No Van a Detenerse

Fernando García Ramírez / CAMBIO 22

La fraudulenta elección judicial representó un triunfo para la elite de Morena y para la presidenta Sheinbaum. El costo social por imponer la reforma judicial fue muy bajo y muy altos los rendimientos que pueden sacarle al Poder Judicial en sus manos.

Más allá de la división de poderes, los poderes fácticos (empresarios, inversionistas, grandes sindicatos) servían de contrapeso a la Presidencia. Tenían al Poder Judicial como escudo para protegerse de las arbitrariedades presidenciales. Ya no será así. La justicia quedará en manos de la política. Serán políticas, y no de justicia, las decisiones de los nuevos jueces. A los inversionistas extranjeros se les darán todas las garantías de que su dinero tendrá salvaguardas jurídicas. Los empresarios nacionales gozarán del favor de la ley si son simpatizantes de la transformación, y del rigor de la justicia si son lejanos al gobierno. Salvaguardas y garantías al mundo del dinero siempre y cuando no interfieran con los planes del poder ni conspiren contra él. De otro modo, la inversión privada no tendrá cómo protegerse de las injustificadas decisiones del gobierno.

Se responsabiliza a los gobiernos de la transición por haber desaparecido a los operadores priistas que servían de puente y de gestores entre la sociedad y el gobierno. Al desaparecer esta función, la sociedad encontró en el crimen organizado un factor de poder para negociar tanto con el gobierno como entre particulares. Al día de hoy hay 279 mil expedientes detenidos porque no acaba de irse el viejo Poder Judicial y el nuevo entrará en funciones hasta el 1 de septiembre. A este extraordinario rezago debemos de sumar la curva de aprendizaje de los nuevos juzgadores. Al destruir la carrera judicial, lo que tendremos serán jueces sin experiencia. Se van a multiplicar las instancias ilegales para encontrar justicia.

En breve volverá el partido oficial a presentar la ley censura. Lo hará porque puede hacerlo, porque no hay nada que lo detenga, porque está en la lógica del poder expandirse. La presidenta ha defendido la ley censora. Afirma que la audiencia está indefensa frente a “las mentiras” de los comentócratas que atacan al gobierno. Para eso instrumentarán un órgano que sancione, si hay denuncias de “la audiencia”, a los comentaristas y a los medios. La presidenta sabe, pero omite mencionarlo, que “la audiencia”, si no está de acuerdo con “las mentiras” de un comentarista, puede dejar de leerlo, puede dejar de comprar ese periódico, puede cambiar de canal, puede, incluso, ver los canales oficiales para purificarse de tanta mentira privada. Puede, ”la audiencia”, pedir derecho de réplica si se siente aludida, a diferencia del espacio privilegiado de la mañanera en donde, ni con amparos, puede uno presentarse a desmentir las constantes mentiras de la presidenta.

Fuente: El Financiero

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