Nayarit Restringe el Acceso Público a la Revisión de Propiedades en el Registro Público de la Propiedad

También, en la fracción octava del artículo 6 de la ley, eliminaron la disposición que permitía acceder a la información “que cualquier persona podrá consultar y solicitar, se le muestren los asientos registrales”.

La iniciativa fue aprobada por el pleno y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit.

Además, las y los legisladores aprobaron la creación de la “alerta registral“, que fue la principal justificación de estos cambios.

Se trata de un mecanismo, impuesto dentro de la ley del Registro Público, que notificará a los propietarios de bienes inmuebles y titulares de derechos de crédito sobre las solicitudes de inscripción o certificación que se realizan en el Registro Público de la Propiedad relacionadas con sus propiedades.

Es decir, les informará cuando se realicen acciones que afecten el estatus jurídico de sus inmuebles, permitiéndoles estar al tanto y emprender acciones, en caso de detectar algún acto no reconocido o fraudulento, o falsificación de documentos.

Por ello, aquellas personas que no puedan acreditar interés jurídico no podrán obtener la información solicitada.

Según el artículo 60 BIS, de la ley modificada, el propietario, acreedor hipotecario, deudor hipotecario, o quien tenga la propiedad o garantía fiduciarias, podrá acceder al servicio de alerta previo pago de derechos según la Ley de Ingresos estatal vigente.

Esta ley llega en medio de señalamientos de cuando menos 80 propietarios de inmuebles en Bahía de Banderas, que se han amparado en contra del gobierno estatal por el aseguramiento de sus bienes, a partir del Mega Operativo Nuevo Nayarit.

Las personas señalan que en algunos casos sus terrenos fueron heredados antes del año observado (2009), o que sus propiedades fueron adquiridas sin aparente relación con exfuncionarios.

Esta es una iniciativa del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero  (Morena) para recuperar terrenos y propiedades que presuntamente fueron vendidos de manera irregular dentro del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).

La operación fue a partir de un fraude de 21 mil millones de pesos que detectó la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), por la venta irregular de cuando menos 70 mil terrenos de Compostela y Bahía de Banderas.

Estas presuntas operaciones ilegales se investigan respecto al sexenio del ex gobernador Ney González, dos administraciones detrás de la de Navarro Quintero.