México de Color Olivo

• Las modificaciones no sólo sustituyen el mando civil, sino subordina a la Guardia Nacional al mando de la Sedena.

Ruth Zavaleta Salgado/ CAMBIO 22

Cuando la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció el nombramiento del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de su futuro gabinete ¿estaba “chamaqueando” a Omar García Harfuch? Porque, al parecer, después de la Reforma constitucional sobre la militarización de la Guardia Nacional, esa secretaría ya no tendrá razón de ser.

Este jueves 19 de septiembre, mientras un gran número de ciudadanos estábamos participando en el simulacro de sismo (sin que nos llegará el aviso en el celular y sin que sonara la alarma), los legisladores de la mayoría oficialista (Morena, PT, PVEM) estaban aprobando, nuevamente, la “militarización de la seguridad pública”. Ya lo habían intentado en 2022, pero la SCJN declaró inconstitucional las reformas a la Ley de la Guardia Nacional (137/2022). Hoy, lo hicieron otra vez, pero mediante una iniciativa de reforma a 12 artículos constitucionales, enviada por el presidente López Obrador en febrero de este año.

Estas modificaciones no sólo sustituyen el mando civil, sino subordina a la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tal vez, después de conocer que la Guardia Nacional se integra en su mayoría por soldados y marinos, podríamos pensar que esta reforma sólo es la formalización de la realidad, pero, por los antecedentes históricos de eventos como el de 1968 en Tlatelolco y el halconazo de 1971, para muchos ciudadanos no es lo mismo saber que más de 80% de sus integrantes provienen de las Fuerzas Armadas, que formalizar la sustitución del mando civil por la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Incluso, cuando se les ha consultado, la mayoría de ciudadanos se ha pronunciado en contra de esta decisión, aunque, en esta ocasión, eso no le importó al Presidente de la República.

Además, la Reforma no sólo  formaliza el mando militar de la Guardia Nacional, sino, también, le otorga la facultad de investigar los delitos, al igual que lo hacen los ministerios públicos. ¿Alguna vez nos hubiéramos imaginado que, al mismo tiempo que facultan a los soldados y marinos para realizar esta importante tarea, un partido que se dice de izquierda reformó la Constitución para acabar con la independencia del Poder Judicial?

¿Quién lo hubiera dicho?, a pesar de la posición crítica que mantuvieron en el pasado, no muy lejano, algunas prominentes morenistas como Citlalli Hernández, Tatiana Clouthier y la misma Presidenta electa, sobre la militarización, hoy parece que el cambio de régimen no significa fortalecer las instituciones de la democracia, sino otras prevenciones que son semejantes a las de un régimen autoritario.

Por supuesto que, frente al fracaso de construir una policía civil profesional, se entiende la necesidad de que las Fuerzas Armadas participen en garantizar la seguridad pública ciudadana, lo que no queda claro es por qué de esta forma y con estas facultades (y sumado a las otras más de 20 actividades que ya realizan). Obviamente, para el presidente López Obrador no fue suficiente la Reforma que se aprobó en octubre del 2022, para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, sino, con esta iniciativa, quiere que quede escrito en la Constitución, como si fuera un legado, su convicción de que la estrategia nacional de seguridad pública, los programas y acciones, sean hechos en los escritorios de quienes portan el uniforme color olivo. ¿Por qué lo hace?, ¿qué está previendo el Presidente?

Por otra parte, sorpresivamente,  el mandatario acaba de enviar, el 11 de septiembre, otra polémica iniciativa que vale la pena leer con mucho detenimiento, sobre un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y para que su aplicación sea facultad exclusiva del Presidente de la República y de la Sedena, y no de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como había quedado establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal mediante la reforma publicada en el DOF el 30 de noviembre del 2018.

Fuente: Excelsior

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