• El incremento de homicidios y la violencia del crimen organizado desafían la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad pública y el estado de derecho.

 

Renán Gabriel Castro Hernández/ CAMBIO 22

Durante el fin de semana, del viernes 5 al domingo 7 de julio, se cometieron en el país 217 asesinatos, de los cuales 37 ocurrieron en Guanajuato, de acuerdo con los reportes preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El porcentaje de 0.000181% que representan los 217 asesinatos en un fin de semana en México, en relación con una población de 120 millones de personas, puede analizarse desde varias perspectivas:

• Impacto político: Este nivel de violencia refleja un desafío significativo para el gobierno mexicano en términos de seguridad pública y gestión política. La alta incidencia de homicidios puede erosionar la confianza pública en las capacidades del gobierno para garantizar la seguridad y el estado de derecho.

 

• Desafíos de seguridad: A pesar de los esfuerzos gubernamentales por combatir la violencia y el crimen organizado, los altos índices de homicidios muestran la persistencia de problemas estructurales en términos de seguridad. Esto incluye la capacidad limitada para prevenir delitos violentos y la infiltración continua de grupos criminales en diversas regiones del país.

 

• Presión sobre recursos y políticas públicas: La alta tasa de homicidios ejerce presión sobre los recursos públicos destinados a la seguridad y la justicia. Requiere estrategias efectivas de aplicación de la ley, así como inversiones en programas de prevención del delito y fortalecimiento institucional para abordar las causas subyacentes de la violencia.

 

• Impacto social y económico: La violencia tiene un impacto devastador en las comunidades afectadas, generando miedo, desplazamiento y limitando el desarrollo económico local. Esto puede llevar a un ciclo de pobreza y marginalización, exacerbando los problemas sociales en las zonas más afectadas.

 

• Repercusiones internacionales: La percepción de la violencia en México también afecta su imagen internacional y puede influir en las relaciones diplomáticas, el turismo y la inversión extranjera. Un alto nivel de violencia puede disuadir la inversión y afectar negativamente la estabilidad económica del país.

 

El porcentaje “relativamente pequeño” de homicidios en relación con la población total de México aún representa un desafío significativo para el país en términos de seguridad pública, estabilidad política y bienestar social. Requiere respuestas políticas integrales y sostenidas para abordar las complejas causas de la violencia y mejorar las condiciones de seguridad para todos los mexicanos.

La política de “abrazos no balazos”, promovida por el gobierno mexicano, busca abordar las causas subyacentes de la violencia mediante programas sociales y económicos destinados a reducir la marginalización y la desigualdad. Sin embargo, frente al análisis de la incidencia de homicidios, muestra sus limitaciones en cuanto a la efectividad para contener la violencia letal de manera inmediata. Aunque estos programas pueden tener impactos positivos a largo plazo en la reducción del crimen, la realidad de un país con altos niveles de violencia homicida subraya la necesidad de estrategias complementarias y más inmediatas para proteger a los ciudadanos y fortalecer las instituciones de seguridad pública.

El contraste entre la política de “combatir” a la delincuencia y la realidad de la violencia homicida sugiere la importancia de un enfoque integral que combine medidas de prevención del delito con una respuesta efectiva ante la criminalidad violenta. Esto implica no solo invertir en programas sociales y económicos, sino también fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar una justicia eficaz y accesible para todas las comunidades afectadas.

Este enfoque dual no solo busca abordar las consecuencias inmediatas de la violencia, sino también trabajar hacia soluciones estructurales que promuevan un entorno seguro y pacífico para todos los mexicanos.

La información presentada en éste análisis periodístico se fundamenta en reportajes publicados por el Diario CAMBIO 22. Desde diciembre de 2018 hasta junio de 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha documentado más de 191,000 homicidios dolosos durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de un leve avance del 1.4% en el Índice de Paz México (IPM) en 2023, la nación sigue enfrentando una crisis de violencia persistente.

La estrategia de la administración actual, bajo la dirección de AMLO, de evitar una guerra abierta contra el narcotráfico y la violencia en general se manifiesta en una presencia militar sin precedentes en todo el país. Aunque se ha evitado la retórica de declarar una nueva guerra contra la delincuencia, la realidad muestra un despliegue significativo del Ejército y la Armada en diversos puntos del territorio nacional. Sin embargo, la estrategia de la 4T para combatir la violencia en México, conocida como “abrazos, no balazos”, se enfrenta a la cruda realidad de un incremento continuo en los índices de violencia. Esta política surgió como contraste con la “declaración de guerra” del expresidente Calderón, cuyo mandato vio un aumento alarmante en los homicidios dolosos de 8,000 a más de 27,000. Bajo la administración actual, estos números han seguido creciendo, superando los 36,000 homicidios anuales.

El informe del IPM también destaca que, a pesar de ciertas mejoras, varios estados han experimentado un deterioro en su situación de paz, evidenciando disparidades significativas dentro del país. Es crucial considerar estos factores al evaluar las políticas y estrategias de seguridad nacional, asegurando que se implementen medidas efectivas para proteger a los ciudadanos y promover un entorno de paz y estabilidad duraderas.

La violencia contra las fuerzas de seguridad en México ha alcanzado niveles alarmantes según un informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que revela que entre 2018 y 2023 más de 2,600 policías fueron asesinados en el país. Este periodo ha sido especialmente crítico, con Guanajuato destacándose como el estado más afectado, seguido por Guerrero, Estado de México, Zacatecas y Chihuahua.

En términos de tasas de homicidios policiales, Zacatecas se posiciona como el estado más peligroso, con una tasa promedio anual de 553 homicidios por cada 100,000 agentes. Esta situación refleja un contexto de luchas territoriales entre los cárteles, como el CJNG, Cártel de Sinaloa, y el Cartel de Caborca en el caso de Quintana Roo, quienes utilizan la violencia contra las autoridades para fortalecer su control sobre el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

A pesar de la gravedad de estos datos, el informe señala una ligera disminución en los homicidios policiales en 2024 respecto a años anteriores, aunque la situación sigue siendo crítica en varias regiones. Este fenómeno no solo impacta a los oficiales y sus familias, sino que también socava la capacidad del estado para garantizar la seguridad pública y mina la confianza en las instituciones gubernamentales.

Además, la violencia no afecta de manera uniforme a todas las fuerzas policiales: las municipales representan el 54% de las víctimas, seguidas por las estatales y federales. Esta disparidad refleja desafíos adicionales en la capacitación y protección de los agentes, así como en la necesidad de estrategias de seguridad diferenciadas según las realidades locales.

La alarmante cifra de más de 2,600 policías asesinados en México entre 2018 y 2023 subraya no solo los riesgos mortales que enfrentan diariamente los agentes del orden, sino también la complejidad y la gravedad de la violencia organizada en el país. Este fenómeno no solo afecta a las fuerzas policiales, sino que tiene repercusiones profundas en la seguridad pública y el estado de derecho.

Las fuerzas municipales, que representan la mayoría de las víctimas, requieren atención especial en términos de capacitación, equipamiento y apoyo institucional.

En última instancia, restaurar la paz y la seguridad en México no solo requiere respuestas policiales robustas, sino también un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la violencia y promueva la confianza en las instituciones gubernamentales.

Desde Guanajuato hasta Zacatecas, la geografía de la violencia refleja las disputas territoriales entre cárteles por el control del narcotráfico y otras actividades criminales. Esta realidad resalta la necesidad urgente de estrategias de seguridad diferenciadas que no solo protejan a los agentes, sino que también fortalezcan la capacidad institucional para enfrentar estos desafíos de manera efectiva.

En conclusión, la crisis de seguridad que enfrentan los policías en México no solo evidencia la gravedad de la violencia organizada, sino que también plantea desafíos significativos para la paz y el estado de derecho. Restaurar la seguridad pública requerirá no solo medidas de aplicación de la ley más robustas, sino también estrategias integrales que aborden las causas subyacentes de la violencia y fortalezcan la capacidad institucional para proteger a los ciudadanos y a los propios agentes del orden.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22 y medios nacionales.

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