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•  ¿Extraditará EE. UU. a presuntos contrabandistas de combustible a México?

 

• En un hecho inédito el gobierno mexicano solicitó la extradición de varios ciudadanos estadounidenses acusados de colusión con grupos de crimen organizado para traficar combustible robado, lo que expone un persistente desequilibrio en la relación bilateral de seguridad entre Estados Unidos y México

 

Redaccion / CAMBIO 22

El gobierno mexicano solicitó la extradición de varios ciudadanos estadounidenses acusados de colusión con grupos del crimen organizado para traficar combustible robado, lo que expone un persistente desequilibrio en la relación bilateral de seguridad entre Estados Unidos y México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la solicitud de extradición de varios integrantes de una familia estadounidense arrestada el año pasado por su presunta participación en una red de contrabando de combustible que trasladaba crudo desde México hacia Estados Unidos.

James y Kelly Anne Jensen, junto con sus dos hijos, habrían traficado cerca de 5.000 cargamentos ilegales de petróleo crudo, generando más de 300 millones de dólares en ganancias ilícitas en apenas unos años. También se los acusa de lavar dinero en coordinación con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que históricamente ha robado petróleo a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según documentos judiciales, la familia introducía crudo en Estados Unidos declarándolo falsamente como “aceite lubricante usado” y “destilados de petróleo”, lo que les permitió evadir aranceles de hasta el 25% sobre las importaciones de petróleo mexicano.

James Jensen y uno de sus hijos también enfrentan cargos por conspirar con una organización terrorista extranjera, luego de que el gobierno de Estados Unidos designara al CJNG como una organización de ese tipo en febrero de 2025.

Los Jensen fueron arrestados en mayo, lo que marcó el fin de una operación de tres años. El robo de combustible en México, conocido localmente como “huachicol”, es hoy un mercado multimillonario que ha generado violencia en todo el país y, como evidencia este caso, se ha expandido más allá de sus fronteras hacia Estados Unidos.

Desequilibrio de Poder

La solicitud de extradición de Sheinbaum pone en evidencia las desigualdades en la forma en que los gobiernos de Estados Unidos y México han llevado adelante la cooperación bilateral en materia de seguridad, un componente clave para combatir a los grupos de crimen organizado.

El pedido se produjo apenas días después de que su gobierno realizara el traslado de 37 personas privadas de la libertad a Estados Unidos, a solicitud de Washington. En el último año, el gobierno mexicano ha enviado a 92 personas a Estados Unidos bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump. Los abogados de varias de esas personas han acusado al gobierno de Sheinbaum de eludir el debido proceso, señalando que muchos fueron enviados sin una orden formal de extradición —un requisito del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México de 1978—.

“La presión te lleva a actuar de esa manera”, afirmó Guadalupe Correa-Cabrera, codirectora del Centro de Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad George Mason, al referirse a la posición de México en un contexto marcado por la intervención militar de Trump contra presuntas operaciones de narcotráfico en el Caribe y la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Sin embargo, cuando Sheinbaum ha buscado reciprocidad por parte de Washington, la presidenta asegura que la respuesta estadounidense ha sido la inacción. “Seguimos insistiendo porque todavía no ha ocurrido”, dijo durante una conferencia de prensa el 27 de enero.

Sheinbaum también señaló las reiteradas solicitudes para que Estados Unidos amplíe las investigaciones sobre el papel de los fabricantes estadounidenses de armas en el tráfico entre ambos países.

El impulso de la presidenta por una mayor simetría busca replantear la cooperación bilateral como una vía de doble sentido, explicó Correa-Cabrera. La participación de ciudadanos estadounidenses en redes mexicanas de contrabando de combustible no es un fenómeno nuevo.

En 2016, por ejemplo, Pemex demandó a cerca de 25 empresas e individuos estadounidenses por presuntamente comprar y distribuir combustible robado por grupos criminales. En los tres casos que llegaron a juicio, tribunales estadounidenses concluyeron que Pemex no presentó pruebas suficientes y desestimaron las demandas.

Si el gobierno de Estados Unidos quiere frenar la expansión del mercado de robo de combustible, debería intensificar las investigaciones sobre los actores estadounidenses que funcionan como habilitadores estructurales de este comercio ilícito, en lugar de tratar casos como el de los Jensen como anomalías aisladas, señaló Correa-Cabrera.

“Por eso este tipo de delito sigue ocurriendo, transformándose y expandiéndose porque no estamos abordando lo que sucede del lado estadounidense de la frontera con criminales que no se parecen a los que aparecen en una serie de Netflix”, añadió.

Las autoridades estadounidenses han comenzado recientemente a mostrar una mayor conciencia del problema. En mayo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) emitió una alerta en la que instó a las instituciones estadounidenses a extremar la vigilancia frente a esquemas de contrabando de combustible.

El aviso reconoció la presencia de importadores estadounidenses a lo largo de la frontera suroccidental que recurren a empresas fachada e intermediarios para recibir crudo robado de corredores mexicanos, y detalló 14 señales de alerta asociadas a operaciones de robo de combustible.

El Departamento del Tesoro identificó específicamente el Valle del Río Grande, en Texas, y otras zonas de la frontera suroccidental de Estados Unidos como focos de actividad ilícita de combustible por parte de importadores estadounidenses que “a menudo operan negocios que, por lo demás, son legítimos”.

Según las acusaciones, James Jensen utilizó su empresa con sede en el Río Grande, Arroyo Terminals LLC, para almacenar las ganancias obtenidas mediante el contrabando de petróleo.

 

 

Fuente InSight Crime

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