▶El Derecho Humano a vivir en un ambiente sano, poco importa a la clase política, sus prioridades son las buenas relaciones con el gobierno federal y los negocios inmobiliarios que se construyen en torno a la obra ferroviaria.

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

En Quintana Roo, la atención de la opinión pública y la clase política está centrada en el proceso electoral para renovar la gubernatura, así como a las 25 diputaciones del Congreso del Estado, mientras tanto, continúa la construcción del Tren Maya, con todas sus consecuencias medioambientales, políticas y económicas.

A quienes hacen y viven de la política en Quintana Roo se les olvida que obras de infraestructura como la del Tren Maya, tienen impactos positivos y negativos, por lo que se debió y debe construir un debate tanto estatal, regional y nacional para reordenar un proyecto que no solo cumpla las expectativas del gobierno que lo planeó sino de la sociedad, la cual al fin de cuentas lo pagará y afrontará las consecuencias de las decisiones gubernamentales.

Sin embargo, la clase política de Quintana Roo y de las otras entidades por donde pasa el trazo del Tren Maya, han guardado silencio y aceptado al pie de la letra las disposiciones federales, han sido organizaciones civiles y algunas comunidades, las cuales, por su cuenta y riesgo se han inconformado ante los actos de la autoridad federal, para lo cual han recurrido al amparo de la justicia federal y del litigio estratégico, porque lo que está en juego con esta obra, no solo es el desarrollo económico que promete, sino la intervención a diversos ecosistemas, a sitios arqueológicos, sin olvidarse de los efectos que tendrá la riqueza cultural tangible e intangible del pueblo maya.

Ante los cuestionamientos de comunidades, organizaciones civiles, personalidades de diversos ámbitos, así como de organismos internacionales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió hacer una consulta pública sobre el impacto ambiental de la obra, específicamente en el tramo 5, después de haber intervenido diversos sitios a lo largo del trazo. La institución se vio obligada a presentar una Manifestación de Impacto Ambiental, ante la presión del movimiento medioambiental.

De acuerdo a Greenpeace México, el miércoles 18 de mayo, después de la presión de diversas organizaciones en la Península de Yucatán y otras a nivel nacional, por fin se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo 5 Sur, documento mandatado por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). Este trámite fue presentado por FONATUR por ser la cabeza del proyecto del Tren Maya ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La LGEEPA, en su Artículo 34 de la LGEEPA, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de la MIA en la gaceta ecológica (18 de mayo), FONATUR deberá publicó un extracto del proyecto, lo que marcará el inicio de un proceso de participación ciudadana que deberá culminar con la integración de las observaciones de personas interesadas a través de la consulta pública. Este es un proceso de evaluación de impacto ambiental que dura 60 días hábiles (si es que no hay solicitudes de información adicional o solicitud de opiniones técnicas por parte de SEMARNAT), según el organismo internacional.

“Desde Greenpeace México estaremos revisando, junto con un equipo técnico, la MIA presentada para poder enviar observaciones y propuestas a SEMARNAT con el objetivo de salvaguardar la riqueza en la biodiversidad de la zona. Una vez que las tengamos, las haremos públicas. Greenpeace hace un llamado a las autoridades correspondientes a llevar a cabo el proceso en los tiempos mandatados en la Ley para garantizar la inclusión de observaciones y establecer un diálogo fructífero con organizaciones y personas preocupadas por la zona que habitan”, detalló Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México.

Es preocupante que la MIA reconoce las advertencias y preocupaciones externadas por Greenpeace y organizaciones locales sobre la fragilidad del entorno cuyos impactos negativos no pueden ser mitigados a posteriori, sin embargo, los trabajos siguen y la consulta iniciada solo quedará en un trámite burocrático.
Entre las advertencias reconocidas por la propia MIA presentada por FONATUR a la SEMARNAT están las siguientes:

La afectación de 12 especies de flora y 31 especies de fauna con alguna categoría de riesgo presentes en la Norma Oficial Mexicana NOM 059 SEMARNAT 2010.

Las formaciones y el sistema kárstico que durante la preparación del sitio sufrirá un impacto adverso severo (y que se mantiene hasta la operación y mantenimiento del proyecto).

El impacto a los cenotes será de adverso a moderado.

El suelo, el agua y las comunidades indígenas también sufrirán impactos adversos moderados, entre los que se encuentran la modificación de infiltración de agua por cambio de suelo, la erosión del suelo y la modificación de usos y costumbres de las comunidades indígenas

Paisaje, fauna y cultura (yacimientos arqueológicos), presentan impactos de valor adverso severo. Entre ellos se encuentran la fragmentación de hábitat por cambio de uso del suelo y la afectación de individuos de especies de fauna en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Durante la etapa de preparación del sitio se presenta un impacto de valor adverso crítico en la flora debido a la deforestación de 485.476 hectáreas por desmonte. Además de que también habrá afectación de individuos de especies de flora en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Se menciona que “la vegetación secundaria funciona como fuente de propágulos para la conservación y restauración de la selva mediana subperennifolia, por lo que conservar la vegetación secundaria para este tipo de selva juega un papel crucial al momento de la capacidad de su regeneración”. Sin embargo, es precisamente ese tipo de vegetación la que se deforestará.

En la figura 5 se muestran los riesgos geológicos en el Sistema Ambiental Regional (SAR) del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur, ya que cerca del poblado Puerto Aventuras el tramo pasa por una zona kárstica que presenta fracturas.

Llama la atención que califiquen al proyecto como viable después de reconocer 19 impactos catalogados de adversos moderados a críticos y que los beneficios de significativos a moderados son sólo 8.

El pasado 26 de abril, Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) presentaron una demanda de Amparo ante el segundo juzgado de distrito de Quintana Roo. Dicho amparo se encuentra sustentado en el principio precautorio para la salvaguarda del medio ambiente y de la flora y la fauna en la región; además de que busca que se garantice el Acuerdo Regional sobre al Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales también conocido como ⟪Acuerdo de Escazú⟫ que reconoce que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas.

OTRA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA EL TRAMO 5 SUR DEL TREN MAYA

El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán otorgó una suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto presentado por el Consejo Nacional de Litigio Estrategico ́ A.C. (CNLE) y habitantes de la región, por virtud de la cual se ordena (i) a las autoridades a paralizar cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, por lo que se prohíbe cualquier obra relacionada con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno y (ii) a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a realizar acciones de protección de las zonas arqueológicas en la construcción del tramo mencionado.

La suspensión fue otorgada por considerar posibles afectaciones al derecho a un medio ambiente sano, pues la ejecución de un proyecto de infraestructura sin una autorización de impacto ambiental es suficiente para sostener que se pone en riesgo el ecosistema. Además, se evidencian posibles afectaciones al derechohumano a la cultura, pues las autoridades competentes no han realizado labores de investigación, acceso, protección y conservación del patrimonio cultural que se encuentra en la zona, de acuerdo a lo difundido por el CNLE.

 

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