En México, por otro lado, las organizaciones delictivas emplean tácticas de violencia extrema para controlar territorios y desafiar al gobierno. Sin embargo, a diferencia de Perú y Colombia, en nuestro país no se puede afirmar que estas organizaciones tengan un objetivo político explícito. Aunque busquen influir en aspectos de seguridad, política y operaciones de sus rivales, no existe una agenda de insurgencia o desestabilización con fines ideológicos, sino un interés meramente económico.
Aquí radica una diferencia importante entre el terrorismo y el uso de tácticas terroristas. Aunque el terrorismo no siempre tiene que estar ligado a una causa ideológica o política, como es el caso de los grupos separatistas o insurgentes que buscan un cambio de régimen, como la ETA en España o el IRA en Irlanda, o de organizaciones como Al Qaeda o ISIS, que justifican sus actos violentos en interpretaciones religiosas, en el caso del narcotráfico en México, el uso de tácticas terroristas es una cuestión de forma, no de fondo. El objetivo de estas organizaciones es pragmático y económico, no ideológico.
Es crucial ser preciso en el uso de los conceptos, ya que las soluciones y abordajes de cada fenómeno son diferentes. En el ámbito internacional, organismos como la ONU definen el terrorismo como el uso o la amenaza de violencia con objetivos políticos, religiosos o ideológicos, cuyo fin último es sembrar miedo en la población. En México, aunque esta definición sigue en la misma línea, su aplicación es distinta, ya que el narcotráfico y la violencia criminal se abordan por separado y se añaden al concepto de “delincuencia organizada”, lo que refleja un matiz particular en el tratamiento de este fenómeno.
Incluso los grupos guerrilleros de los años 70 y 80, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o el Ejército Popular Revolucionario (EPR), llevaron a cabo acciones que podrían considerarse terroristas, aunque su agenda era más política y social. Lo más cercano a una “narcoguerrilla” hoy en día podría encontrarse en regiones como Guerrero, donde movimientos subversivos tienen ingresos provenientes del narcotráfico, lo que los coloca fuera del discurso de los grupos paramilitares y puede estar consolidando los inicios de una narcoguerrilla, aunque aún no se manifiesta abiertamente.
En 2009, el doctor Hal Brands, uno de los teóricos más importantes en materia de estrategia, adelantaba en su análisis sobre la narcoguerrilla en México que los cárteles de la droga habían evolucionado más allá del simple narcotráfico, adaptando características similares a las de una insurgencia. En su estudio, cuestiona el control gubernamental sobre amplias zonas del país, sugiriendo la existencia de una insurgencia criminal comparable a los conflictos insurgentes tradicionales, pero con una ideología basada en el dinero.
Al final del día ni la ONU, u organismos internacionales dedicados al monitoreo de actividades terroristas en nuestro país o el Departamento de Estado de los Estados Unidos, advierten que en México no se han registrado incidentes terroristas, ni hay evidencia de que grupos terroristas internacionales colaboren directamente con los cárteles o establezcan bases en el país. A pesar del aumento en la violencia del crimen organizado y de que algunas zonas están controladas por organizaciones criminales transnacionales, hasta el momento no se puede afirmar que sus actividades tengan los elementos que puedan determinar que se trata de narcoterrorismo.
Moneda al aire: Estados Unidos cuenta con diversos instrumentos legales el EUA Patriot Act, el 18 U.S. Code § 2339A – Providing Material Support to Terrorists y el Sección 3261 del Military Extraterritorial Jurisdiction Act (MEJA) de 2000 o el Foreign Terrorist Organization (FTO) Designation que amplia de manera evidente sus capacidades para combatir el terrorismo transfronterizo, para ello advierte que puede perseguir a personas o grupos involucrados en actividades de terrorismo, independientemente de dónde ocurran y que vulneren los intereses americanos.
Estas leyes permiten a las agencias como el FBI y la CIA trabajar en conjunto con otras naciones y hacer uso de información para identificar y detener a estos sospechosos, existe como hemos mencionado, algunas propuestas legales que proponen que los carteles sean sancionados y convertidos en Grupos Terroristas (FTO), de ser así las implicaciones para nuestro país serían bastante más que delicadas.
Muchos especialistas ya han condenado la estrategia de seguridad del nuevo gobierno, encabezado por Omar García Harfuch. Es increíble que, apenas unos días después de su presentación, algunos ya lo comparen con García Luna y predigan su fracaso. Lamentablemente, ni siquiera se ha sentado aún en la silla presidencial y ya lo quieren echar por la borda.