• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Luego de la impopular elección judicial en México, una representación de la Organización de Estados Americanos (OEA), autorizada por el Estado mexicano, emitió su informe preliminar sobre la jornada electoral del primero de junio pasado, pero lo que dijo este organismo y que ya había sido advertido por especialistas y diversos sectores de la sociedad mexicana no gustó al gobierno de la 4T y acusó al organismo de intervencionista.

Son los mismos argumentos que utilizó el venezolano Hugo Chávez para deslindarse de sus compromisos ante este organismo regional de derechos humanos y argumentando su ya para entonces débil soberanía e inicios de su dictadura dejó de escuchar las recomendaciones y se negó a seguir siendo observado y enjuiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la CoIDH.

La respuesta del gobierno mexicano a las observaciones del organismo son el comienzo de un alejamiento diplomático y cuando la OEA siga dando a conocer sus observaciones sobre los riesgos que enfrenta la democracia en México estaremos ante el grave problema de que el gobierno de la 4T decida separarse de la organización para que nadie en el extranjero pueda cuestionarlo por sus acciones dictatoriales.

A la clase gobernante en tuno no le agradó que en el informe se haya dicho que la reforma constitucional aprobada en 2024 modificó radicalmente la manera en que se integra el Poder Judicial al establecer que jueces y juezas, magistradas y magistrados de todos los niveles y en todo el territorio nacional deben ser electos/as por medio de elecciones en las que participe toda la ciudadanía.

Los actores del ámbito judicial y político entrevistados por la representación de la OEA, en su mayoría coincidieron en que “eran necesarios cambios al interior del Poder Judicial, un sector importante de la sociedad manifestó de manera vehemente que el nuevo mecanismo de elección vía voto popular no es una solución idónea para abordar las problemáticas que se buscaban solucionar”.

Por lo tanto, la Misión de la OEA advirtió que el derecho internacional no establece ningún procedimiento específico de selección de jueces y juezas. “No obstante, los instrumentos internacionales sí definen estándares, principios y buenas prácticas que deben seguirse en esta materia, y que son los que guían el análisis de la MOE/OEA”.

En primer lugar, corresponde señalar que el derecho a un juez competente, independiente e imparcial es un derecho humano consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14).

Asimismo, se deben tomar en cuenta los Principios Básicos de la ONU Relativos a la Independencia de la Judicatura, los cuales establecen que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales deben ser “personas íntegras e idóneas y tener la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas”.

Por ello, el método utilizado para la selección de personal judicial debe garantizar que “éste no sea nombrado por motivos indebidos”, y no se haga discriminación alguna.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, “ha sostenido la necesidad de que los Estados, al establecer los procedimientos para el nombramiento de sus jueces, tengan en cuenta que no cualquier procedimiento satisface las exigencias de la Convención Americana para garantizar la independencia judicial, particularmente si en la selección del personal judicial no se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, y se deja abierto a un alto grado de discrecionalidad que no permita escoger necesariamente a los candidatos más idóneos”.

Las consideraciones finales del informe es lo que molestó seriamente a las autoridades mexicanas, porque establece: “Tal como ha quedado plasmado en el informe, este ha sido un proceso electoral sumamente complejo y polarizante”. El análisis de esta primera experiencia deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejora.

“La Misión insta a las autoridades electorales y los órganos políticos a considerar las recomendaciones formuladas para fortalecer todas las etapas del proceso, corregir las deficiencias actuales y garantizar la sostenibilidad de las soluciones adoptadas”. La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial.

“Las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo. Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”.

Este colofón, escrito por expertos, es el parteaguas en la relación México-OEA.

Mientras tanto, la reciente elección de jueces y magistrados impulsada por Morena representa el fin de la democracia en México y la consolidación de un régimen autoritario, declaró el politólogo reconocido a nivel internacional, Daniel Zovatto en  entrevista difundida por Aristegui En Vivo.

Durante la entrevista realizada por la periodista Carmen Aristegui, Zovatto manifestó que el proceso electoral y la reforma al Poder Judicial equivalen a “un manotazo descarado e impune” para capturar el último poder que el oficialismo no controlaba.

Para Zovatto, “México ha dejado, ha perdido su categoría de democracia, y se ha convertido en un régimen autoritario, le guste o no le guste a Morena, le guste o no le guste al presidente del Senado, le guste o no le guste al secretario de Relaciones Exteriores y a la propia presidenta”.

El especialista de origen argentino,  explicó que la reforma judicial no soluciona los problemas estructurales del sistema de justicia y, por el contrario, los agrava: “esta no es la solución. Esto, por un lado, va a agravar aún más los problemas de la justicia y por el otro lado, lo más grave aún: se acabó la división de poderes en tu país. Se acabó la democracia en México”.

Considera que la captura del Poder Judicial por parte del oficialismo significa el desmantelamiento del Estado de derecho.

Entre otras aseveraciones durante la entrevista expuso: “Han matado al Estado de Derecho, han acabado con la República y le han puesto punto final a la democracia. Hay que llamar a las cosas por su nombre”.

Por su parte, la oficina en México de Amnistía Internacional alertó por medio de sus redes sociales: “Elegir por voto popular a ministras, magistradas y juezas puede poner en riesgo la independencia judicial y el derecho al debido proceso”.

En publicaciones del 9 de junio, recordó que el 6 de junio, la OEA publicó su informe preliminar sobre la #EleccionJudicial en México. Aunque se desarrolló en calma, el reporte advierte: baja participación, tiempos reducidos, polarización política y riesgos a la autonomía judicial.

Amnistía Internacional México, se pregunta: ¿Por qué es relevante el informe? Porque impulsa transparencia y rendición de cuentas, detecta fallas estructurales en el proceso y señala amenazas a la independencia del Poder Judicial.

Además, la elección popular podría llevar a que juezas, magistradas y ministras respondan a intereses privados, redes clientelares o estrategias populistas, debilitando su imparcialidad.

Advierte que este “no garantiza que quienes lleguen al cargo tengan el mérito, la experiencia o la integridad necesaria. Eso compromete el derecho al debido proceso y la confianza en la justicia”.

Las repercusiones de esta reforma judicial, se convertirá en una bola de lodo que la 4T no podrá controlar, por lo que el pueblo de México pagará con sus libertades y derechos.

 

 

 

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