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Graciela Machuca Martínez / CAMBIO22

Una entrevista exclusiva con Henrich Schmidt, delegado de la comunidad menonita de Salamanca, ubicada en el municipio de Bacalar, arroja luz sobre la vida de esta comunidad y el conflicto ambiental que los rodea. Fundada en 2003 con la llegada de aproximadamente 400 familias provenientes de Alemania, Holanda, Estados Unidos y Belice (específicamente de la región de Corozal), la comunidad se estableció en tierras ejidales adquiridas legalmente. Schmidt enfatizó que permanecen en el mismo predio desde su llegada.

Para llegar al asentamiento menonita, conocido como Salamanca, se tienen que recorrer unos siete kilómetros de un camino de terracería en mal estado, fuera de la zona urbana de Bacalar.

Al estar en Salamanca se observan campos de cultivo que se unen al horizonte y casas construidas con un estilo alemán, jardines muy bonitos en áreas amplias, donde se ven tractores e implementos agrícolas, bodegas, todo planeado y ordenado.

Hombres, mujeres y niños se transportan en carruajes jalados por caballos, sus vestimentas son muy características que las diferencian de los habitantes locales de Bacalar.

La vida en Salamanca se rige por una estricta organización interna. La educación se imparte en escuelas propias, con profesores de la comunidad, y se prioriza la formación para el trabajo agrícola. Si bien los jóvenes pueden acceder a estudios externos, como la normal de Bacalar, la comunidad no lo fomenta, priorizando la labor en la tierra desde temprana edad.

Su religión, definida como “apostólica”, se diferencia de la católica y evangélica, siguiendo los principios de los apóstoles. La comunidad cuenta con sus propias leyes, y las transgresiones a sus usos y costumbres se castigan con la expulsión de la religión, aunque no de la comunidad. La estructura familiar se basa en la monogamia, con un promedio de 3 a 12 hijos por familia.

El tema central de la entrevista giró en torno a las recientes acusaciones de devastación ambiental. Schmidt explicó que la preparación de la tierra para la siembra se realizó gradualmente desde 2003, mediante mecanización progresiva.

Aseguró que informaron desde el principio que el desmonte se realizaría de forma paulatina, similar a la de los indígenas de la zona.

La comunidad cultiva aproximadamente cuatro mil hectáreas, cosechando entre 3 mil y 4 mil toneladas anuales de frijol y el doble de hectáreas de maíz. Schmidt negó haber recibido notificaciones oficiales sobre la clausura de predios por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que alude a la devastación de más de mil 500 hectáreas de la selva en los municipios de José María Morelos y Othón P.

Blanco, en Quintana Roo. Aunque escuchó rumores sobre la sentencia, la calificó de “estrés” y afirmó que el estado actual de las tierras se mantiene igual desde hace años, sin actividades de desmonte recientes.

En cuanto a las prácticas agrícolas, Schmidt explicó el uso de fumigantes, afirmando que los proveedores cuentan con los permisos necesarios. Señaló que la aplicación de herbicidas se realiza sobre la maleza, no directamente sobre el suelo, para proteger la tierra y asegurar la productividad anual de los cultivos.

La comunidad se mantiene económicamente a través de la venta de su producción, aunque Schmidt lamentó la baja en los precios de la cosecha. La infraestructura de la comunidad, incluyendo los caminos de acceso, es financiada por ellos mismos. Los miembros de la comunidad poseen credenciales de elector, pero no participan en las elecciones.

Schmidt destacó la buena relación con el gobierno mexicano, afirmando que no han recibido restricciones para su trabajo, y que no tienen ninguna queja. Su idioma principal es el “Plautdietsch”, un dialecto derivado del alemán. La comunidad limita sus viajes al exterior, y el turismo no es una actividad común entre sus miembros.

La entrevista con Henrich Schmidt revela una compleja realidad en la comunidad menonita de Salamanca. Si bien la comunidad presenta una imagen de autosuficiencia y organización interna sólida, el conflicto ambiental persiste. La discrepancia entre la versión de Schmidt, que describe un desmonte gradual y legal, y los dictámenes de la PROFEPA, que aluden a una devastación significativa, requiere una investigación más profunda. La falta de notificación oficial a la comunidad sobre la resolución plantea interrogantes sobre los procesos legales y la comunicación entre las autoridades y la comunidad menonita.

Esta comunidad que durante las últimas décadas se ha asentado en estados como Quintana Roo, Campeche y Yucatán, y desde tiempo atrás en el norte del pais, se destaca por su cultura y organización de la comunidad, con sus propias leyes, sistema educativo y prácticas religiosas. Su enfoque en la agricultura y la autosuficiencia es evidente, pero la sostenibilidad de sus prácticas agrícolas, especialmente en relación al uso de fumigantes y la posible deforestación, necesita ser evaluada. La falta de participación política, a pesar de poseer credenciales de elector, refleja una postura de independencia del sistema político mexicano.

La información proporcionada por Schmidt ofrece una perspectiva interna de la comunidad, pero no resuelve completamente el conflicto ambiental.

Las autoridades ambientales del país deben revisar con seriedad y criterios científicos las prácticas agrícolas de esta comunidad y del resto que habitan el territorio nacional en relación con la legislación ambiental mexicana.

Falta de transparencia en la notificación de las diligencias realizadas por la PROFEPA en predios de la comunidad menonita y la discrepancia entre las versiones de los hechos requieren una mediación efectiva para resolver el conflicto y asegurar la protección del medio ambiente.

Se requiere de una investigación que considere la perspectiva de las autoridades ambientales, las comunidades indígenas vecinas y otros actores relevantes para obtener una visión completa y justa de la situación. Solo así se podrá determinar la verdadera magnitud del impacto ambiental de las actividades de la comunidad menonita de Salamanca y otras localidades de la Península de Yucatán donde se encuentra asentada y establecer medidas para la conservación de los recursos naturales de la región.

A principios del mes de julio, la PROFEPA dio a conocer que durante junio clausuró diversos predios, ubicados en unas dos mil 500 hectáreas, en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo que pertenecen a la comunidad menonita por haber realizado deforestación en la selva fuera de la normatividad vigente.

Organizaciones civiles e ejidatarios de Quintana Roo, han denunciado que tan solo en el municipio de Bacalar, la comunidad menonita a devastado unas 60 mil hectáreas de selva, sin que las autoridades de protección al ambiente hayan intervenido en tiempo y forma.

 

 

 

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