mayo 21, 2024 12:41

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Renán Castro Madera, Director General

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  • La gobernadora del estado mandó a la XVII Legislatura la iniciativa de reforma constitucional para eliminar los candados legales que impiden reducir esas partidas en el Presupuesto de Egresos 

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22 

CHETUMAL, 16 de noviembre.- La gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, anunció en la mañana de este miércoles que remitió al Congreso de Quintana Roo una iniciativa de reforma constitucional para eliminar las disposiciones que prohíben disminuir el presupuesto anual a los órganos autónomos y a los poderes Legislativo y Judicial.

La titular del Poder Ejecutivo dijo que esto lo hace tal como lo prometió y anunció en su toma de protesta, y la presenta a cuatro días de que se cumpla el plazo legal para que entregue a la XVII Legislatura las iniciativas del Paquete Fiscal del 2023, que contendrán su plan de gasto público para el próximo año.

En un video que difundió en sus redes sociales, Mara Lezama Espinosa dijo que envió esa iniciativa porque tiene la convicción de que es una cuestión de justicia social.

No busca de ninguna manera debilitar a algún órgano autónomo o a algún poder; por el contrario, se pretende ahorrar y eficientar el manejo de los recursos públicos, y destinarlos a donde más se necesita, a la gente que más lo requiere”, explicó.

Manifestó que el nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo que promueve su gobierno demanda un cambio profundo y una transformación en la aplicación y destino del gasto público.

En este sentido, también dijo que demanda eliminar cualquier tipo de privilegio entre las y los servidores públicos.

“Estoy segura que las y los diputados, así como las y los integrantes del Poder Judicial y los órganos autónomos, se sumarán a esta iniciativa que tiene como sustento el sentimiento de un mandato popular”, expresó.

Afirmó que, además de esta iniciativa, en el gobierno del estado han iniciado un programa de austeridad republicana,

“para comenzar en casa, para predicar con el ejemplo, que seguramente, y así lo deseamos, tendrá el eco en el resto de las demás instituciones del estado”.

Cabe mencionar que esta es la primera iniciativa legislativa que presenta en su administración la gobernadora Mara Lezama, pero no es la primera ni la única que se ha presentado con la propuesta de eliminar los candados constitucionales que impiden la reducción del presupuesto anual de los órganos autónomos y poderes del estado.

Esto se debe a que, en pleno desarrollo de la campaña electoral por la gubernatura, en abril pasado la XVI Legislatura del Congreso del Estado dio entrada una iniciativa con la misma propuesta de reforma constitucional, presentada por los entonces diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) José de la Peña Ruiz de Chávez y Tyara Schleske de Ariño.

La iniciativa no fue atendida en lo que quedó de la gestión de la XVI Legislatura, pero tampoco fue desechada, por lo que fue heredada a la XVII Legislatura en el paquete de casi 400 iniciativas sin someter a votación que dejó.

Cabe mencionar que, desde el 2016, la Constitución del Estado establece que a los poderes Legislativo y Judicial y a los órganos autónomos constitucionales, que son la Fiscalía General del Estado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado, no se les puede reducir el presupuesto con respecto al año anterior; es decir, cada año se les debe respetar un presupuesto que al menos sea semejante al que ejercieron en el ejercicio fiscal pasado.

En la iniciativa de reforma que presentó a la Legislatura pasada el PVEM, argumentando las necesidades presupuestarias que generó la crisis de la pandemia del Covid-19, se considera necesario

“eliminar barreras que impiden la reducción de gasto otorgado a los Poderes o a los Órganos Autónomos en la definición de su presupuesto, ya que actualmente la Constitución del estado prevé que el presupuesto de egresos de los antes mencionados no pueda sufrir una disminución en relación al autorizado en el año inmediato anterior”.  

Esta propuesta considera que de esta forma se logrará eficientar el gasto público y los recursos cada vez más escasos para hacer frente a las necesidades del estado, lo cual identifica principalmente con la de hacer frente a las demandas del sector salud en la pandemia.

Pero cabe resaltar que la XVI Legislatura no quiso aplicarse a sí misma esta medida, a pesar de que le tocó aprobar dos presupuestos en medio de la emergencia sanitaria, en los cuales no redujo en un solo peso la asignación para el Congreso del Estado, gran parte del cual lo gastan directamente los diputados de manera opaca; al mismo tiempo que autorizó al Poder Judicial incrementos en los que el principal destino fue duplicar el sueldo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia a más de 200 mil pesos mensuales, un notorio abuso de sus potestades internas.

 

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GCH

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