• A lo largo de los años las más de 800 mil cabezas de ganado que cruzan de manera ilegal la frontera centroamericana con México, deja ganancias por más de 18 millones de dólares anuales

 

• La venta de documentación que legaliza el libre tránsito de reses de dudosa procedencia ha alimentado la violación a leyes Fitosanitarias y al lavado de dinero de organizaciones criminales que utilizan esta actividad primaria

 

 

 

 

 

Redacción/CAMBIO 22

La cadena de suministro de alimentos en México, Canadá y Estados Unidos debería ser objeto de mayores controles. Pero el ganado de contrabando, criado en circunstancias inciertas, se mueve hacia México desde países centroamericanos como Guatemala, Panamá Honduras y Nicaragua. Los subproductos procesados de algunos de estos animales se exportan para atender la demanda de mercados internacionales, hasta llegar incluso a los anaqueles de los tres países norteamericanos . Todo esto gracias a un complejo sistema de “blanqueo de ganado”.

Una serie de investigaciones  que analiza cómo el ganado producido en Centroamérica se introduce de contrabando en México y es blanqueado de diversas maneras para luego ingresar a la cadena de suministro legal de alimentos. Y es que la venta ilegal de documentación y “aretes” para legalización del ganado vacuno desde hace varios años se convirtió en un millonario negocio para ganaderos y funcionarios de gobierno tanto estatales como federales.

Datos de una investigación realizada por el sitio especializado en temas de seguridad nacional y crimen organizado Insight Crime, estimaron que anualmente por la comercialización de estos objetos de identificación los involucrados obtienen ganancias arriba de los 18 Millones de dólares anuales.

Sin embargo está ilícita práctica es negada tanto por autoridades federales quienes son las que otorgan los aretes, hasta las propias organizaciones ganaderas que son las encargadas de comercializarlas en el mercado negro del tráfico de bovinos.

Mientras que un arete oficial vendido por el Sistema Nacional de Identificación Ganadera (SINIIGA) cuesta entre 40 o 50 pesos mexicanos (alrededor de US$2,50), los que se venden en el mercado negro pueden rondar entre los 400 y 700 pesos (de US$20 a US$35), según ganaderos entrevistados en Chiapas y Veracruz. Esto significa que si 800,000 reses obtienen aretes a través del mercado negro cada año, como estiman las autoridades, el negocio podría generar hasta 18 millones de dólares de ilícitas ganancias.

La documentación también se falsifica. Varios ganaderos entrevistados por InSight Crime en Veracruz, Chiapas y Tabasco mencionaron que los transportistas, por ejemplo, obtienen certificados veterinarios que acrediten que los animales están libres de enfermedades y tienen las vacunas necesarias para ser transportados dentro de México.

Según estas fuentes, los certificados se falsifican con la complicidad de organizaciones ganaderas, veterinarios y laboratorios autorizados. Esta es Otra Historia de Corrupción Arraigada a lo Largo de los Años que Hoy Pone en Riesgo una de las Principales Actividades Primarias de México

A lo lejos se podía escuchar el rugido del tráiler que salía de las verdes faldas de la Sierra Madre, poco después de la puesta del sol, en el estado de Chiapas, al sur de México. El camión gris avanzó cuesta arriba, hasta que finalmente se pudo ver en torno a la escultura de K’inich Janaab Pakal, el gobernante maya más famoso de Palenque, que se levanta en el centro de la icónica rotonda de la ciudad.

Sin identificar, y sin la marca de alguna empresa de transporte, el camión se acercó y pasó en menos de un minuto. En su interior llevaba unas 25 cabezas de ganado apiñadas y sin espacio suficiente para moverse o respirar. Durante la siguiente hora, seis camiones, con al menos 150 animales en total, pasaron por esta misma vía, que conecta esta región del sureste de México con varias carreteras que conducen a diversas partes del país.

Es casi seguro que el viaje de ese ganado había comenzado a unos 200 kilómetros al sur de aquel lugar, en el pueblo de Benemérito de las Américas. Ubicado en el extremo oriental del estado Chiapas, el municipio de menos de 20,000 habitantes se extiende a las orillas del río Usumacinta, en la frontera con Guatemala.

Allí, el sinuoso río actúa más como un puente que conecta dos países que como una frontera que los separa. Prácticamente sin supervisión, el río no cuenta con un punto de cruce formal, ni hay muros de 3 metros de altura con individuos camuflados y armados haciendo vigilancia. Por el contrario, personas y bienes cruzan fácilmente desde Guatemala hacia México en pequeñas embarcaciones a plena luz del sol del mediodía.

En el lado mexicano, un taxista ayuda a una familia de cuatro personas a subir sus cosas al maletero del automóvil. Otra camioneta es conducida hasta la orilla del río, donde recibe mercancías del barco que acaba de llegar. A su lado, un gran camión color naranja hunde sus ocho ruedas traseras en el río, preparándose para iniciar la carga de granos.

Más tarde, decenas de reses demacradas y en mal estado de salud pasarán por este mismo cruce en largas canoas de madera. Estas también serán subidas en camiones que están a la espera y que salen de la ciudad hacia puntos de descanso a lo largo de la carretera 307, que conduce hacia Palenque. El trayecto en esta carretera de dos carriles puede ser entorpecido no solo por los resaltos o “topes” que abundan en la vía, sino también por el paso de algún convoy de ganado.

Muchas de estas reses, o quizá todas, provienen de Guatemala, Honduras y Nicaragua sin los aretes ni la documentación de salud adecuada para transitar legalmente por México. Sin embargo, sí los tendrán cuando lleguen hasta el primer puesto de control aduanero oficial donde hay miembros de las fuerzas armadas, ubicado a varias horas al norte de esta frontera.

Tráfico de ganado: un mercado ilícito que prospera con la globalización

Conducir por las carreteras del sureste de México y el Istmo de Tehuantepec —la región circundante— significa adentrarse en un paisaje donde la selva que solía extenderse hasta donde alcanza la vista ha sido talada para permitir el pastoreo de cientos de cabezas de ganado cebú. La industria ganadera se ha vuelto tan importante que los ganaderos tienen una gran influencia sobre la política local, la sociedad y la economía en algunos municipios.

Integrada por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, esta zona es crucial para las 800,000 cabezas de ganado que, según estimaciones del gobierno mexicano, son contrabandeadas al país cada año. Pero hablar de este mercado ilícito genera miedo y desconfianza entre los habitantes.

“Tengan mucho cuidado al investigar esto. Es muy peligroso”, les dijo a los investigadores de InSight Crime un líder ganadero en el sur de Veracruz, quien pidió permanecer en el anonimato. Es claro que el tráfico de ganado es consecuencia de los intereses del crimen organizado en esta área. Traer reses desde Guatemala de contrabando ha ofrecido una gran oportunidad para que las redes criminales diversifiquen sus ingresos, laven dinero a través de la compra y venta de ganado, extorsionen a las redes de transporte involucradas, y que utilicen el ganado como medio para transportar cocaína.

El temor que expresan los habitantes está bien fundado: ya han sido asesinados algunos funcionarios locales que han denunciado abiertamente el contrabando de ganado. Por otro lado, el contrabando de ganado es un efecto en cadena de la globalización del comercio de carne de res.

Tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, México se convirtió en un importante exportador de ganado y carne de res a Estados Unidos y más tarde a otros mercados. Esto ejerció presión sobre la cadena de suministro mexicana para producir suficiente ganado para satisfacer la demanda internacional y local, la cual, en parte, ha sido abastecida con ganado de origen ilícito de Centroamérica.

Guatemala ha sido históricamente un importante centro de acopio de ganado centroamericano, tanto legal como ilegal, que se destina al mercado mexicano. Pero no fue sino hasta 2019 cuando los gobiernos de México y Guatemala firmaron oficialmente un acuerdo para regular de manera formal la entrada de ganado.

Mediante estos acuerdos, las autoridades emitieron una serie de requisitos para que el ganado centroamericano pudiera moverse legalmente por México. Estos incluyen, por ejemplo, que los animales deben provenir de ranchos certificados en Guatemala, deben llevar un arete de identificación con el que son rastreados hasta el sacrificio, y deben tener todos los certificados sanitarios adecuados.

Sin embargo, la mayor parte del ganado que llega a México desde Guatemala continúa haciéndolo de manera ilegal. Las autoridades guatemaltecas afirman que solo 7,234 bovinos fueron exportados formalmente en 2021, según datos oficiales obtenidos por InSight Crime.

Los traficantes de ganado utilizan cruces informales para eludir los controles mencionados anteriormente y no tienen ninguna documentación oficial al ingresar a México. Pero para que el ganado pueda ser vendido a grandes productores y a las empresas cárnicas del país, debe aparecer en los registros nacionales. Es decir, entre otros requisitos, las reses deben tener un arete que las identifique como ganado mexicano.  Para cumplir con este requisito, los traficantes de ganado recurren a los servicios de los vendedores del mercado negro.

Aretes del mercado negro para ‘lavar’ ganado de contrabando

El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) se encarga de proporcionar los aretes para todo el ganado de México. Trabajando de manera estrecha con las asociaciones ganaderas locales, les venden aretes directamente a las denominadas Unidades de Producción Pecuaria (UPP), propiedades donde los ganaderos registran su ganado. Allí, solamente veterinarios certificados pueden ponerles los aretes a las reses antes de que sean llevadas a los puntos de acopio, donde son vendidas y preparadas para el sacrificio.

Los aretes llevan un código único con el que las reses son registradas en la base de datos del gobierno, conocida como el Padrón Ganadero Nacional. Idealmente, este registro les debe permitir a las autoridades rastrear todos los lugares por los que el ganado transita desde el nacimiento hasta el sacrificio.

Sin embargo, en México hay un boyante mercado negro de dichas etiquetas, y las asociaciones ganaderas locales están involucradas en gran parte. Casi todas las fuentes consultadas por InSight Crime durante nuestra investigación sobre el tráfico de ganado dijeron que existe corrupción al interior del sistema SINIIGA, y algunos funcionarios venden los aretes bajo cuerda, ya sea directamente a los traficantes o a otras entidades involucradas en el comercio.

“Venden los aretes por debajo de la mesa […] Alguien los compra y se los pone al ganado ilegal. Así tratan de legalizarlo», dijo a la prensa local el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en marzo de 2022.

Hay varias maneras de obtener los aretes. Según fuentes locales, los puntos de acopio, como los que abundan en vías principales como la carretera 307 que conecta Benemérito de las Américas con Palenque, suelen obtener aretes a través de las asociaciones ganaderas locales, y las venden directamente a quienes traen ganado sin identificar a sus instalaciones.

“Si el ganado no tiene aretes mexicanos, te los venden de manera informal [en los centros de acopio]”, le dijo a InSight Crime un ganadero de Chiapas. Todos los ganaderos entrevistados en esta región afirman lo mismo, aunque las autoridades federales niegan que aquello suceda.

Los ganaderos también falsifican la cantidad de ganado que poseen, con el fin de obtener aretes adicionales, que luego venden a quienes traen ganado de contrabando. En otros casos, los traficantes roban la identidad de los productores y la usan para reportar un mayor número de ganado y así obtener los correspondientes aretes. Este esquema se puede utilizar hasta que el productor presente su declaración de impuestos, momento en el cual las autoridades fiscales probablemente notan la discrepancia.

En todos los casos, el mercado negro de aretes es un sistema lucrativo. Mientras que un arete oficial vendido por SINIIGA cuesta entre 40 o 50 pesos mexicanos (alrededor de US$2,50), los que se venden en el mercado negro pueden rondar los 400 y 700 pesos (de US$20 a US$35), según ganaderos entrevistados en Chiapas y Veracruz. Esto significa que si 800,000 reses obtienen aretes a través del mercado negro cada año, como estiman las autoridades, el negocio podría generar hasta US$18 millones.

La documentación también se falsifica. Varios ganaderos entrevistados por InSight Crime en Veracruz, Chiapas y Tabasco mencionaron que los transportistas, por ejemplo, obtienen certificados veterinarios que acrediten que los animales están libres de enfermedades y tienen las vacunas necesarias para ser transportados dentro de México. Según estas fuentes, los certificados se falsifican con la complicidad de veterinarios y laboratorios autorizados.

Una vez que el ganado tiene aretes y certificados de salud, desaparecen todos los registros de su verdadero origen. Esto significa que los animales pueden ser sacrificados, y su carne puede ser empacada para consumo en el mercado local, o la carne procesada puede incluso exportarse a mercados internacionales como el de Estados Unidos.

“La ironía es que todo entra legalmente”, dijo a InSight Crime un funcionario del gobierno en el sur de México. “No tengo ningún argumento legal para rechazar el ganado [de contrabando]. [Sobre el papel], no hay ninguna violación a las leyes”.

Sin final a la vista

Combatir este comercio ilegal no está dentro de las prioridades de las autoridades de México en la frontera con Guatemala. La Guardia Nacional y el Ejército, por ejemplo, se centran mucho más en la inmigración y el tráfico de drogas, aunque personas y drogas continúan cruzando la frontera. En pocas palabras, ambas instituciones dijeron a InSight Crime que el tráfico de ganado no era su responsabilidad.

Durante la planeación de entrevistas con las fuerzas policiales en los estados fronterizos, los portavoces de la institución dijeron que ellos se ocupan del robo de ganado, pero no de su tráfico. Además, si bien el contrabando transnacional de ganado se considera un delito fiscal, la Fiscalía General de la República de México, incluidas las oficinas regionales en los estados fronterizos, no dieron información sobre denuncias relacionadas con el contrabando de ganado, cuando InSight Crime hizo solicitudes de información.

Tampoco es claro hasta qué punto las aduanas están interesadas en tratar de regular el asunto. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, que supervisa las aduanas, informó que no había identificado ningún caso de contrabando de ganado desde Guatemala.

Por otro lado, aparte de la corrupción al interior del SINIIGA, el sistema no parece tener la capacidad necesaria para monitorear y verificar que los registros reportados coincidan con la cantidad de ganado que realmente tienen los productores. Cuando InSight Crime visitó una oficina del SINIIGA en el sur de Veracruz, los empleados dijeron que simplemente “hay que confiar en lo que informan los ganaderos”.

A nivel federal, la ley oficial que regula la identificación del ganado fue modificada en julio de 2021, de modo que la distribución de los aretes sea responsabilidad exclusiva del gobierno, con el fin de mejorar la supervisión. El gobernador de Veracruz ha sido una de las voces más destacadas a favor de estas reformas, argumentando que estas ayudarán a combatir el contrabando de ganado.

 

 

 

Texto y Fotos Sistema de Noticias CAMBIO 22/ Insight Crime

cambio22oficial@gmail.com

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