No a Concesionar de Nuevo el Servicio del Agua en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen

• Luego de que Aguakan perdió el amparo contra la cancelación de su concesión, el diputado de Morena Ricardo Velazco Rodríguez afirma que el servicio debe mantenerse bajo el control del estado y los municipios

• No se debe volver a concesionar al sector privado, porque está probado que las empresas buscan el lucro a costa de la calidad del servicio, advierte

Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN, 17 de abril. – El diputado de Morena Ricardo Velazco Rodríguez consideró que el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen debe regresar al control del estado y no debe volverse a concesionar al sector privado, ya que el agua es un derecho humano y no un negocio.

Afirmó lo anterior luego de la sentencia del Juzgado Federal Octavo de Distrito que negó el amparo a la empresa Aguakan en contra de la revocación de la prórroga de su concesión por 30 años más, al considerar que es legal el decreto del Congreso del Estado que dio esa orden, porque está facultado para tomar la decisión y actuó en previsión de los riesgos para el medio ambiente y el derecho humano al gua por las deficiencias de operación de la concesionaria.

El diputado señaló que es momento de que el estado y los municipios retomen la rectoría del servicio, porque la privatización responde a intereses neoliberales y ha resultado en un servicio deficiente y costoso.

Apunto que la sentencia deja cada vez más en una situación terminal a la concesión de agua que tiene Aguakan de proveer de agua, alcantarillado y drenaje a cuatro municipios muy importantes del estado de Quintana Roo, como son Benito Juárez, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Afirmó que la sentencia dejó ya prácticamente en condiciones de que el estado retome el control del servicio del agua, que es un derecho humano contemplado en el artículo cuarto de la Constitución, donde claramente establece que se reconoce el derecho al acceso, a la disposición y al saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Consideró que los gobiernos de Morena deben de ser congruentes con que se garantice que el servicio de agua potable sea provisto por parte el estado, porque generalmente las concesiones son prácticas políticas y económicas que tienen un alto contenido de neoliberalismo, pues los servicios se concesionan al sector privado, y las empresas siempre buscan la ganancia como fin último y no el proveer servicios de calidad.

Refirió que se ha visto no sólo con el agua potable, sino con otros servicios que se han concesionado a lo largo de los años en municipios como Benito Juárez, Isla Mujeres y Playa del Carmen, antes Solidaridad, donde los servicios concesionados terminan siendo caros y deficientes.

En el caso de Aguakan, ha brindado una de las aguas más caras del país con un servicio que deja mucho que desear.

Por lo anterior, Ricardo Velazco consideró que la sentencia del amparo presenta una gran oportunidad para que los municipios retomen la rectoría que tienen de acuerdo al artículo 115 constitucional de prestar este servicio a sus habitantes, pues no pueden dejar que un derecho humano de acceso y disposición al agua se quede en manos de empresas privadas, que finalmente lo que buscan es el lucro, la ganancia, porque son altas tasas de rentabilidad.

“En este caso, lo que nosotros queremos es que se garantice que el estado sea el rector. Esa es la gran oportunidad que se presenta ante este momento tan importante”, sentenció.

Según el decreto del Congreso del Estado que fue declarado legal por la sentencia del juicio de amparo, Aguakan debe entregar la infraestructura y los activos para la prestación del servicio en los cuatro municipios del norte de la entidad a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), organismo público descentralizado de naturaleza mixta estatal y municipal.

No obstante, Aguakan todavía puede recurrir a un recurso de revisión de la sentencia de amparo, por lo cual todavía no se pueden ejecutar.

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