• Fiel a su costumbre Mario Villanueva Madrid el exgobernador de Quintana Roo reaparece acompañado de la polémica como desde el primer día en que fue acusado de nexos con el narcotráfico de manera injusta por el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León

• Asegura que los Estados Unidos tienen datos y que le ofrecieron llegar acuerdos a cambio de favorecerlo para que confirmara la relación de varios políticos de alto rango del gobierno mexicano con el crimen organizado

 

Redacción/CAMBIO 22

Y fiel a su costumbre Mario Villanueva Madrid el exgobernador de Quintana Roo reaparece acompañado de la polémica como desde el primer día en que fue acusado de nexos con el narcotráfico de manera injusta por el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, según ha narrado en otras ocasiones por negarles a sus hijos y hermanos realizar negocios  corruptos con el gobierno de Quintana Roo.

En entrevista concedida a la revista Proceso, asegura que durante su detención en los Estados Unidos fue interrogado sobre actividades ilícitas y le presentaron una lista de políticos mexicanos de quién el gobierno norteamiercano tiene sospechas sobre su participación en el narcotráfico.

En esos interrogatorios el ex gobernador de Quintana Roo ha mencionado un nombre en el cual el gobierno estadounidense tiene un particular interés Manuel Bartlett Díaz, el ex director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Además el mandatario quintanarroense asegura que le fue prssentada una lista de varios políticos de nuestro país aunque no menciona sus nombres.

A más de dos décadas de haber sido acusado y sentenciado a prisión por narcotráfico, el exgobernador priista Mario Villanueva Madrid señala directamente al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León de haber fabricado los cargos en su contra, en venganza por haberse negado a realizar negocios presuntamente ilícitos con familiares suyos en Cancún y la Riviera Maya con dinero del erario estatal.

“Fue por órdenes del presidente Zedillo, a través del procurador Jorge Madrazo Cuéllar, que se fabricó el expediente”, dice Villanueva durante una larga conversación con Proceso sostenida en su casa en Chetumal, donde ha pasado los últimos cuatro años en prisión domiciliaria.

 

Narcopolíticos, la Hipocresía

 

Con 76 años cumplidos y aquejado de complicaciones de salud por problemas del corazón y pulmones, el exgobernador de Quintana Roo permanece en esta casa bajo custodia de efectivos de la Guardia Nacional.

Le quedan por cumplir 14 años de la sentencia que recibió en México, que se sumó a un periodo de prisión en Estados Unidos cuando fue extraditado a ese país para enfrentar acusaciones similares.

Las últimas semanas las ha vivido con la incertidumbre de un posible retorno a la cárcel. Sabe que la Fiscalía General de la República (FGR) busca regresarlo a una celda para que purgue los años que le faltan.

“Puedo decir con toda confianza, porque los documentos avalan lo que señalo, que mi caso es el peor caso de corrupción de las autoridades de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, y del Poder Judicial, porque han torcido la ley de manera permanente desde el inicio de la fabricación del caso, con toda la intención de encarcelarme, lograrlo de por vida, para que yo muera en la cárcel”, sostiene.

La entrevista tuvo lugar a principios de marzo último, cuando Proceso visitó el domicilio ubicado en el norte de la capital quintanarroense, donde reside Mario Villanueva.

En su sala, el exgobernador habla rodeado de artesanías y pinturas que elaboró en prisión –algunas cuelgan de las paredes–, así como recuerdos del poder que ostentó. Insiste en su inocencia y, entre otras revelaciones, cuenta cómo autoridades de Estados Unidos le ofrecieron un acuerdo después de que fue extraditado,

para que confirmara la relación de varios políticos de alto rango del gobierno mexicano con el crimen organizado.para que confirmara la relación de varios políticos de alto rango del gobierno mexicano con el crimen organizado.

Villanueva sólo menciona un nombre: Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Tienen información…”

Estos datos son un Fragmento del reportaje publicado en la edición 0022 de la revista Proceso, correspondiente a abril de 2025.

 

La Historia de Manuel Bartlett y el Caso Camarena

 

El caso de Enrique ‘Kiki’ Camarena, un agente encubierto de la Administración de Control de Drogas (DEA) secuestrado, torturado y asesinado en febrero de 1985 en Jalisco, es uno de los más emblemáticos en la historia del crimen organizado.

Después de dos días de intensas golpizas e interrogatorios, Camarena fue asesinado por hombres del Cártel de Guadalajara con un tubo de metal. La causa certificada de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico por un impacto directo en la cabeza. Su homicidio detonó una intensa presión de Estados Unidos contra el Gobierno de México, lo cual llevó a la desarticulación de la cúpula del grupo criminal.

A 39 años de aquel suceso, la antropóloga Ieva Jusionyte y los periodistas Juan Alberto Cedillo y Ioan Grillo dieron a conocer un documento desclasificado del Gobierno de EEUU que refleja las sospechas existentes, al menos desde 1986, de la posible vinculación de Manuel Bartlett Díaz con el crimen.

El memorándum fue enviado desde la Embajada de EEUU en la Ciudad de México al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en marzo de 1986. La y los especialistas citados previamente lo obtuvieron después de dos años de solicitudes de información.

Dicho mensaje establece que la oficina diplomática en la capital mexicana tenía “fuertes sospechas de que las actividades de protección para narcotraficantes posiblemente llegaron al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Si bien se trata solamente de sólidas sospechas debido a los indicios de corrupción generalizada y las actividades de extorsión de [censurado], no es difícil concluir lógicamente que estas actividades, en última instancia, benefician a los principales líderes del gobierno mexicano”.

Otro fragmento del comunicado señala que una fuente confidencial en el extranjero —posiblemente un funcionario mexicano— tenía especulaciones sobre Bartlett respecto a este asunto. Sin embargo, los detalles del testimonio están censurados. Aunado a ello, se especifica que la vida de uno de sus informantes podía correr peligro por hablar con agentes estadounidenses.

Declaraciones de funcionarios del Departamento de Justicia de EEUU, retomadas por el periodista Jesús Esquivel para Proceso en 2021, señalan que Bartlett —aún director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— podría ser detenido si pisa aquel país, ya que su nombre ha sido mencionado en múltiples testimonios del caso.

Varios documentos de la investigación sostienen que Manuel Bartlett, presuntamente, habría participado en reuniones con criminales y funcionarios antes del secuestro y después del asesinato de ‘Kiki’ Camarena. En junio de 2021, Bartlett calificó tales señalamientos como “una falacia”.

El 23 de marzo de 2023 el juez federal John A. Kronstadt, adscrito a la Corte del Distrito Central de California, ordenó que se reabriera el juicio debido a que, en su momento, el FBI habría presentado evidencias carentes de sustento contra Raúl López Álvarez, expolicía judicial de Jalisco.

López Álvarez fue detenido en octubre de 1987 y, según sus propios argumentos, le mintió a un agente de la DEA al decir que había asesinado a ‘Kiki’ Camarena. Supuestamente, exageró su relación con el caso para convencer a todos de que era un narcotraficante de alto nivel y, de esta forma, crear amistades con los líderes del Cártel de Guadalajara. El juez Kronstadt ordenó su liberación en junio de 2023, tras casi cuatro décadas en prisión.

Con Datos de Proceso/Sistema de Notícias CAMBIO 22/Infobae

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