Manto de Opacidad de la 4T Protege a la Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, está alejada de la ética política, de los principios ideológicos de la 4T, así como de la transparencia y la rendición de cuentas, obligaciones que tiene como servidora pública, porque es el pueblo el que le paga su salario y por él es que se ha convertido multimillonaria, sin embargo, se burla de quien le paga, al esconderle todo tipo de información con que demuestre que está trabajando conforme a la ley y que su riqueza es producto del salario que percibe mes tras mes como presidenta municipal.

Maricarmen Candelaria Hernández Solís, a pesar de los bienes que ostenta desde que llegó a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, en la versión pública de la actualización de su declaración patrimonial del último trimestre de 2024, del primero de octubre  al 31 de diciembre, solo informó del salario que percibió durante ese periodo, los tres primeros meses de su nuevo gobierno, a pesar que la ley la obliga a que informe de todos sus ingresos, propiedades, vehículos, incluso los que adquiera en copropiedad o los que adquieran su pareja o dependientes económicos.

En la actualización de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses presentada el día 7 de enero de 2025  ante la Contraloría Municipal informó que tuvo un ingreso neto de 321 mil 600 pesos. Todos los demás rubros los dejó en blanco o simplemente no quiso informar al pueblo de Felipe Carrillo Puerto como ha ido incrementado su fortuna desde que asumió el poder a partir del 30 de septiembre de 2021.

El mismo ingreso reportó para los tres primeros trimestres de 2024. Para el primer trimestre de 2025, la protección de la 4T en materia de transparencia y rendición de cuentas la protegió y ante la desaparición del INAI, toda la información sobre la declaración patrimonial y de intereses de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto y de las demás personas servidoras públicas de ese ayuntamiento está guardada en un cajón bajo llave, para que la ciudadanía no se entere de su bonanza.

Con información que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que operaba el desaparecido INAI se establece que Maricarmen Candelaria Hernández Solís, como presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, durante el cuarto trimestre de 2023, tuvo un salario mensual bruto de ciento ocho mil 398 pesos y el neto fue de 81 mil 26 pesos.

En el rubro denominado sistemas de compensaciones obtuvo en ese periodo un ingreso neto de $24,389.92 cada quince días; su prima vacacional neta por cada semestre fue de $10,895.00

Por concepto de dieta, cada quince días recibió 16 mil 123 pesos netos.

Lo que resulta una remuneración neta como presidenta municipal de 162 mil 51 pesos con 84 centavos, por tres meses se eleva a 486 mil 155 pesos con 52 centavos, más la parte proporcional a su prima vacacional.

Sin embargo, en la modificación a su declaración patrimonial del cuarto trimestre de 2023 solo declaró un ingreso neto de 321 mil 600 pesos.

El resto de la información sobre su patrimonio, que por ley debe registrar en su declaración patrimonio, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, la omitió, incluso, no presentó su constancia de situación fiscal, a pesar de que en todo el municipio se sabe de sus negocios y de las operaciones de compraventa de inmuebles que realiza.

Hay que recordar que el Artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece las circunstancias en que una persona servidora pública defrauda al fisco, pero esto no le importa a la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien en sus declaraciones patrimoniales omite parte de su patrimonio, como un predio valuado en un millón 462 mil 656 pesos y una camioneta valuada por casi  dos millones de pesos.

Si en Quintana Roo la Secretaria de la Contraloría del Estado (Secoes) funcionara ya le hubiera iniciado una investigación y sancionado por sus acciones u omisiones.

Este ordenamiento legal, obliga a las personas servidoras públicas  a presentar y hacer pública la información de sus ingresos, bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles y otro tipo de valores; sin embargo Mary Hernández no declaró el predio que adquirió por 750 mil pesos, debajo de su valor real para pagar menos impuestos, evadiendo al fisco.

La transparencia y la rendición de cuentas como principios constitucionales no han desaparecidos, mucho menos las leyes secundarias en la materia, por lo que como servidora pública tiene que responder con transparencia y a las obligaciones que le marca la ley.

En los documentos del registro público de la propiedad del estado de Quintana Roo y que obran en nuestro poder del nueve de noviembre de 2023 compró el predio al ex presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Gabriel Carballo Tadeo. El predio está identificado como lote 001, ubicado en la calle 48, entre 55 y 53 “A” en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. La operación de compra-venta se realizó ante el Notario Público No. 23 Juan Pablo Calzada Carrillo, con residencia en la ciudad de Chetumal.

En el avalúo del inmueble, que por ley le exige a los notarios el Servicio de  Administración Tributaria (SAT) para evitar la evasión fiscal o fraude fiscal, el terreno que vendió Pato Carballo estaba valuado en un millón 462 mil  656 pesos, con 92 centavos, pero para evadir al fisco la transacción fue realizada por el valor de 750 mil pesos.

Evadieron los impuestos de 712 mil 656 pesos con 92 pesos.

Sin embargo, el valor catastral tiene una gran importancia fiscal, ya que se utiliza para calcular impuestos como el IBI o la plusvalía municipal. Por lo tanto, si se vende un predio por debajo del valor catastral, se puede incurrir en un fraude fiscal, que puede ser sancionado con multas e intereses.

Según el Artículo 108, el delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de tres meses a seis años si el monto de lo defraudado no excede de mil veces veces el salario mínimo; cuando exceda, la pena será de tres a nueve años de prisión.

La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Candelaria Hernández Solís ha incrementando sus percepciones como presidenta municipal, pero aún así, no le es suficiente para el nivel de vida que tiene ella y su familia, así como sus inversiones en bienes inmuebles, vehículos y actividades empresariales. El conocido refrán dice: el sacristán tiene cerería, ¿de donde la sacaría?

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