Narcocorridos, Tengamos Memoria

Redacción/ CAMBIO 22

La memoria de Rosendo Radilla Pacheco resuena con una dolorosa actualidad. Detenido en 1974 por el “crimen” de cantar corridos, su desaparición forzada a manos de agentes del Estado mexicano se convirtió en un caso emblemático que, gracias a la incansable lucha de su hija Tita, culminó con una condena internacional para el Estado mexicano. Esta historia se entrelaza hoy con la polémica desatada en torno a los narcocorridos.

Estos, son una expresión cultural con raíces en la tradición del corrido. Por un lado, se les reconoce su valor como crónica de nuevas realidades sociales, como testimonio de una historia y como materia prima para el entretenimiento y el mercado. Por otro, se les acusa de glorificar un estilo de vida criminal, alimentando una aspiración peligrosa entre los jóvenes. Con esa perspectiva diversos gobiernos estatales y municipales han impuesto restricciones a su interpretación en eventos públicos, recurriendo a medidas administrativas que van desde la cancelación de conciertos hasta la imposición de una tácita autocensura en los artistas.

Si bien el calvario del señor Rosendo Radilla Pacheco no lo sitúa como un criminal vinculado al narcotráfico, sino como víctima de la desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado mexicano, resulta inquietante la acusación que parece resurgir: ayer, cantar corridos; hoy, entonar narcocorridos, se equipara a un acto delictivo.

Es fundamental recordar que nuestra Constitución blinda la libertad de expresión e información, derechos fundamentales que amparan también las manifestaciones artísticas, incluyendo la lírica y la melodía. El núcleo de este debate radica en la protección de la libertad de pensamiento y conciencia, de la cual emanan directamente estos derechos. Esta salvaguarda constitucional impide cualquier intento de restricción o suspensión de su ejercicio, incluso cuando el contenido de una obra pueda resultar polémico o generar controversia social.

La narración de una realidad y la apología del delito son cosas diferentes. La jurisprudencia mexicana ha sido clara al establecer que para que exista una apología punible, debe haber una incitación directa e inequívoca a cometer un crimen específico. Criminalizar de facto la difusión de narcocorridos en espectáculos públicos, sin demostrar esa incitación directa, se antoja como una medida simplista que atenta contra la libertad de expresión.

En este contexto, la postura del gobierno federal de optar por la no prohibición, buscando un equilibrio entre la libertad de expresión y la promoción de una cultura de paz a través de iniciativas educativas y culturales alternativas, parece más acertada. Programas como “México Canta” representan un esfuerzo por ofrecer otros referentes culturales que puedan mitigar los efectos de la llamada “narco cultura”. Sin embargo, la pregunta esencial persiste: ¿las letras de los narcocorridos incitan a la comisión de delitos, o su criminalización es una estrategia para simular el combate contra el narcotráfico?

Con valentía, debemos reconocer que la solución de fondo no reside en silenciar voces, sino en atacar las raíces del problema: las causas profundas del crimen organizado y la impunidad imperante. Esta impunidad se percibe como una garantía de que los delitos rara vez son castigados. Ganar esta batalla es fundamental, para debilitar la “narco cultura”, sin necesidad de cercenar la libertad de expresión o las de trabajo y comercio que también resultan afectadas.

Fuente: El Sol de México

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