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► El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguran que algunos iban a ser liberados por tratos con jueces, por lo que pasaron por encima de juicios y suspensiones de amparo justificados en la Ley de Seguridad Nacional

 

► Por lo mismo, el traslado de los 29 narcotraficantes de alto nivel fue acordado previamente con Estados Unidos al margen del tratado de extradición que existe entre los dos países

 

 

Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de febrero.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dieron a conocer este viernes que se acordó el traslado de los 29 narcotraficantes de alto nivel hacia Estados Unidos y que se produjo por razones de seguridad nacional, por lo que fue al margen del tratado de extradición entre ambos países.

El titular de Seguridad precisó que “había jueces que buscaban favorecer” a los líderes de las organizaciones criminales, como adelantó la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch aseguró que el gabinete de seguridad contaba con información de que algunos de los 29 narcotraficantes estaban a punto de ser liberados o serían retrasados sus procesos de extradición, debido a que tenían tratos con jueces.

Harfuch precisó que las acciones de custodia y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos.

Destacó en su aclaración de los narcotraficantes no fueron extraditados, sino que México los envió a Estados Unidos porque éste hizo una solicitud con base en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución Mexicana.

Y es que abogados de esos narcos habían declarado a medios que no podían ser extraditados, porque contaban con suspensiones y amparos contra la extradición o juicios de extradición en proceso.

Enfatizó que en la operación participaron más de 3 mil efectivos de seguridad con cientos de vehículos, y que desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en ocho aeronaves, cinco de la Secretaría de la Defens y tres de la Secretaría de Marina, se realizó el traslado hacia los siguientes destinos: 7 a Washington D.C.; 2 a White Plains, en Nueva York; 2 a Chicago, Illinois; 4 a Houston, Texas; 3 a McKinney, Texas; 6 a Phoenix, Arizona; 2 al Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York; y 3 a San Antonio, Texas.

“Éste es un acto de autoridad que no tiene precedentes, resultado de la política de Cero Impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, ejes que forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad”, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Más temprano, en su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que la extradición del jueves de los 29 jefes del narcotráfico a Estados Unidos responde a la corrupción en el Poder Judicial, en alusión a posibles libramientos en los juzgados de los capos de la droga, y aprovechó para celebrar que pronto se celebren elecciones para elegir jueces, magistrados y ministros.

García Harfuch aclaró a los medios reunidos que la presidenta Claudia Sheinbaum no tuvo nada que ver en la decisión del envío de los capos a Estados Unidos, y que fue una decisión del propio Gabinete de Seguridad.

De hecho, la decisión se tomó en cuestión de horas, pues se recibió la solitud de Estados Unidos, hubo una reunión entre el Gabinete de Seguridad (FGR, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Marina), se revisó que todo estuviera conforme a derecho, y se decidió atender la solicitud de Estados Unidos trasladando a los 29 narcos.

 “Es un acto de justicia y de autoridad del Gobierno de México y del Gabinete de Seguridad. Los jueces estaban retrasando la justicia para las víctimas por años, 11 y hasta 40 en casos específicos (…) Se hará lo que se tenga que hacer con esos jueces”, expresó.

 

Por su parte, Gertz Manero consultado sobre si la operación tenía relación con la negociación con el gobierno de Donald Trump para frenar los aranceles, dijo: “Yo no quisiera especular sobre temas que no me corresponden, pero la verdad de las cosas el cumplimiento de México es contundente”, en relación a las acciones de seguridad de los últimos días.

Asimismo, el fiscal general dijo recalcó que no fueron enviados a Estados Unidos bajo la figura legal de la extradición, por lo que no se violó ninguna suspensión o amparo.

“Actuamos con base en lo que dice la Convención de Palermo, Estados Unidos envió una solicitud debidamente fundada, justificada en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país que coinciden con los procedimientos, conocimientos y pruebas que tenemos de esas conductas“, dijo.

Sobre lo difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de que al menos 6 de los 29 enviados podrían recibir pena de muerte, Gertz Manero aclaró que existe un convenio ante Derechos Humanos del Gobierno Mexicano, para que ningún ciudadano enviado a autoridades de otro país reciba pena de muerte.

Otro punto fue que en la conferencia reconocieron que esto puede ser tomado como un mensaje o una señal para todos los narcotraficantes del país: “Esta puede ser la tendencia durante el gobierno de Sheinbaum”, señalaron, aunque aclararon que por ahora no hay más solicitudes para enviar a otros narcos mexicanos a Estados Unidos.

 

Fundamento legal

Cabe mencionar que el punto llamativo de la extradición masiva de narcotraficantes mexicanos fue que algunos contaban con amparos que los protegían de ser entregados a Estados Unidos con base al tratado de extradición entre los dos países o tenían juicios de extradición que no habían concluido.

En el caso de Rafael Caro Quintero, apenas esta semana la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo le había otorgado una suspensión que garantizaba que “el narco de narcos” no podía ser puesto en manos de la justicia estadounidense hasta que terminara su juicio de extradición en México.

También esa era la situación de los hermanos Treviño, que tenían amparos que impedían su extradición.

Sin embargo, la administración federal invocó la figura del interés superior de la Nación por motivos de seguridad nacional para anular los efectos de las suspensiones de amparos de los narcotraficantes.

“La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”, puntualizó la FGR en un comunicado.

En este sentido, la Ley de Seguridad Nacional indica en su artículo 5 que son amenazas a la seguridad nacional los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.

Y el artículo 89 de la Constitución General de la República solo dice en la materia que es facultad de la personal titular del Poder Ejecutivo “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva”.

En tanto, la Convención de Palermo es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, suscrita en el año 2000, donde se establecen normas básicas para los acuerdos de extradición y traslado de reos condenados por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

 

 Operativo histórico de expatriación

Como se ha informado con anterioridad, en un operativo sin precedentes, el gobierno mexicano realizó el traslado a Estados Unidos de 29 líderes del narcotráfico en México que estaban recluidos en cárceles nacionales acusados por delitos como tráfico de drogas, homicidio, lavado de dinero y uso ilegal de armas de fuego.

Entre los narcos extraditados destacan figuras de alto perfil del crimen organizado tales como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, requerido por tráfico de drogas y por su presunta participación en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena en 1985; Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano de su líder Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

Otros de los extraditados fueron Miguel Ángel Treviño Morales, alias el “Z-40”, líder del Cártel de Los Zetas; Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, quien heredó el liderazgo del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes, el “Señor de los cielos”, así como José de Jesús Méndez Vargas, conocido como el Chango, líder y fundador de la Familia Michoacana, entre otros.

Los extraditados pueden enfrentar cargos por terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, asesinato, uso ilegal de armas y lavado de dinero.

Según el Departamento de Justicia, Caro Quintero y otros cuatro de los extraditados pueden enfrentar la pena de muerte, pese a que el acuerdo de extradición con México no lo permite.

Antes, la administración de Donald Trump en Estados Unidos designó la semana pasada como terroristas a seis cárteles mexicanos: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

 

(Con información de El Financiero y Sopitas)

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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