México de Luto ante los Asesinatos de Miembros del Cabildo de Chilpancingo, Guerrero

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

El pasado 2 de junio, la participación ciudadana en las elecciones para la presidenta de la república llegó al 61.04%, con 60 millones 115 mil 184 votos, de acuerdo a la información proporcionado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sufragios divididos entre las dos candidatas y el candidato, lo que significa que más de 60 millones de mexicanos que acudimos a las urnas lo hicimos porque estamos convencidos de que la mejor forma de gobierno para México, es la democracia y creemos que las instituciones deben fortalecerse para optimizar sus resultados.

Quienes acudimos a votar y muchos de los mexicanos que no lo hicieron, optamos porque un gobierno del pueblo es el que nos merecemos, independiente de los resultados de los comicios y de quien haya obtenido la mayoría, se trató de una de las jornadas electorales más concurridas durante los últimos años.

El sistema electoral mexicano lo activó la participación ciudadana, independientemente de las intenciones del Estado de manipularlo a su favor, cuyas evidencias existen y que desde el Consejo General del INE se ordenó que se destruyan.

A las urnas fuimos para darle el beneficio de las dudas a quienes querían gobernar al país, los tiempos legales y procedimentales se cumplieron y las fuerzas políticas participantes hicieron lo que estaba en sus manos para que la legalidad imperara y la primer presidenta de México tomara posesión del cargo. La legitimidad del proceso estará sujeta a debate, pero se cumplieron los parámetros de legalidad y con ello tendrá que trabajar el nuevo gobierno.

Cada mexicana y mexicano que el día 2 de junio depositó su boletas electorales en las urnas, lo hizo con la convicción de tener un país con seguridad pública eficiente, alejado de la corrupción y de la impunidad; lo hizo para fortalecer a las instituciones en un momento en que la tentación del autoritarismo quieren destruirlas, pero a los pocos días del nuevo gobierno federal el terrorismo y el desgobierno vuelven a demostrar que en este país hay grupos de poder de facto que tienen mayores recursos, por medio de la fuerza, para poner su orden.

La violencia contra integrantes del Cabildo de Chilpancingo, Guerrero, que ganaron las elecciones del dos de junio por medio de la coalición de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, fueron electos como parte de los principios de pluralidad y diversidad de nuestra legislación electoral, pero hay poderes de facto que no les interesa que se siga consolidando el sistema electoral, lo único que quieren es el poder por el poder, pero no para gobernar conforme a la ley, sino para delinquir con la ley y por medio de las instituciones.

El país debe estar de luto por los asesinatos del Presidente Municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien fue decapitado el 6 de octubre cuando viajaba en una camioneta y su cabeza colocada sobre el vehículo, como un claro mensaje de que la delincuencia organizada no está de acuerdo con que la oposición político partidista haya ganado en ciertas zonas del país, que ya consideran de su propiedad; tres días antes, fue asesinado a balazos, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, quien el pasado primero de octubre tomó posesión como secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, el mismo día que Arcos Catalán inició funciones como edil.

Durante una entrevista realizada por Radio Fórmula, un día después del asesinato del secretario del Ayuntamiento de Chipancingo, el presidente municipal solicitó protección tanto para él como para su equipo “...si la pido y la de mi equipo, la verdad es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por nuestra comunidad, siempre hemos hablado de un proyecto de paz como ciudadanos, ha sido nuestra bandera, nuestra propuesta y eso es lo que aspiramos nosotros, no somos gente de conflicto y bueno, ustedes los medios pueden tener información de cualquier tipo, permanentemente y pueden saber que nosotros nos hemos dedicado a trabajar, ahora, que desde luego, vamos a trabajar de la mano con el gobierno federal, con el gobierno del estado, hemos estado trabajando muy de cerca con la SEDENA, como ustedes saben en estos días, desde el primer día recibimos la contingencia ambiental, la emergencia del Huracán John que ha hecho estragos bárbaros en esta ciudad y en la sierra, ni se diga y hemos estado trabajando con la Secretaría de Defensa a quien agradecemos todo el apoyo que nos brinda al igual que la ciudadana gobernadora y a la ciudadana presidenta Claudia Sheinbaum que queremos trabajar de la mano con ello y les pedimos siempre su respaldo, su apoyo, los necesitamos, los necesitamos para poder salir adelante”.

Un día después de este mensaje en radio y televisión nacional fue decapitado.

De acuerdo al periódico Debate, Alejandro Arcos Catalán, nacido el 12 de febrero de 1981 en Chilpancingo, era más que un político proveniente de una familia con fuertes lazos en la sierra guerrerense, su trayectoria estaba ligada al servicio comunitario y al desarrollo social. Hijo de María del Socorro Catalán Gálvez y Leonel Arcos Luna, Arcos dedicó su vida a trabajar en favor de los sectores más vulnerables.

Estaba casado con Sandra Elena Solís Peralta y era licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, una formación que le permitió ocupar cargos clave en la administración pública local.

En 1994, inició su carrera como gestor de grupos vulnerables, y en 1999 ya coordinaba eventos juveniles en el Gobierno del Estado de Guerrero, promoviendo la participación cívica de los jóvenes. En 2005, fundó la Asociación Civil Muévete por Guerrero A.C., una organización dedicada a impulsar el desarrollo social en la región.
Alejandro Arcos ocupó diversos cargos a lo largo de su vida política. Como Director de Catastro del Ayuntamiento de Chilpancingo, implementó programas que mejoraron la recaudación fiscal, contribuyendo al fortalecimiento económico del municipio.

Posteriormente, trabajó en el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), donde fue pieza clave en la creación de una reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de acuerdo a la publicación de Ivette Vázquez, para Debate.

Su compromiso con las causas sociales y su capacidad de gestión lo llevaron a ser candidato a la alcaldía de Chilpancingo en 2024. Fue respaldado por una coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), logrando ganar la elección tras el “voto castigo” que los ciudadanos dieron al partido Morena, que anteriormente gobernaba la ciudad.

Como se recordará, el gobierno de la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, exalcaldesa, fue cuestionada tras conocerse su reunión con Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos, lo que generó desconfianza en el electorado.

Las líneas de investigación deben ser diversas, pero es indudable que el crimen organizado tiene participación en llevar a la deriva a un gobierno salido de una elección donde el electorado decidió cambiar el rumbo del gobierno local en Chilpancingo.

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