno del estado ►El Registro Civil niega el matrimonio a los que estén en esta condición, aunque el Código Civil no la tiene como impedimento ►Además, exige que los contrayentes paguen la constancia de no ser deudor alimentario, aunque la norma dice que el Registro Civil debe realizar de oficio la búsqueda en la “lista negra”, y con una tarifa ilegal ►Las bodas más baratas se encarecen a casi el doble sólo por estos certificados
Francisco Hernández/CAMBIO22
CHETUMAL, 11 de enero.- Al iniciar el 2024, las bodas civiles en el estado de Quintana Roo se han encarecido y enfrentan obstáculos adicionales, debido a los nuevos requisitos impuestos por la XVII Legislatura del Estado, como efecto de reformas promovidas por la mayoría Morena-PVEM-PT al Código Civil del Estado, como la constancia médica sobre enfermedades crónicas, hereditarias o incurables, incluyendo VIH, se suma a la exigencia de constancia de no ser deudor alimentario moroso, que el gobierno del estado impuso unilateralmente a partir de mediados del año pasado.
Además de su dudosa legalidad, estas medidas han repercutido en un incremento de al menos 20 % en el costo del registro de las bodas civiles cuando se realizan fuera de oficinas, pero para las personas de nacionalidad mexicana que tienen menos recursos y prefieren efectuar la boda en la oficina del Registro Civil el costo se eleva a casi el doble, lo que ha provocado que a inicios del año haya bodas postergadas en el municipio de Othón P. Blanco.
Pero además, le han puesto irregulares obstáculos a las uniones matrimoniales, puesto que el Registro Civil impide casarse a las personas que sean deudoras alimentarias morosas, a pesar de que el Código Civil no contempla esa condición como impedimento para el matrimonio, sino sólo como una medida informativa; además de la violación a derechos humanos y diversas normas incluida en la medida de exigir la prueba de VIH como requisito para casarse.
Como se recordará, por una reforma al Código Civil impulsada por Morena, el Código Civil ahora exige para casarse la presentación de un estudio de laboratorio sobre enfermedades crónicas, hereditarias o incurables, incluyendo VIH, a ambos contrayentes, que impacta en una elevación del costo de las bodas en diversos grados, además de que de que ha sido denunciada por asociaciones civiles como violatoria a derechos humanos.
Pero además, en Quintana Roo el Registro Civil exige a todas las personas que quieran contraer matrimonio que comprueben que no son deudores alimentarios, medida que algunos municipios, como Benito Juárez, comenzaron a aplicar desde julio de 2023, pero que en la capital del estado, Chetumal, se comenzó a exigir al iniciar este 2024.
Esta medida tiene dos problemas: primero, que el Registro Civil impide contraer matrimonio a las personas que aparezcan como deudores alimentarios morosos en la lista estatal, a pesar de que el Código Civil no lo establece como impedimento, sino sólo como requisito informativo; y además se ha convertido en una medida recaudatoria para el erario estatal, que encarece hasta casi al doble el costo de las bodas civiles más baratas entre contrayentes de nacionalidad mexicana, porque se exige a todos los pretendientes, no sólo a los divorciados.
Este requisito quedó establecido en una reforma que realizó la XV Legislatura del Estado en agosto del 2019, en el artículo 680 del Código Civil, pero el Registro de Civil comenzó a exigir a partir de julio del 2023 que toda persona que pretenda casarse a acredite que no es deudor alimentario moroso, es decir, ya en el gobierno de Mara Lezama.
Sobre la medida y sus repercusiones legales, el Código dice que el Registro Civil realizará la búsqueda en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado, e informará a las personas pretendientes, de inmediato y por escrito, si alguna de ellas se encuentra inscrita en dicha lista negra.
La regla indica que la búsqueda en la “lista negra” no se tiene que solicitar, sino que el Registro Civil la realiza de manera oficiosa con sólo recibir el escrito de los pretendientes en el que manifiestan su voluntad de contraer matrimonio.
No obstante lo anterior, el Registro Civil cobra a cada pretendiente 363 pesos por la constancia de no estar inscrito como deudor alimentario, y el documento sólo lo entregará el Registro Civil Estatal, no los municipales, en un lapso de 15 días, por lo que tiene que tramitarse dos semanas antes de la fecha planeada para la boda, además de que sólo tiene vigencia de un mes.
Y aunque el ser deudor alimentario moroso no fue incluido entre los impedimentos para contraer matrimonio, los registros civiles de los municipios si le dan carácter punitivo, pues advierten que en caso de aparecer en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, no podrán llevar a cabo su matrimonio hasta obtener su constancia de liberación o de que ya no se encuentra en dicho padrón.
Cuando la XVII Legislatura aprobó la medida, dijo que la motivación era garantizar la subsistencia de los hijos procreados en una anterior relación; pero la realidad es que, además de un nuevo obstáculo, también se ha convertido en una conveniente medida recaudatoria, porque la constancia se exige a todos los pretendientes, no sólo a los divorciados.
Otra irregularidad es que, a pesar de que la tarifa debe estar establecida en la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, los ciudadanos no la pueden consultar ni corroborar en la página de internet del Poder Legislativo, porque su administración, encabezada por el diputado de Morena Humberto Aldana Navarro, omitió publicar la última versión de la ley con las reformas aprobadas en 2023, y sólo tiene la versión del 2022, por lo que no hay constancia de que el cobro sea legal.
Además, de acuerdo a un oficio extendido en junio de 2023 por la directora del Registro Estatal, Mirta Carolina Carrillo Ancona, el cobro debía ser de 1.6 UMA, es decir, de 166 pesos, por lo que todo indica que la tarifa que se le está cobrando a los contrayentes por la constancia es ilegal.
La nueva exigencia para los contrayentes la confirmó el director del Registro Civil en Othón P. Blanco, Hugo Rojas Vázquez, quien dijo que para el caso de la capital del estado, a partir del presente año quedó establecido como requisito ineludible, sin importar el género, la presentación de la constancia de no ser deudor alimentario.
Asimismo, afirmó que desde antes de finalizar el 2023 se inició con la difusión correspondiente, para que las parejas interesadas en formalizar sus uniones lo consideraran.
La exigencia de las nuevas constancias ha llevado a encarecer el costo de las bodas civiles en Chetumal, y por eso algunas hasta se han postergado, puesto que, en la capital del estado, la celebración del contrato de matrimonio cuesta en el Registro Civil 933 pesos, pero al sumar el costo de las constancias de ambos contrayentes se eleva a 1,659 pesos.
Si la persona se quiere celebrar el matrimonio civil en su casa, el costo es de 3,146 pesos, por lo que al añadir las constancias de no ser deudor alimentario el costo se eleva a 3,872 pesos.
Si el matrimonio es entre personas mexicanas con extranjeras, en la oficina del Registro Civil cuesta 2,280 pesos, y cuando se celebra fuera es de 3,150, por lo que al sumar el costo de las constancias el costo se eleva a 3,006 pesos, en el primer caso, y 3,876 pesos, en el segundo.
Cuando los matrimonios son entre extranjeros, en el Registro Civil cuesta 6,120 pesos, y en sitio distinto a la oficina, 10,790 pesos; por lo que al añadir el costo de las constancias, se elevan a 6,846 pesos y 11,516 pesos, respectivamente.
A eso, además, hay que añadir los costos de los estudios de laboratorio sobre enfermedades crónicas, hereditarias o incurables, incluyendo VIH, que pueden ser diversos, por lo que casarse en Quintana Roo ha elevado sus costos para las personas debido a las decisiones de los diputados de la 4T, que son los que promovieron estas reformas y son mayoría en la XVII Legislatura.
Para el caso de Cancún, donde hay más bodas en el estado, el costo de las más baratas, la boda de personas mexicanas en oficina del Registro Civil, en día hábil es de 616 pesos, y en día inhábil, de 2,237 pesos, por lo que con la suma de las constancias se elevan a 1,342 pesos, en el primer caso, y hasta 2,963 pesos, en el segundo.
Si la boda se realiza fuera de oficinas, cuesta 3,028 pesos en días hábiles y 5,938 pesos en días inhábiles, por lo que con la suma del costo de las constancias el costo se eleva a 3,754 pesos, en el primer caso, y a 6,664 pesos, en el segundo caso.
Si la boda es entre persona mexicana y persona extranjera, en oficina el costo es de 3,910 pesos y fuera de oficina es de 7,719 pesos; pero con las nuevas constancias añadidas los costos se elevan a 4,636 pesos y 8,445 pesos, respectivamente.
Y si la boda es entre extranjeros, los costos son, en oficina, de 7,719 pesos, y fuera de oficina, de 8,313 pesos; por lo que con el nuevo requisito se elevan a 8,445 pesos y 9,039 pesos, respectivamente.
Más caros son los matrimonios en Playa del Carmen, pues la boda más barata, entre mexicanos en oficina en días hábiles cuesta 1,037 pesos, y con las nuevas constancias cuesta 1,763 pesos; mientras que fuera de oficina el costo se eleva de 1,867 pesos a 2,593 pesos.
Si se quieren casar en días inhábiles, el costo se eleva de 1,245 pesos a 1,970 pesos en oficina, y de 2,334 pesos a 3,060 pesos fuera de oficinas.
Y más caro aún para mexicanos es en Bacalar, donde la boda más barata, en oficina en día hábil, pasa de 1,141 pesos a 1,867 pesos al añadir las constancias, mientras que fuera de oficina el costo aumenta de 4,045 pesos a 4,771 pesos fuera de oficina.
Más difícil será casarse en día inhábil en el Pueblo Mágico, pues con el nuevo requisito el costo sube de 4,357 pesos a 5,083 pesos, tomando en cuenta que allí no se celebran bodas en oficina en días inhábiles.
Los requisitos son solicitud de matrimonio, actas de nacimiento, identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), análisis médicos, convenio de régimen patrimonial, dos testigos, pago del matrimonio y ahora se adiciona la constancia de no adeudo de pensión alimentaria, así como los estudios sobre enfermedades incurables, crónicas o hereditarias, incluyendo VIH.
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