Mara Lezama Refinanciará Deuda de 263 Millones de Pesos que No Fue Reestructurada por Carlos Joaquín

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 8 de diciembre.-La gobernadora Mara Lezama Espinosa pidió autorización al Congreso de Quintana Roo para refinanciar una pequeña parte de la abultada deuda pública que dejaron los tres gobiernos anteriores, en busca de mejores condiciones financieras que permitan reducir un poco su carga, por un monto un poco mayor a los 263 millones de pesos.

También pidió autorización para sustituir los instrumentos de cobertura de intereses de los créditos contratados por Carlos Joaquín, a fin de conseguir mejores condiciones de tasa de interés que las actuales.

Aunque no presentó una iniciativa de decreto aparte para estas autorizaciones, ambas fueron incluidas en su propuesta de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, siendo la primera para refinanciar una deuda contratada como cupón cero con Banobras en el gobierno de Roberto Borge y que no entró entre los créditos reestructurados por el gobierno de Carlos Joaquín.

La autorización que los diputados de la XVII Legislatura le darán para este primer caso indica la contratación de financiamiento por un monto de hasta 262 millones 861 mil 190 pesos, sin incluir intereses, más las cantidades necesarias para la constitución de los fondos de reserva del financiamiento.

El destino del crédito será el refinanciamiento del contrato de crédito de fecha 22 de noviembre de 2012 celebrado por el estado con Banobras, al amparo del programa federal Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad Pública, por la cantidad de 273 millones 394 mil 812 pesos, cuyo saldo insoluto al 31 de octubre de 2022 asciende a la cantidad de 262 millones 861 mil 190 pesos y la constitución del fondo de reserva correspondiente.

Los artículos siguientes dicen que el estado tendrá como opción preferente utilizar el nuevo crédito para refinanciar esa deuda con Banobras, sin utilizar recursos del bono cupón cero, para redimir anticipadamente dicho bono en beneficio del Estado.

Si no se puede hacer esto, indica que se aplicarán los recursos derivados del bono cupón cero a la amortización anticipada de esa deuda con Banobras, en los términos previstos en el contrato de crédito, y el monto remanente del saldo insoluto se refinanciará con el nuevo crédito que se contrate con la autorización actual.

El crédito que se contratará para el refinanciamiento se pagará en un plazo de hasta 20 años, que es el promedio del plazo que tiene el grueso de la abultada deuda pública directa de Quintana Roo.

Y para su pago, el Ejecutivo podrá afectar como fuente hasta el 3 %  de las participaciones federales que corresponden al gobierno del estado.

Indica el proyecto que el crédito para refinanciamiento deberá contratarse en términos de la

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, la cual indica que sólo serán legales las operaciones de refinanciamiento o reestructuración que ofrezcan mejores intereses o mejore plazos a la entidad.

Sin embargo, a pesar del compromiso con la transparencia financiera que ha expresado el nuevo gobierno, en la exposición de motivos de la iniciativa se omitió por completo incluir una explicación de la justificación del cambio del cupón cero por un nuevo crédito, y cuales con las mejores condiciones que se obtendrán con el refinanciamiento.

Asimismo, en la presentación pública realizada del Paquete Fiscal para el 2023, la gobernadora Mara Lezama y el secretario de Finanzas y Planeación, Eugenio Segura, tampoco informaron sobre este refinanciamiento de deuda, a pesar de que señalar que realizarían un saneamiento de la administración pública estatal.

Tampoco explican la afectación que tendrá sobre el saldo total de la deuda directa del estado, que al 30 de septiembre pasado señala que era de 19 mil 674 millones 854 mil 747 pesos, pero por tratarse de un refinanciamiento se espera que no aumente.

Lo único que señalan en los artículos del proyecto es que al contratarse el crédito, se modificarán la Ley de Ingresos, para consignar los recursos obtenidos, y el Presupuesto de Egresos, para indicar las cantidades de amortizaciones que tenga que realizarse en el mismo ejercicio fiscal.

La segunda autorización relativa a deuda que se incluye en la Ley de Ingresos del Estado para el 2023, es para que el gobierno pueda refinanciar o reestructurar 6 instrumentos de intercambio de tasas de interés asociados a créditos, contratados con Banorte por Carlos Joaquín, en busca de mejores condiciones.

Estos instrumentos derivados, también conocidos como swaps, permiten al estado convertir en tasa fija las tasas variables de los créditos contratados, por un cierto periodo de tiempo, a fin de evitar los riesgos de las alzas intempestivas de intereses.

Los instrumentos contratados por Carlos Joaquín cuando reestructuró lo deuda en 2020 indican que a partir de septiembre del 2023 el estado pagará una tasa fija de 9.45 % sobre los saldos de los créditos reestructurados de la deuda histórica, pero el gobierno actual considera que puede conseguir mejores condiciones de tasa y buscará sustituirlos.

Por eso, la autorización es para que la gobernadora pueda dar por terminados anticipadamente los instrumentos derivados vigentes y contratar nuevos que absorban en las nuevas tasas fijas los costos del rompimiento anticipado, además de mejorarlas.

No obstante, las justificaciones y las ventajas de esta renegociación tampoco están explicadas en la exposición de motivos de la iniciativa, faltando a la transparencia prometida.

Cabe mencionar que ambas autorizaciones estarán vigentes sólo durante el 2023, por lo que nada más pueden utilizarse en ese año.

franciscohcambio22@gmail.com

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