Mujer Víctima de Violencia Doméstica y Violación Sexual, Insegura por la Reclasificación de su Agresor Empresario Yucateco en Cancún

• A Arnoldo “N” se le concedió arraigo domiciliario y permanecerá en su residencia sin brazalete electrónico, una decisión que preocupa a la denunciante y a diversos colectivos de derechos humanos.

Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN, Q. Roo, 11 de noviembre.- La reciente reclasificación de un caso de presunto abuso de violación a uno de violencia doméstica en Quintana Roo ha encendido una discusión de inseguridad sobre el acceso a la justicia y la protección de las víctimas en el estado.

La medida, que involucra a Estefanía Ibarra V., denunciante de su exesposo Arnoldo “N” por violencia y abuso sexual, ha puesto bajo escrutinio el sistema judicial local.

El caso comenzó en abril de 2023, cuando Estefanía, en busca de protección y justicia, denunció presuntos actos de violencia física, psicológica y sexual cometidos por su entonces pareja, un empresario de maquinaria pesada con operaciones en la construcción con influencias en el sector.

No obstante, a pesar de las pruebas y los testimonios aportados, un juez determinó la reclasificación del delito en la primera audiencia, y concedió arraigo domiciliario al acusado, quien permanecerá en su residencia sin brazalete electrónico, una decisión que preocupa a la denunciante y a diversos colectivos de derechos humanos.

Para Estefanía, esta decisión representa un riesgo directo a su seguridad, pues considera que el arraigo, sin monitoreo, permite que Arnoldo “N” evada las restricciones sin dificultad.

“Es muy doloroso sentir que mi vida está en peligro porque el sistema minimiza la gravedad de las denuncias de violencia”, comenta la víctima, quien ha considerado dejar la ciudad para proteger su integridad.

La falta de un sistema de seguimiento y control efectivo en casos de violencia de género como este es alarmante.

Sin na orden de protección efectiva ni un brazalete de localización, colectivos feministas y defensores de derechos humanos cuestionan si se están priorizando los derechos de las víctimas de violencia o si las influencias y recursos de los acusados tienen un impacto directo en las decisiones judiciales.

El llamado a las autoridades del estado de Quintana Roo, bajo el mando de Mara Lezama, ha sido contundente.

Activistas y colectivos solicitan su intervención para fortalecer las medidas de protección en casos de violencia de género, así como para revisar la efectividad del arraigo domiciliario.

El gobierno actual, quien ha manifestado su compromiso con la protección de mujeres en situaciones de violencia, enfrenta ahora un reto para asegurar que los mecanismos judiciales de Quintana Roo realmente protejan a las víctimas.

Este caso no solo refleja la problemática de una reclasificación judicial en particular, sino que pone en evidencia una brecha en la justicia y la seguridad para las mujeres víctimas de violencia en el estado.

La pregunta ahora es si las autoridades están dispuestas a implementar medidas que prioricen la protección de las víctimas sobre la influencia de los acusados.

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