>Aprobaron el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2022 >Clausuró la XVI Legislatura su último periodo ordinario de sesiones

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 31 de mayo.- Con el voto mayoritario de los diputados de Morena y el PVEM, así como del PRI, los sin partido y el panista Eduardo Martínez Arcila, la XVI Legislatura, en su última sesión ordinaria de su gestión, aprobó la reelección de los magistrados del “paquete de impunidad” para continuar en el cargo por otros 6 años, de 2022 al 2028, en el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

Se trata de Carlos Alejandro Lima Carvajal y Felipe de Jesús Solís Magaña, que son magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y Ángel Ysidro Quintal Quintal, que fue  reelecto como magistrado supernumerario del Tribunal, en su caso, por 3 años más.

Cabe recordar que los tres fueron descalificados en su momento por el gobernador Carlos Joaquín y el PAN y el PRD, porque fueron nombrados al mismo tiempo que se realizaban las reformas de lo que denominaron el “paquete de impunidad” de Roberto Borge, en junio del 2016, e inclusive rindieron protesta en un hotel de la zona norte del estado, porque la XIV Legislatura cambió de sede dado que los joaquinistas le tenían copado el recinto oficial en Chetumal.

Carlos Lima Carvajal era el principal objeto del señalamiento, pues fue cercano colaborador de Roberto Borge Angulo, con el que se vinculó primero como abogado en materia electoral y terminó por ocupar la dirección general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en su gobierno, siendo una dependencia sumida en la corrupción.

Inclusive, la XV Legislatura del Congreso del Estado, con el panista Eduardo Martínez Arcila a la cabeza, intentó destituir a Carlos Lima Carbajal de su magistratura, debido a que éste no presentó su declaración patrimonial de inicio de gestión dentro del plazo legal establecido, pero un amparo le permitió permanecer en el cargo como togado.

Ahora las condiciones son diferentes, porque Carlos Lima Carvajal, que es el encargado de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral, ubicada en Cancún, a pesar de la supuesta gran carga de trabajo que tiene el Poder Judicial, goza del suficiente tiempo libre para haberse acercado y convertirse en asesor jurídico electoral de Mara Lezama Espinosa, candidata a gobernadora del estado de la alianza Morena, PVEM, PT, FPM, cosa presumida por él mismo.

Felipe de Jesús Solís Magaña, encargado de la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral, ubicada en Chetumal, no fue objeto de tanto señalamiento, pero se encuentra demandado por daños junto con otros funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción y de los juzgados, en la acusación levantada por la exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) Paula González Cetina, quien fue injustamente imputada y sentenciada por el delito de peculado, condena que pudo revocar mediante un amparo.

En este caso, la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral, a cargo del magistrado Felipe de Jesús Solís Magaña, dictó una confirmación de la sentencia en un recurso de apelación, pero la resolución del amparo se la revocó y le ordenó emitir la sentencia absolutoria a favor de Paula González Cetina.

Cabe recordar, además, que estos magistrados son de los que se subieron al doble el sueldo en plena pandemia del Covid-19, para que actualmente tengan remuneraciones de 213 mil pesos mensuales, que es muy superior al sueldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que los coloca como los terceros con sueldos más caros en el país, pese a sus pobres resultados en impartición de justicia.

En esta votación, no obstante, los diputados de Morena y el PVEM, así como otros que se las han alineado, aprobaron la reelección de los 3, e inclusive votó a favor el panista Eduardo Martínez Arcila, pese a que las demás diputadas del PAN votaron en contra de la ratificación de Carlos Lima Carvajal.

En la misma sesión se aprobó por mayoría de votos el Informe General Ejecutivo relativo a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2020, en la cual se emiten las conclusiones y reclamaciones relativas a dicha fiscalización.

La aprobación de este informe abrirá un tiempo determinado y limitado para que, aquellas dependencias, ayuntamientos y órganos autónomos atiendan las observaciones realizadas por lo que, en caso de no solventarlas, se iniciarán los procedimientos de responsabilidad correspondientes, que podrían derivar en su caso de denuncias penales, según sea el caso.

De acuerdo con el documento, la información que sirvió de base para el análisis pormenorizado fueron 153 informes individuales, un informe general ejecutivo y un informe semestral del estado que guarda la solventación de observaciones, correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.

De esos 153 informes realizados a través de 247 auditorías a los 101 entes fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado, correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2020, se fiscalizaron ingresos por una muestra global de 14 mil 451 millones 777 mil 328 pesos, así como egresos por un total de muestra global de 12 mil 681 millones 817 mil 632 pesos; inversiones físicas por un monto total de muestra auditada de 1 mil 222 millones 94 mil 74 pesos.

Por último, se aprobó el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura, propone la integración de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

De esta manera, la Comisión Permanente estará integrada por: la diputada Cristina Torres Gómez como presidente; las diputadas Aurora Pool Cauich y Erika Castillo Acosta como secretarias, mientras que los diputados Edgar Gasca Arceo, Euterpe Gutiérrez Valasis, Ana Pamplona Ramírez y Eduardo Martínez Arcila, fungirán como integrantes.

 

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