México y la Militarización

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Actualmente, en México se está discutiendo una serie de reformas legislativas que incluyen temas clave relacionados con la seguridad y la militarización de la Guardia Nacional.

El Congreso inició un período extraordinario de sesiones del 23 de junio al 2 de julio de 2025 para tratar un total de 16 iniciativas, entre las cuales se destacan las reformas a la estructura y operación de la Guardia Nacional, cambios en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, y ajustes en la estrategia nacional de seguridad, además de nuevas medidas para enfrentar la crisis de desapariciones forzadas en el país.

Una de las iniciativas más polémicas propone la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual ha generado controversia y críticas por parte de los partidos de oposición.

Estos han rechazado el período extraordinario, afirmando que es precipitado y que busca una militarización de la seguridad. Se ha expresado preocupación sobre el riesgo de establecer un Estado militar, policiaco y totalitario, y se han señalado posibles amenazas a la propiedad privada, la censura y el espionaje.

Por otro lado, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ha negado que esta iniciativa implique una militarización de la seguridad ciudadana, destacando que el objetivo es fortalecer la operación de la Guardia Nacional bajo un marco legal adecuado.

Estas discusiones reflejan un debate amplio sobre el futuro de la seguridad en México y las implicaciones de una mayor participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad interna.

La militarización en México ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones y expertos, quienes argumentan que esta tendencia representa una amenaza para los derechos humanos, la transparencia y el Estado de derecho.

Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) han denunciado que la militarización de la seguridad pública no es una solución efectiva para la inseguridad, sino que profundiza problemas como la falta de transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas armadas.

Además, expertos han señalado que la militarización no solo implica la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales, sino también en funciones civiles como la administración de aeropuertos, la construcción de infraestructura y el control migratorio, lo que podría llevar a una transformación cualitativa en la cultura institucional del país.

La decisión de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido criticada por ser una clara muestra de la progresiva militarización del país, lo que muchos interpretan como un aumento del poder de las fuerzas armadas en la administración pública.

Organizaciones como COPARMEX han llamado a no militarizar la seguridad pública, argumentando que el enfoque debe ser en la construcción de instituciones civiles, la prevención del delito y el fortalecimiento de las policías locales.

En resumen, el movimiento “No a la militarización” en México se basa en la defensa de una seguridad pública basada en el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la participación de instituciones civiles, en lugar de depender de las fuerzas armadas para resolver problemas de inseguridad.

Este 27 de junio, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) advirtió de riesgos respecto a la nueva Ley de Guardia Nacional, así como de peligros que pueden conllevar las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

El organismo manifestó su preocupación por dichas iniciativas, al señalar que, “además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos”.

Otras de las preocupaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, son las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, supondrían un riesgo al derecho a la privacidad, previsto por el Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros Derechos Humanos.

“Manifestamos preocupación ante las propuestas de nueva Ley de la Guardia Nacional y de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que aborda el Congreso”, publicó la referida Oficina de la ONU, a través de sus redes sociales.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) externó su preocupación por la creciente militarización en el país, al señalar que las Fuerzas Armadas han asumido funciones civiles en materia de seguridad ciudadana, migración y megaproyectos como el Tren Maya, aumentando el riesgo de vivir violencia particularmente para mujeres indígenas y migrantes.

A través de un comunicado, denunció que existe una política de desgaste implementada por el Instituto Nacional de Migración (INM), que detiene y traslada forzadamente a mujeres y niñas migrantes hacia el sur del país.

“Las recomendaciones de este Comité y de la Suprema Corte de Justicia de México –que prohíben detenciones migratorias mayores a 36 horas, declaran inconstitucionales las revisiones en carretera y ordenan un registro público de personas migrantes detenidas–, siguen sin cumplirse”.

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