Mayoría Legislativa de la 4T Desechó las Peticiones del Senador y las Senadoras de Quintana Roo Para Aplazar el Cobro a Cruceristas

► Eugenio Segura Vázquez y Anahí González Hernández, de Morena, así como Mayuli Martínez Simón, presentaron reservas para prorrogar el cobro del DNR a pasajeros de cruceros, así como para destinar una parte de la recaudación a los municipios receptores de este turismo y al combate al sargazo

► Pero Morena, PVEM y PT rechazaron admitir a discusión sus propuestas y aprobaron sin cambios la reforma a la Ley Federal de Derechos

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 4 de diciembre.- El Senado de México aprobó en la noche del martes la reforma que obligará a los pasajeros de cruceros a pagar una cuota de 42 dólares a su llegada a los puertos del país, en un trámite en el que la mayoría legislativa de Morena, PVEM y PT rechazó las reservas que presentaron el senador y las senadoras por Quintana Roo para aplazar su cobro.

Para aplicar este cobro, la mayoría legislativa de la 4T argumentó que se eliminan exenciones de derechos aplicables a pasajeros de cruceros, porque “es un sector que captura más del 50 % de la capacidad global en el Caribe, con destinos claves como Cozumel, Cancún y Mazatlán” (aunque a Cancún no llegan cruceros), y porque con este “ajuste” aseguran que “la nación reciba una justa retribución para la utilización de su infraestructura y servicios de migración que recibe esta industria”.

La decisión ha desatado la preocupación del sector empresarial que argumenta que la medida convertirá a México en uno de los destinos más costosos del Caribe y afectará directamente al turismo, una de las industrias más importantes del país, especialmente en Cozumel y Majahual, Quintana Roo, los principales destinos mexicanos de cruceros en la región caribeña.

A pesar del llamado de distintos representantes de las cámaras empresariales para detener la reforma, especialmente ante la amenaza de las navieras de desviar sus rutas para evitar puertos mexicanos, el partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas avalaron la eliminación de la exención del pago por servicios migratorios o Derecho de No Residente (DNR) para los pasajeros extranjeros de cruceros como parte de la reforma a la Ley Federal de Derechos, a fin de destinar más recursos al proyecto del Tren Maya y empresas públicas en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ante esta situación, el senador por Quintana Roo Eugenia Segura Vázquez, de Morena, propuso una reserva a la reforma del artículo 8 de la Ley de Derechos para prorrogar por 180 días el cobro, a fin de que su aplicación sea gradual.

Sin embargo, en la sesión de anoche, la reserva fue desechada, sin admitirse siquiera a discusión, por votación económica del Senado.

Por su parte, la senadora Anahí González Hernández, también de Morena, presentó una reserva pidiendo establecer que el 33 % del DNR sea destinado a inversión de la infraestructura para el desarrollo socioeconómico de los municipios y comunidades donde llegan cruceros, como Cozumel y Othón P. Blanco en Quintana Roo, así como dar un plazo de 120 días naturales para que se realicen las adecuaciones a las cuotas, de manera gradual y efectiva.

Pero, aunque la senadora cancunense subió a la tribuna a defender su propuesta, la misma fue desechada por la mayoría de la 4T sin admitirse a discusión, por lo que el reparto de los ingresos del DNR cobrado a cruceristas seguirá siendo de 67 % para las empresas públicas en manos de la Sedena, como el Tren Maya, y 33 % a la Tesorería de la Federación para libre disposición.

La senadora chetumaleña Mayuli Martínez Simón, del PAN, también presentó una reserva al cobro del DNR a cruceristas para que su aplicación se posponga para después del 2025, para que no se aplicara el aumento del derecho de 717 a 860 pesos, para que el 15 % de su recaudación se destine al combate del sargazo y para que se vuelva a destinar un porcentaje a la promoción turística.

Pero si las reservas de los morenistas fueron desechadas por sus correligionarios y aliados, con más razón fue desechada sin admitirse a discusión la petición de la panista.

Al final, la reforma al artículo 8, que aumenta el DNR de 717 a 860 pesos, y del artículo 11, que elimina la exención de que gozaban los cruceristas para que se les comience a cobrar, aún en los casos que no hagan un día entero en un destino de México, fue aprobada sin cambios.

En lo general la reforma a la Ley Federal de Derechos fue aprobada por el senador Eugenio Segura Vázquez y la senadora Anahí González Hernández, a pesar de sus reservas, incluyendo el aumento al doble del derecho que se cobrará a turistas por el ingreso a áreas naturales protegidas federales, mientras que Mayuli Martínez Simón, como toda la bancada del PAN, votó en contra.

Previamente a la aprobación del dictamen, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismos, advirtió que el cobro de 42 dólares a los turistas de los cruceros se traducirá en una “disminución significativa de visitantes”, que terminará “afectando gravemente a pequeños y medianos empresarios que dependen de la actividad turística para subsistir” en los estados de Quintana Roo, Baja California, Guerrero, Jalisco y Chiapas.

A los reclamos también se sumó la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, la cual aseguró que la reforma incidirá “severamente la competitividad del país frente a los destinos del Caribe”, pues considera que aumentará en 213 % el costo de los puertos mexicanos.

Según el diario de la Ciudad de México El Universal, la propia gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó que sostuvieron una conversación con altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), de la Secretaría de Turismo (Sectur) y del Instituto Nacional de Migración (INM), para exponer el profundo impacto económico que estas reformas tendrían para Cozumel y Majahual, además de entablar un enlace con las navieras, con las que previamente ya había logrado un acuerdo para aplicar un cobro estatal de 5 dólares por crucerista a partir de enero del 2025.

La titular del Ejecutivo estatal dijo que la posición Quintana Roo respecto a estas reformas era entablar un diálogo, enlazar a navieras y gobierno federal, que genere “un equilibrio”, lo cual significa la definición de reglas de operación.

Sin embargo, así como los senadores, las voces de la iniciativa privada y las autoridades locales tampoco fueron escuchadas por la mayoría legislativa de la 4T.

franciscohcambio22@gmail.com

JFCB