Relatora Especial de las Naciones Unidas Sobre la Violencia Contra la Mujer y las Niñas es Informada Sobre la Realidad de México

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO22

Reem Alsalem es la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer y las niñas, cargo que ocupa desde el primero de agosto de 2021 luego de ser nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Reem Alsalem es consultora independiente sobre cuestiones de género, derechos de los refugiados y los migrantes, justicia de transición y respuesta humanitaria. Ha realizado numerosas consultas para departamentos, organismos y programas de las Naciones Unidas, como ONU-Mujeres, ACNUDH, UNICEF y la OIM, así como para organizaciones no gubernamentales, grupos de reflexión y el mundo académico.

Ha planificado, ejecutado y supervisado programas que sirven para proteger a las personas que sobrevivían a la violencia de género, en particular a las mujeres y las niñas.

Durante una visita con fines académicos a México, el pasado lunes 16 de febrero se reunió con integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en la capital del país, con la finalidad de dar seguimiento a la situación en México.

Un encuentro de esta naturaleza es de gran importancia en estos momentos en que la crisis humanitaria por la violencia contra las mujeres en México muy poco le importa a las autoridades de los tres niveles de gobierno, representa una esperanza para que organismos de la ONU tengan un diagnóstico con testimonios directos de víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia sistemática que enfrentan las mujeres en México.

A este encuentro asistieron más de 40 organizaciones que trabajan en estados como Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Michoacán, entre otras entidades, así como familiares de víctimas de feminicidio, colectivas de búsqueda y mujeres sobrevivientes de distintas formas de violencia.

Durante el diálogo, las participantes expusieron los contextos de violencia estructural que enfrentan en sus territorios y la persistente falta de respuesta eficaz por parte de las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación.

La visita de la relatora a México no fue de carácter oficial, sin embargo, se dieron las condiciones para que conociera de viva voz de víctimas, familiares, sobrevivientes y activistas, las condiciones de violencia que viven las mujeres en México, así como la impunidad que se extiende por todas las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Por medio de un comunicado, el OCNF dio a conocer que durante esa reunión, se compartieron testimonios que evidencian cómo, ante la omisión institucional, miles de mujeres han tenido que asumir labores que corresponden al Estado: buscar a sus familiares en campo, investigar por cuenta propia, impulsar procesos legales y sostener la exigencia pública de justicia.

Esta realidad implica riesgos permanentes. Las mujeres buscadoras y defensoras enfrentan amenazas, desgaste físico y emocional, afectaciones en su salud, pérdida de empleo y precarización económica. Su vida cotidiana se transforma radicalmente mientras intentan sostener a sus familias en medio del duelo y la impunidad.

Se resaltó que las cifras oficiales y los registros independientes confirman la magnitud de la crisis.

Por ejemplo,en el Registro Nacional de Víctimas se contabilizan más de 94 mil personas inscritas, de las cuales más de 52 mil son mujeres. A nivel nacional existen más de 29 mil mujeres desaparecidas y no localizadas, y en 2024 el promedio fue de 11 mujeres asesinadas cada día. En la última década, más de 23 mil niñas, niños y adolescentes quedaron en orfandad a causa del feminicidio.

Se le comentó a la Relatora que México concentra el mayor número de acciones urgentes registradas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, lo que refleja el carácter sistemático de estas violencias y la urgencia de adoptar medidas estructurales.

El OCNF, como en otras ocasiones, advirtió de la necesidad de que el Estado mexicano reconozca formalmente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos en situación de riesgo y garantice su protección integral. De igual forma, reiteró la urgencia de diseñar e implementar políticas públicas específicas para niñas, niños y adolescentes afectados por la desaparición y el feminicidio, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Se le mencionó a la relatora que uno de los principales obstáculos documentados es la negación inicial del feminicidio por parte de las autoridades ministeriales. De manera reiterada, las muertes violentas de mujeres son clasificadas como suicidios, accidentes u homicidios simples, aun cuando exista evidencia material incompatible con dichas hipótesis, tortura, antecedentes de violencia, relaciones de poder asimétricas, amenazas previas.

Además, esta práctica coloca la carga de la prueba en las familias, obligándolas a demostrar lo evidente y a sostener procesos prolongados para lograr la reclasificación del delito. Esta negación no es un hecho aislado, sino una práctica institucionalizada que reproduce estereotipos de género y protege narrativas favorables a los agresores, quienes suelen ser considerados como fuentes privilegiadas de verdad en las etapas iniciales de la investigación.

Otro obstáculo estructural identificado por el Observatorio es la omisión sistemática del análisis de contexto y de la perspectiva de género. Las investigaciones suelen fragmentarse, limitándose a los hechos inmediatos, sin incorporar antecedentes de violencia familiar, sexual, económica o comunitaria, ni analizar las condiciones estructurales que rodeaban a la víctima.

La falta de este análisis tiene consecuencias directas: líneas de investigación incompletas, exclusión de testimonios clave, pérdida de evidencia relevante y resoluciones que invisibilizan la violencia como fenómeno estructural, en contravención de los estándares internacionales de debida diligencia reforzada.

Entre las consideraciones del OCNF, producto de la experiencia documentada, sostiene que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida en México continúa siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad.

Los testimonios y demás información que se lleva Reem Alsalem es la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, permitirá que con su investidura regrese a México en visita oficial y el Estado mexicano responsa a cuestionamientos que se niega a responder a la sociedad vulnerada por la violencia sistemática que agobia a todas las mujeres del país.

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