• Necesariamente Incómoda

 

 

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO22

El descubrimiento de la fosa clandestina y demás evidencias de la masacre que se venía cometiendo desde hace años en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, en el estado de Jalisco, es una noticia que nos debe despertar la conciencia, debe ser un jalón de orejas, un balde de agua fría o un recordatorio familiar para que como sociedad despertemos, porque no podemos seguir viviendo en un país donde los asesinatos, la tortura, las mutilaciones, la desaparición de personas, las extorsiones sean hecho normalizados, si dejamos que las autoridades sean omisas ante estos hechos, como pueblo “bueno y sabio” estamos equivocando el camino y le estamos entregando al crimen organizado no solo nuestro país, sino nuestra conciencia.

Ahora que un colectivo de madres buscadoras ingresaron al referido rancho, intervenido hace meses por las autoridades, dieron a conocer la magnitud de lo que allí pasó, mientras las instancias obligadas a intervenir, miraban para otro lado, como fue la Guardia Nacional, corporación que a pocos kilómetros tienen dos bases de operaciones, ya ni se diga de las policías municipales y estatales.
Están saliendo a la luz pública, testimonios de víctimas y familiares, que desde el 2012 ya operaba ese lugar como campo de entrenamiento forzado de jóvenes reclutados por organizaciones del narcotráfico. Sin embargo, fue hasta septiembre de 2024 cuando la Guardia Nacional realizó un cateo en el lugar y detuvo a 11 presuntos responsables, de quienes ya no se supo nada.

La CNDH te defiende

Hasta el momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha salido con un pronunciamiento o al menos un comunicado para intervenir en el caso como lo establece la legislación que le dio origen, la titular de ese organismo, antes autónomo, solo se dedica a defender lo indefendible del gobierno federal.

Mientras tanto, diversas organizaciones civiles nacionales y organismos internacionales han manifestado su indignación por lo encontrado en ese rancho y recordado a las autoridades sus advertencias y ahora, exigen que intervengan conforme a derecho para hacerle justicia a las víctimas directas e indirectas.

Por ejemplo, Reinserta, como Asociación Civil que atiende a las infancias y adolescencias expuestas a la violencia, ha denunciado reiteradamente el reclutamiento infantil por parte de grupos criminales y las graves consecuencias que esto conlleva.

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Por medio de un comunicado señala que el descubrimiento de la fosa clandestina en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, utilizado como centro de adiestramiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “expone una vez más la brutalidad con la que opera el crimen organizado y la impunidad con la que se perpetúa la violencia en nuestro país. Este hallazgo es una muestra dolorosa del nivel de violencia al que están expuestos nuestras niñas, niños y adolescentes (NNyA).”

Recuerda que “el uso de menores de edad en actividades criminales no es nuevo, pero este caso demuestra la sistematización del reclutamiento forzado y la brutalidad con la que los grupos delictivos anulan su identidad. Nos preocupa que este caso no sea aislado, como se ha mencionado en horas recientes sobre otro posible campo de exterminio ubicado en Reynosa, Tamaulipas.
“El nivel de violencia e impunidad en nuestro país está alcanzando niveles alarmantes, y más preocupante aún pensar que existen autoridades locales rebasadas o coludidas. El estudio publicado por esta Asociación “Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada” revela que esta población no solo son secuestrados y explotados, sino que además son sometidos a un proceso de deshumanización y se les obliga a cometer actos atroces como parte de su entrenamiento. El adiestramiento al que son sometidos las NNyA los priva de su capacidad de empatía y los sumerge en una normalización de la violencia que dificulta el proceso de reinserción social y recuperación emocional.

Menores reclutados por el crimen organizado deben ser atendidos como  víctimas

“La existencia de colectivos de búsqueda como Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras no es un símbolo de esperanza, sino una consecuencia directa de la omisión del Estado, enfrentándose a los mismos grupos criminales que las autoridades han dejado operar con impunidad. Su labor, dolorosamente necesaria, es prueba de la ineficacia gubernamental en materia de seguridad y justicia.”

“Hacemos un llamado urgente para que las autoridades de todos los niveles convoquen e implementen una estrategia integral de prevención que frene el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Esta estrategia tiene que contar también con las bases de un programa de protección infantil que contemple la desvinculación y desmovilización de estos menores que han sido coptados. Asimismo, hacemos un llamado a la sensibilidad para que las familias buscadoras reciban el acompañamiento y la atención que necesitan, sin que su lucha dependa de su propio esfuerzo y resistencia.”

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (BMA) emitió un comunicado en el que condena enérgicamente la situación de violencia que se vive en el país y manifiesta su profunda preocupación por los alarmantes niveles de inseguridad que afectan a la población.

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Refirió que la Secretaría de Gobernación reportó que hasta el 30 de abril de 2023, se habían encontrados dos mil 863 fosas clandestinas. “Aunque dicha estadística no se ha actualizado, es común escuchar, cada semana, informes sobre nuevos hallazgos y pareciera que hemos perdido la capacidad de asombro y normalizado la desaparición forzada”.

En el comunicado de la Barra Mexicana de Abogados difundido este 12 de marzo se agrega:
“Este fin de semana un grupo de padres y madres buscadoras encontró en el rancho Izaguirre, de la comunidad de la Estanzuela, del municipio de Teuchitlán, Jalisco, tres crematorios, diversas fosas clandestinas, múltiples restos humanos y decenas de calzado, ropa e identificaciones. Este caso tiene mucha similitud con la masacre de 70 indocumentados en agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas; por ello, hacemos un llamado urgente a las autoridades federales, para que de manera expedita ejerzan de oficio la facultad de atracción con las que se encuentran investidos, a efectos que a la brevedad y con la debida diligencia sea investigada la identidad de las víctimas, se haga el resguardo de los datos de prueba y se investigue la omisión de las autoridades estatales en la prevención, investigación y penalización de los hechos que allí se cometieron, máxime que en este caso de Jalisco, el rancho referido, ya había sido asegurado hace cinco meses.

Dicho organismo de profesionales en Derecho hizo un llamada todas las instancias de seguridad, tanto federales como estatales, para que se fortalezcan las acciones de vigilancia y protección en la región, garantizando la seguridad de las personas y evitando que hecho tan lamentables se repitan.

Además, la BMA manifestó su empatía y reconocimiento a las “Madres Buscadoras”, quienes han demostrado valentía y coraje para llevar a cabo la búsqueda de desaparecidos, a pesar de que, han sido perseguidas, acosadas y hasta agredidas, física y emocionalmente por grupos delincuenciales y algunas autoridades.

Este comunicado lo suscribió la presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., Ana María Kudisch Castelló. Este hallazgo es una muestra más que a las autoridades del país no les interesa el destino de las personas desaparecidas, tarea que tiene que ser realizada por familiares de las víctimas.

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

LRE/MA

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