Marinos “Aviadores” en la Secretaría de Seguridad Ciudadana

• El rostro oculto del privilegio militar en Quintana Roo

• El aparato institucional se mantiene secuestrado por un esquema de privilegios que responde más a lealtades verticales que a principios de mérito o servicio público

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 22 de julio. – Mientras policías estatales son obligados a soportar jornadas laborales de hasta 24 horas con descansos mínimos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo opera bajo un esquema de privilegios inaceptables para un grupo de 62 elementos activos de la Secretaría de Marina Armada de México. Estos marinos, dados de alta formalmente dentro de la dependencia estatal, no realizan funciones operativas reales y, según fuentes internas, solo se presentan para firmar nómina, exámenes médicos o trámites administrativos, manteniendo un estatus de “aviadores” con total impunidad.

La situación resulta aún más ofensiva cuando se considera que estos elementos cobran doble viático, mientras que sus pares civiles enfrentan condiciones laborales precarias y extenuantes sin ningún tipo de compensación adicional. Esta desigualdad flagrante es posible gracias a la complacencia del capitán de navío Julio César Gómez Torres, actual titular de la dependencia, quien no solo tolera, sino avala este modelo de simulación institucional en detrimento del personal operativo que sí cumple funciones en campo.

El discurso de disciplina y eficiencia que acompaña a la militarización de la seguridad pública en Quintana Roo se derrumba ante esta evidencia. No se trata de estrategia, se trata de conveniencia. Las plazas ocupadas por estos marinos ausentes bien podrían destinarse a jóvenes quintanarroenses con vocación de servicio, quienes enfrentan barreras para ingresar a la corporación. En cambio, el aparato institucional se mantiene secuestrado por un esquema de privilegios que responde más a lealtades verticales que a principios de mérito o servicio público.

Este modelo autoritario y excluyente erosiona la legitimidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y genera un profundo malestar entre los elementos de base, quienes ya se organizan y comienzan a dar seguimiento a estas irregularidades. La administración estatal, que presume un gobierno cercano a la gente y comprometido con la justicia social, tiene ante sí la obligación de revisar y corregir esta práctica que contradice frontalmente los principios de equidad, eficiencia y legalidad. Mientras no se liberen estas plazas y se investigue a fondo esta red de protección, hablar de transformación en la seguridad pública será, simplemente, una simulación más.

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