• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Lo que sucede política y delincuencialmente en los estados por los que atraviesa el llamado Tren Maya, debe tomarse en cuenta para poder diseñar escenarios electorales, porque, al fin de cuentas, algunos de los criterios que utiliza un amplio sector del electorado, para definir a quien le otorga su voto son el cumplimiento de las promesas de la clase política gobernante y el poder de facto que tiene la delincuencia en los territorios.

Así como en Tabasco, Chiapas y Quintana Roo la violencia generada por la delincuencia organizada sigue enlutando familias, en Campeche se está dando una álgida confrontación política porque la sociedad no ha recibido lo que esperaba de la llegada de los priistas vestidos de guinda al poder.

Recordemos, que en Campeche, no se han generado cambios sustanciales en la participación ciudadana, porque el caciquismo priista solo se cambió la camiseta y con el escudo demócrata de MORENA revivió su autoritarismo y resentimiento por haber perdido el poder por algunos años.

Yucatán es un caso aparte por su estructura social y económica, los grupos de poder económico se encuentran consolidados políticamente, a pesar de la discriminación que ejercen sobre los pueblos originarios mayahablantes.

Es uno de los últimos reductos del Partido Acción Nacional (PAN) en el país, movimiento político aún en el gobierno, que tendrá que luchar abiertamente contra el avance de MORENA financiado por el gobierno federal, las palabras al oído del presidente de la república al gobernador saliente y la presión del morenismo desde los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Una decisión, producto de la ignorancia y de la mala fe de la clase política gobernante en Campeche, llevó a que un grupo de policías fueran agredidos en el Penal de San Francisco Kobén, en lugar que los recibieran con abrazos como reza la estrategia de seguridad del gobierno de la 4T.

Al personal policial, entre hombres y mujeres, se le dio la instrucción que fueran a controlar un motín en el referido reclusorio, pero al no llevar el equipo y el armamento indicado por los protocolos de seguridad y riesgo para este tipo de operativos, los internos del penal terminaron agrediendo a la policía e incluso violentaron sexualmente a las mujeres policías, lo que causó la indignación de toda la corporación y de un amplio sector de la sociedad campechana.

Al frente del operativo mandaron a integrantes de la agrupación “Mujer Valiente”, sin proporcionarles cascos, escudos ni bastones para contener el amotinamiento, por lo que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por los reos.

Esta falta de capacidad para atender un asunto de alto riesgo como es un motín en un penal, provocó que desde hace una semana haya un paro parcial de policías, la demanda principal es la destitución de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, por negligencia y corrupción, ya que en un primer momento no quiso prescindir de los servicios del director de la Policía Estatal, por haber dada esa orden.

La gobernadora Layda Sansores San Román se ha negado en todo momento a destituir a la secretaria de SPSC, por lo que varios cientos de personas marcharon el miércoles 20 de marzo por las calles de la ciudad de Campeche en apoyo a los policías y pidieron la renuncia de la gobernadora, quien en respuesta convocó a una marcha en su apoyo para el próximo sábado 23 de marzo.

Lo que busca la gobernadora es medir fuerzas, no solo con los policías inconformes sino con los sectores de la sociedad que no están de acuerdo con su forma de gobernar.

La descomposición política en Campeche ha ido escalando, a tal grado que la bancada del PRI, prepara el proyecto para pedir la desaparición de poderes en ese estado, lo que le traerá un dolor de cabeza más a Andrés Manuel López Obrador.

Señalan a la expriista Layda Sansores San Román de incompetente al haber permito que las mujeres policías hayan sido violentadas sexualmente por los reos.

Este asunto ya lo subió a su agenda la candidata presidencial Xóchilt Gálvez Ruiz y eso implica difundir el asunto a nivel nacional; la gobernadora de Campeche y su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, pensaban resolver el asunto presionando a las y los policías, amenazándolos con despedirlos o llevarlos a la Comisión de Honor y Justicia e incluso iniciarles procedimientos administrativos en el Órgano Interno de Control de la Policía Estatal, pero eso no será tan fácil por el momento, ya que el conflicto se le salió de control.

La gobernadora Layda Sansores San Román, aun tiene tiempo, de aquí al 2 de junio, para reflexionar sobre que la soberbia, con la que se ha desempeñado en su gobierno, es su principal enemiga.

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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