Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL 9 de junio.- La segunda demanda de controversia constitucional presentada por el Poder Judicial de Quintana Roo contra la XVII Legislatura del estado y la gobernadora Mara Lezama, dirigida contra al decreto del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023 y que ya fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aclara que el pleito real en la cúpula del gobierno estatal es por más de 350 millones de pesos de presupuesto y por legalizar el privilegio de los magistrados de gozar de sueldos muy superiores al de la titular del Poder Ejecutivo local.

En la segunda controversia constitucional promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados locales abiertamente demuestran que están en contra del Nuevo Acuerdo tan publicitado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, y especialmente se oponen a su política de austeridad, de modo que estos principios a las altas cúpulas del poder político del estado no le aplican, ya que cuentan con recursos para contrarrestarlos, y como siempre, se imponen sólo a los sectores y funcionarios que están debajo de ellos.

En este caso, el Poder Judicial advierte de violaciones a su autonomía presupuestal y al principio de irreductibilidad presupuestal, además de alegar afectaciones a derechos, que, de ser reconocidas por la SCJN en los términos de la demanda, resultará no sólo en que los magistrados podrán ponerse los sueldos que quieran sin respetar parámetro limitante alguno establecido en ley, sino en que también podrán fijarse el presupuesto anual de gasto que dispongan, sin que el Congreso pueda modificarlo.

Pelea por las altas remuneraciones

Para eso, en esta controversia constitucional, presentada el 11 de febrero pasado y marcada con el número de expediente 161/2023, los magistrados del Poder Judicial de Quintana Roo acusan a los poderes Legislativo y Ejecutivo de una invasión de competencias por entrometerse en sus remuneraciones, escudándose en las de su personal, y se quejan de que se les quiere sujetar a la remuneración fijada para la gobernadora del estado, lo que a decir de ellos, es una medida con la que al Poder Judicial se le subordina al Poder Ejecutivo.

En consecuencia, demandaron que la Corte declare la invalidez constitucional del artículo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual establece que: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño su función, empleo o comisión mayor a la establecida para la Gobernadora del Estado”.

Los magistrados del Poder Judicial también se quejaron de que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, que preside el diputado verdeecologista Renán Sánchez Tajonar, le dirigió el oficio CHPC-008-2023, en el que se comunica una observación respecto a su tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal de 2023, en el sentido de advertirles que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la de la Gobernadora, oficio al que, por cierto, no le hicieron caso, pues no se bajaron los insultantes sueldos.

Al respecto, cabe recordar que en el 2020 y 2021, los años álgidos de la pandemia del Covid-19, cuando la mayoría de los quintanarroenses padecían hasta hambre por desempleo o reducción de ingresos, los magistrados y consejeros del Poder Judicial se aumentaron al doble sus remuneraciones, que pasaron de 100 mil 48 pesos mensuales a 213 mil pesos mensuales en el caso de los magistrados numerarios, de 100 mil 48 pesos mensuales a 211 mil pesos mensuales para los consejeros de la Judicatura, y de 113 mil pesos a 265 mil pesos mensuales en el caso del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Así, mientras a los jueces y secretarios de acuerdos los mantuvieron sin ajustes mínimos de sus remuneraciones, todo el aumento de presupuesto que el Poder Judicial tuvo en 2020 en comparación del 2019, que fue de 16 millones 650 mil pesos, lo aplicaron a duplicarse el sueldo los magistrados y consejeros.

Y lo hicieron no obstante de que, a partir de ese momento, entraron en violación flagrante de la regla que ya los obligaba a respetar como tope el sueldo del gobernador del estado, misma regla que ya era incluida cada año en el Presupuesto de Egresos, porque además, previa y originariamente, se encuentra establecida en el artículo 165 de la Constitución Política del Estado, mismo que el Poder Judicial está obligado a observar en la elaboración de su anteproyecto de presupuesto y sus tabuladores, de acuerdo al artículo 109 de la misma constitución.

Actualmente, los magistrados y consejeros, con sus sueldos superiores a los 200 mil pesos mensuales, y en el caso del presidente del Poder Judicial cercano a los 300 mil pesos, superan por mucho la remuneración mensual fijada para la gobernadora del estado, que es de 143 mil 463 pesos mensuales, según el tabulador oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Por lo tanto, los magistrados y consejeros ganan alrededor de 70 mil pesos en exceso, mientras que el presidente del Poder Judicial, Heyden Cebada Rivas, supera en 122 mil pesos el sueldo de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, por lo que claramente este es el parámetro objetivo para considerarlos, no sólo abultados, sino inconstitucionales, y todas estas diferencias suman una bolsa de más de 14 millones de pesos al año.

Pelea por aumento de presupuesto

Por otra parte, junto a este reclamo, el Poder Judicial se queja de que fue indebido que se le modificara el monto de dinero pedido en el anteproyecto de presupuesto que presentó al Poder Legislativo, que era por un total de 1,070 millones de pesos, pues al final sólo el autorizaron 714 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos del 2023.

Los magistrados afirmaron que la reducción fue ilegal, porque primero el Poder Ejecutivo le restó 349 millones de pesos y en su iniciativa de presupuesto presentó una asignación para el Poder Judicial por 721 millones de pesos, cantidad que posteriormente el Poder Legislativo disminuyó, para asignarle al final 714 millones de pesos como presupuesto del 2023.

En este sentido, en su demanda el Poder Judicial de Quintana Roo pide que la SCJN nulifique el presupuesto que le asignó el Congreso del Estado y ordene que se le autorice el monto total que solicitó en su anteproyecto, por 1,070 millones de pesos; es decir, pelea por obtener un aumento de alrededor de 356 millones de pesos este mismo año, y como consecuencia, que el Congreso no pueda modificar el anteproyecto de presupuesto que presente el Poder Judicial.

Poder Judicial perdió primer round, pero la controversia sigue

Sobre estos dos puntos, junto con la demanda de controversia constitucional, que fue admitida, el Poder Judicial solicitó la emisión de una suspensión de actos, para que, de manera inmediata, se le concediera el aumento de más de 300 millones de pesos y la legalización de sus sueldos superiores a los de la gobernadora, durante el tiempo que dure el juicio y antes de dictarse sentencia, alegando que así se protegerían derechos.

Pero, como ya se informó en nota aparte, a pesar de que el ministro instructor dictó la admisión de la demanda, les negó la suspensión de actos, porque era improcedente en todos sus términos lo pedido por los magistrados en ese momento procesal.

En el incidente de suspensión, en el caso de sus sueldos, el Poder Judicial pidió que la SCJN les concediera la protección legal de los mismos, considerando que se trataba de evitar transgresiones definitivas e irreparables a sus derechos, y porque el Congreso del Estado les estaba exigiendo bajárselos.

Sin embargo, el ministro les negó lo pedido por considerar que el caso de ellos no es equiparable a ninguno de los casos en los que la SCJN ha concedido suspensiones en contra de afectaciones de remuneraciones de funcionarios que se consideraron irreparables.

Asimismo, el ministro les indicó que, si bien la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso local les pidió ajustar su tabulador de sueldos, “no se aprecia hasta ahora ninguna muestra de que hubiera ocurrido una reducción en las remuneraciones de las y los servidores públicos integrantes del Poder Judicial actor a partir de las normas reclamadas en esta controversia”; es decir, consta que los magistrados del Poder Judicial no se han bajado el sueldo al nivel del de la gobernadora del estado.

De la misma forma, en el caso de la petición de que le asignaran en la suspensión los 300 millones de pesos de aumento que pide, el ministro le dijo al Poder Judicial que eso se debe decidir en el estudio de fondo de la demanda, pero además le indicó que no hay una afectación evidente al principio de irreductibilidad presupuestal que invocó, puesto que el presupuesto que tenía en el 2022 era de 705 millones de pesos y en el 2023 le dieron 714 millones de pesos, por lo que no hay reducción presupuestal visible de un año a otro para invocar afectación.

Por lo pronto, el Poder Legislativo y el Ejecutivo de Quintana Roo están encausados de nuevo a otro pleito jurídico por el Poder Judicial, pese a que estos dos han renunciado a las facultades de reducirles el presupuesto con una reforma constitucional aprobada el pasado lunes, y es un pleito por mucho dinero, porque se trata de obtener un aumento de más de 350 millones de presupuesto por encima de lo aprobado por el Congreso, y de pelear la legalización de más de 14 millones de pesos al año que se embolsan los magistrados como excedente en sueldos por encima del de la gobernadora del estado.

 

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