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• El Violento Oficio de Escribir

 

• 600 mil millones de pesos robados en combustible

 

Alfredo Griz/CAMBIO 22

México pierde combustible como si la nación entera tuviera una herida abierta en las entrañas. La fuga no está en los ductos solamente, sino en las aduanas, en las facturas, en las manos que firman y en las que se hacen de la vista gorda. El contrabando de combustibles —el huachicol fiscal— es hoy el agujero negro que devora cientos de miles de millones de pesos del erario, un crimen tan grande que ya no cabe en la palabra “robo”. Es un sistema, una economía paralela que crece a la sombra del Estado y a veces con la sombra del Estado.
La cifra duele: seis cientos mil millones de pesos.

Esa es la magnitud que la Procuraduría Fiscal colocó sobre la mesa. No como un rumor, sino como la suma en construcción del daño que las redes de contrabando, importaciones falsas y facturas simuladas le han causado a las finanzas nacionales. Detrás de esa cifra hay carreteras de diésel ilegal, barcos que cruzan con papeles alterados, y empresarios que mueven el oro líquido del país disfrazado de “combustible importado”.

La Presidenta lo reconoció con frialdad en la conferencia de hoy: el daño existe, las investigaciones siguen, y nadie —ni en uniforme ni en traje— quedará impune. Pero la herida no es reciente. Viene de años, tal vez décadas, de una red que aprendió a operar dentro del sistema, a vender combustible sin impuestos, a robar al país con papeles en regla.

El mapa del saqueo

El costo real del contrabando no solo se mide en dinero. Es el equivalente a un 12 por ciento de toda la recaudación fiscal del país, o casi la mitad de lo que el gobierno obtiene cada año por el impuesto especial a gasolinas y diésel. Traducido al lenguaje de la calle: si ese dinero no se evaporara en corrupción, alcanzaría para sostener el presupuesto completo de una secretaría federal o para financiar tres años de programas sociales en todo el sur del país.

Un análisis técnico estima que tan solo en 2024 el país perdió 177 mil millones de pesos en impuestos no cobrados por la entrada y venta de combustibles irregulares. No hablamos de pipas perforando ductos, sino de oficinas aduanales donde las cifras se doblan, de importaciones fantasma, de diésel “industrial” vendido como automotriz, de gasolina que se evapora entre permisos y facturas.

Mientras tanto, Pemex —la empresa que una vez fue el símbolo de la soberanía— reportó 13 mil millones de pesos en pérdidas solo en el primer semestre de 2025 por robo físico de combustibles. Son miles de millones que se esfuman en mangueras clandestinas, en válvulas abiertas de madrugada, en ductos perforados con precisión quirúrgica. La empresa ha clausurado cientos de tomas, pero cada cierre es sustituido por otra, y por cada tonelada recuperada surgen dos nuevas rutas de fuga.

La economía del silencio

El huachicol fiscal no opera como un delito aislado. Tiene su propia economía, sus corredores logísticos, sus protectores, sus márgenes de ganancia. En las cifras del mercado se lee su peso real: uno de cada tres litros de combustible que circula en el país podría haber sido introducido o vendido al margen del sistema regulado. Esa proporción, proyectada al consumo nacional, equivale a 18 mil 800 millones de litros de gasolina y diésel en un solo año.

Cada litro evade el IEPS, el IVA y los controles de calidad. Cada litro es una factura falsa, un camión que se pierde en el trayecto o un permiso “ajustado”. Y cada litro tiene un costo doble: lo que el Estado deja de cobrar y lo que el ciudadano termina pagando cuando los precios suben o los servicios se recortan.

Las autoridades han abierto más de un centenar de expedientes fiscales y judiciales. En algunos, el daño comprobado supera los 23 mil millones de pesos. Hay dieciséis mil millones ya querellados formalmente, pero esa es solo la punta del iceberg: los montos integrales tardarán años en reconstruirse, y lo más grave es que buena parte de ese dinero jamás volverá al erario.
Las pérdidas directas, las fugas en ductos, los decomisos y los operativos se cuentan ya en millones de litros incautados. En los últimos meses, catorce personas fueron detenidas, entre ellas marinos, empresarios y agentes de aduana. Algunos de los nombres más pesados de la logística nacional aparecieron vinculados en las carpetas, pero la red es más profunda, más vieja, más amplia. Nadie puede mover ese volumen sin un sistema que lo proteja.

El agujero fiscal

El Estado mexicano recaudó en 2024 cerca de 4.9 billones de pesos. El huachicol fiscal representa un hueco del 12 por ciento de esa cifra. Si ese dinero estuviera en las arcas, el país podría duplicar los presupuestos de salud y educación. Pero el dinero se fue. Y cuando el dinero se va, el déficit se cubre con deuda o con sacrificios sociales.
Cada peso que se fuga del IEPS es un peso que no financia hospitales, caminos o escuelas. Cada litro de combustible contrabandeado se traduce en un peso menos para el presupuesto federal y, en términos macroeconómicos, en un golpe a la credibilidad del sistema tributario.

En la superficie, los números son fríos. Pero dentro del sistema financiero del Estado, representan un temblor. No se trata solo de pérdida fiscal, sino de erosión institucional: aduanas vulneradas, dependencias infiltradas, y un aparato que empieza a acostumbrarse a su propia hemorragia.

Los rostros de la impunidad

En los expedientes aparecen firmas privadas, funcionarios en activo, exmilitares, agentes aduanales. Algunos de ellos manejaban importaciones de diésel “industrial” que, en el papel, se usaba para maquinaria pesada. En la realidad, se vendía a estaciones de servicio con facturas simuladas. Así operaba la estafa: una cadena legalmente maquillada que disfrazaba el combustible como otro producto, evitando el IEPS y el IVA.

Lo que comenzó como un delito financiero terminó contaminando todo el aparato. Las mismas rutas del huachicol físico —las que alguna vez atravesaron el Bajío y el Golfo— se convirtieron en corredores fiscales donde el combustible entra sin registro y se vende con la complicidad de quienes deberían vigilarlo.

En los reportes recientes, la pérdida total acumulada podría alcanzar los 600 mil millones de pesos, una cifra que rebasa los límites del entendimiento. Es un número tan grande que podría financiar el presupuesto completo de un año para los estados del sureste, o reconstruir el sistema eléctrico nacional. Pero aquí, ese dinero simplemente desapareció.

El costo político

El impacto no es solo económico. Es político, y es brutal.

La red del huachicol involucra a mandos de la Marina, funcionarios de aduanas y empresarios ligados a distintos gobiernos. Cada detención es un golpe a la credibilidad de las instituciones más blindadas del país. La imagen de la Marina —históricamente intocable— quedó atravesada por sospechas y nombres propios.

Para el gobierno, el costo político está en el espejo: demostrar que el combate es real y no selectivo, que el discurso de “no impunidad” tiene consecuencias tangibles. En la conferencia de hoy, la Presidenta se limitó a decirlo sin rodeos: “se actuó y no hay impunidad”. Una frase que suena a advertencia tanto como a defensa.

Pero en la práctica, el daño institucional ya está hecho. El sistema aduanal ha sido reconfigurado una y otra vez, sin éxito duradero. Cada reforma choca con los mismos intereses, con las mismas estructuras invisibles que convierten los impuestos en botín y la fiscalización en negocio.

El país que sangra

A veces, la corrupción no se nota porque no estalla. No hay explosiones, ni ductos incendiados, ni fotografías de llamas nocturnas. Pero sus efectos son más corrosivos que el fuego. El contrabando fiscal de combustibles es la versión silenciosa del huachicol: un saqueo sin ruido, una hemorragia constante que desangra al Estado gota a gota.

Cada peso perdido no es una cifra contable: es una cama de hospital que no se compra, un programa social que se retrasa, una carretera que se cancela. Y lo peor es que todos lo sabemos. Sabemos que el combustible llega más barato, que hay estaciones que venden por debajo del precio real, que las aduanas siguen siendo tierra de nadie.

El país sangra por dentro.

Y lo que duele no es solo el dinero, sino la certeza de que la corrupción aprendió a ser sistema, a volverse parte del ADN administrativo.

Lo que viene

Las investigaciones siguen. Se han iniciado procesos, se han congelado cuentas, se han detenido mandos. Pero el daño es más grande que cualquier operativo. La recuperación fiscal será lenta y parcial; de los 600 mil millones estimados, solo 16 mil millones tienen ya proceso judicial formal. Lo demás está disperso en decenas de carpetas, en bancos, en empresas, en paraísos fiscales.

El desafío no es solo penal. Es estructural. Implica rehacer los controles aduanales, transparentar la cadena de importación, depurar las fuerzas encargadas de la vigilancia, y rediseñar el sistema de facturación fiscal. Sin eso, cualquier cifra será apenas un nuevo número en la estadística del saqueo.

El país enfrenta un dilema: o cierra de una vez la herida del combustible o se resigna a vivir sangrando. Porque lo que se escapa por las aduanas no es solo gasolina. Es futuro. Es soberanía. Es el pulso de una nación entera.

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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