Redacción/CAMBIO 22

A menos de un año de que termine el actual gobierno, sus resultados en la política de derechos humanos no han llegado y el balance es negativo. Especialistas consultados por La-Lista incluso subrayaron que no ha habido transformación en la materia.

A pesar de que a su llegada, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el grave problema de violación de derechos humanos en México, y se dio el inicio de procesos de esclarecimiento de casos pendientes como el de Ayotzinapa y la llamada Guerra Sucia, conforme ha avanzado el sexenio no se han obtenido resultados.

En el arranque, por ejemplo, se realizaron nombramientos que parecían promisorios en instituciones encargadas del problema de las desapariciones y el alto flujo migratorio. Sin embargo, poco a poco esos funcionarios sido sustituidos por personajes sin experiencia en materia de derechos humanos, y son más conocidos por su cercanía política con el presidente López Obrador o con Morena.

Es el caso de Tonatiuh Guillén, un reconocido académico que en diciembre de 2018 fue designado como titular del Instituto Nacional de Migración (INM), pero un año después fue sustituido con Francisco Garduño, quien antes había estado a cargo de la administración de las cárceles federales.

O también fue el caso de Alejandro Encinas en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, suplido con el ex procurador fiscal Félix Arturo Medina Padilla. Estos perfiles distan mucho entre sí.

Así también Karla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cargo que ahora ocupa Teresa Guadalupe Reyes, quien antes ocupó cargos en Morena; y Omar Gómez Trejo como fiscal de la Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa, sustituido con Rosendo Gómez Piedra, un abogado cercano al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Los especialistas ven una línea de continuidad entre las salidas de cada uno de ellos.

“La constante es que la administración ha privilegiado los cuadros que presentan una condición de lealtad política al proyecto, por encima de las capacidades técnicas que muchas veces se requieren en la agenda. A lo largo del sexenio hemos visto cómo estos perfiles al final llegaron a ese punto de circunstancias en las que ya no había condiciones para su permanencia”, considera Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Ana María Hernández, activista y especialista en Derechos Humanos, señala que Alejandro Encinas era el personaje visible en el tema de derechos humanos en el gobierno federal, mandaba el mensaje de empatía y era cercano a los ciudadanos y víctimas. “Hoy, y en lo que resta del sexenio, eso va a cambiar“.

Las salidas de estos funcionarios de instituciones clave se dieron en medio de polémicas.

Por ejemplo, Encinas salió cuando padres de Ayotzinapa denunciaron que aún no hay resultados tangibles y que se está validado la anterior “verdad histórica”, con la excepción de que ahora sí se incluyó al Ejército mexicano entre los responsables.

Tonatiuh Guillén, mientras tanto, se volvió un crítico de la actual administración. Este año el exdirector del INM aseguró que México tocó fondo con la muerte de 40 migrantes en un centro de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Mientras tanto, Karla Quintana salió de la Comisión de Búsqueda en medio de una revisión al censo sobre las personas desaparecidas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra Quintana, porque, afirma, de los registros de desaparecidos quería responsabilizar a su administración de la mayoría, y cuando se informó sobre la actualización del censo para demostrar que son menos, prefirió irse.

Para el cierre del sexenio, ambos especialistas coinciden en que los nuevos titulares de las instituciones del rubro de derechos humanos administrarán los meses restantes del gobierno actual, bajo la encomienda, no tanto de abrir procesos, sino de ir cerrando los pendientes.

Dentro del balance en la materia, también se debe destacar que a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) requería cambios profundos, el organismo ha sufrido una creciente partidización con su actual titular, Rosario Piedra, “que no ha repercutido en cambiar, y más bien ha materializado retrocesos”, advierte Aguirre.

Desde su llegada, Piedra ha tenido una gestión polémica y recientemente le renunciaron todos los integrantes del Consejo Consultivo, un grupo de expertos que vigila a la CNDH y que establece los lineamientos para su actuar.

Según la carta de renuncia de los consejeros, Rosario Piedra ha rechazado, repetidamente, los consejos emitidos por el Consejo Consultivo, incluso cuando estos han sido formulados por unanimidad en favor de los derechos humanos, argumentando que la ley no la obliga a aceptarlos.

Sin transformación en Derechos Humanos

En lo que va del sexenio, la situación no ha cambiado en materia de derechos humanos, sigue habiendo desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, masacres, feminicidios, violencia de género, ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, recordó la especialista Hernández López.

En lo que va de la presente administración, se han interpuesto mil 588 quejas contra el Ejército ante la CNDH por violación a derechos humanos. De estas, 31 concluyeron en una recomendación al acreditarse faltas graves por actos de tortura, detenciones ilegales o arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

Las buenas intenciones del inicio de sexenio se vieron frenadas ante la impunidad asociada a la incapacidad de cambiar de fondo la Fiscalía General de la República, y la preponderancia que se le ha otorgado al Ejército y las Fuerzas Armadas, con un proceso de creciente militarización de la seguridad y muchas otras áreas de la vida pública nacional, considera Santiago Aguirre,.

“Los resultados esperados no llegaron. La violencia continúa a niveles muy altos, las desapariciones no han sido erradicadas. La permanencia de la impunidad y la creciente militarización se han visto en muy buena medida fortalecidas por el discurso presidencial que intenta minimizar estas realidades”, señaló.

Las cifras oficiales indican que, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el pasado 25 de agosto han desaparecido 44,073 personas, lo que representa el 40 por ciento de las 112, 000 víctimas reconocidas.

 

Fuente: La Lista

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