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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

El pueblo del municipio de Bacalar, Quintana Roo, se encuentra entre la espada y la pared, entre el poder institucional de militares, autoridades municipales, así como de la delincuencia organizada, como lo evidenció este miércoles Cambio 22 con un documentado análisis que pueden leer en: https://diariocambio22.mx/la-disputa-del-crimen-organizado-por-la-zona-rural-de-los-municipios-de-bacalar-y-othon-p-blanco/

La población de este importante municipio de Quintana Roo se encuentra en el abandono total por parte del gobierno del ahora morenista José Alfredo Contreras Méndez, quien es el presidente municipal desde el 1 de octubre de 2021.

Su periodo de gobierno se extiende hasta 2027. Fue electo en las elecciones del 6 de junio de 2021. Antes de su actual mandato, ocupó cargos como diputado local del Congreso de Quintana Roo entre 2011 y 2013, y fue presidente municipal de Bacalar durante el periodo 2013-2016, desde luego también impuesto por su partido, el Revolucionario Institucional.

A pesar de la violencia que se ha extendido por todo el municipio con asesinatos, privación ilegal de personas, desapariciones, extorsiones, comandos armados movilizándose con toda impunidad por todo el territorio del municipio, deficiencia en los servicios públicos básicos que le corresponden al gobierno municipal, Contreras Méndez solo se le conoce por su silencio, omisión, incapacidad, negligencia y actos de corrupción, además, de sus imputaciones por diversos delitos que están en un cajón con llave en la Fiscalía del Estado.

Sólo, durante el presente año, este cacique de Bacalar ha enfrentado múltiples denuncias ciudadanas por malos manejos de recursos públicos, corrupción, contratos inflados y omisiones administrativas. A pesar de estar protegido políticamente por el partido Morena, Contreras ha sido señalado como responsable de un saqueo sistemático al erario municipal, con un enfoque particular en contratos sobrevaluados y obras que nunca se concluyeron.

Uno de los casos más sonados fue el desvío de más de 11 millones de pesos en la compra de juegos infantiles que supuestamente serían instalados en parques públicos de colonias como Colosio, Chacchoben, Buenavista y otras localidades del municipio. Las empresas adjudicadas ya recibieron el pago total, pero los juegos no han sido colocados, lo que ha generado indignación entre la ciudadanía.

En mayo de 2025, se reveló un  desfalco de más de 290 millones de pesos durante el periodo 2021–2024, mediante un esquema que involucra empresas fantasma y contratos adjudicados sin transparencia. Estas empresas, muchas de ellas con domicilio fiscal en Yucatán y Tabasco, fueron creadas específicamente para recibir contratos municipales con sobrecostos excesivos y materiales de baja calidad.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha intensificado su investigación, tras detectar un quebranto financiero de más de 35 millones de pesos. Además, se encontró que 18.5 millones de pesos en obras públicas no fueron comprobados, y que el ayuntamiento no presenta información en su portal de transparencia, violando disposiciones del INAI y del IDAIPQROO.

Uno de los casos más emblemáticos de corrupción es el pago de 1 millón de pesos por 9 piezas de juegos infantiles, lo que equivale a 111 mil pesos por unidad, cuando en el mercado estos productos cuestan alrededor de 18 mil pesos. Esta sobrevaluación evidencia un claro acto de corrupción. Además, se pagaron 3.6 millones de pesos a una empresa gasolinera de Guadalajara, Fabricación y Montajes Industriales Zaimer S.A. de C.V., para una ampliación de red eléctrica, pese a que su giro comercial no incluye construcción.

Estos actos han sido denunciados como parte de una red de corrupción que incluye al tesorero Paul Romero Gómez, la directora de planeación Luisa Cristina Cámara de la Cruz y el director de obra pública Romel Gibran Cano Álvarez, sin embargo, la 4T lo sigue protegiendo.

Si el pueblo de Bacalar está en el abandono por el gobierno municipal, el cual no le proporciona ni servicios públicos básicos como agua potable, drenaje, alumbrado público, escuelas, caminos o por lo menos seguridad pública para protegerse del dominio de la delincuencia organizada en la región, ahora tienen que estar al arbitrio de las autoridades militares del país, quienes salieron de sus cuarteles a ponerle la bota encima al pueblo, en lugar de protegerlo.

Bacalar es un claro ejemplo de los verdaderos objetivos del gobierno de la 4T para modificar la Constitución Federal y crear un Poder Judicial a modo.

Este 19 de noviembre, un día antes de “celebrar” la Revolución Mexicana, Greenpeace México lamentó profundamente  y denunció enérgicamente que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ha  decidido revocar la suspensión que protegía a la Laguna de Bacalar frente a una construcción  irregular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta decisión no es solo un revés jurídico, sino que se trata de un golpe directo al derecho  humano a un medio ambiente sano, a la justicia ambiental y a la voluntad de la ciudadanía que  ha defendido pacíficamente este territorio, se lee en un comunicado difundido este miércoles por la organización internacional que también trabaja en México.

Su equipo jurídico sostiene que la revocación de esta protección confirma un patrón que se repite y es preocupante: cuando  el poder militar entra en conflicto con los derechos ambientales, las instituciones se inclinan a  favor del poder y no de la ley.

La suspensión que hoy se ignora fue otorgada inicialmente por un Juez de Distrito porque la  obra de la Sedena presenta irregularidades ambientales graves. La construcción, ubicada  frente al icónico Fuerte de San Felipe, inició sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y  se promovieron obras nuevas disfrazadas de “remodelación” para intentar evadir la legislación.

Además, la obra se construye en un ecosistema kárstico único y sumamente frágil. La  ciudadanía, que se manifestó pacíficamente desde inicios de marzo de 2025, advirtió que el  dragado con maquinaria pesada podría ocasionar daños ambientales irreversibles a la Laguna  de los Siete Colores. De hecho, la restauración de este ecosistema, en caso de afectación,  sería prácticamente imposible.

Aún con órdenes judiciales en contra, la Sedena reinició la construcción incluso en desacato,  sin demostrar que no generará daño ambiental.

Greenpeace México, sostiene que se está presenciando el uso del aparato judicial para legitimar un daño ambiental que había  sido previamente denunciado por la ciudadanía y reconocido por un juez. “Es altamente  preocupante que los magistrados electos que votaron a favor de la Sedena carezcan de  experiencia judicial, trayectoria sólida en materia ambiental o experiencia previa en tribunales  colegiados. La consecuencia es clara: un tribunal sin independencia no puede garantizar  justicia ambiental.”

Esta tendencia es alarmante, ya que se ignora la jurisprudencia de la Suprema Corte, se  interpreta de forma regresiva el “interés legítimo” de las comunidades, y se sacrifica el derecho  humano a un medio ambiente sano para favorecer al poder militar.

Por lo tanto, Greenpeace exige, desde su campaña México al Grito de ¡Selva!, exigimos protección para Bacalar y justicia  ambiental:

1. Restitución judicial: exigimos que se restituya de inmediato la protección judicial para  la Laguna de Bacalar.

2. Alto total a la obra: la Sedena debe detener de inmediato la obra y presentar la  Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente, ya que la legalidad  ambiental no es opcional.

3. Independencia judicial: el nuevo Poder Judicial debe garantizar independencia e  imparcialidad, especialmente en casos de alto impacto ambiental. Es indispensable que  se realice una revisión profunda sobre los impactos del proyecto y se transparente el  proceso de permisos por parte de las autoridades ambientales.

Lo que está ocurriendo en Bacalar no es un caso aislado, es parte de un modelo donde la  militarización se impone por encima de la selva y las comunidades. Lo que pasa en Bacalar  no se queda en Bacalar.

Defender Bacalar es defender la Selva Maya, el agua, los suelos, los manglares y el tejido  comunitario. La ciudadanía ya se movilizó y logró dos suspensiones previas. La defensa  continúa y no vamos a dejar sola a la Laguna de los Siete Colores. Hasta aquí el pronunciamiento de Greenpeace México.

¿El PVEM que comparte el poder con MORENA en Quintana Roo qué dice al respecto?

 

 

 

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