Magistrados del Poder Judicial de Quintana Roo Violaron la Ley de Disciplina Financiera para Duplicarse el Sueldo

Francisco Hernández / CAMBIO 22

CHETUMAL, 7 de abril.- El aumento a más del doble de la remuneración mensual de los magistrados numerarios y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en el año 2020 fue ilegal, porque violó las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que establece un tope para el aumento anual que se puede aplicar al presupuesto destinado al rubro de Servicios Personales, que se refiere a los sueldos.

Como consecuencia del atracón que se dieron los magistrados para duplicarse el sueldo de 100 mil 213 mil pesos en plena pandemia del Covid-19, el Poder Judicial de Quintana Roo rebasó en más de 8 millones de pesos el tope permitido por la Ley de Disciplina Financiera, por lo que fue requerida de aclaraciones por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la fiscalización de la Cuenta Pública de la Federación del 2020.

Además, la observación realizada derivó en la interposición de un procedimiento de sanción administrativa ante la Contraloría Interna del Poder Judicial, contra los funcionarios que resulten responsables, sin que hasta el momento se conozca que acción se tomó, aunque puede presumirse que, siendo un órgano propio del órgano local, no se sancionó a nadie, porque de haberse hecho tocaría a los funcionarios de más alto nivel, por tratarse de los que autorizan el presupuesto para servicios personales.

La ilegalidad cometida en el aumento del presupuesto para pago de sueldos en el Poder Judicial fue informada por la Auditoría Superior de la Federación en la segunda entrega del Informe del Resultado de la Cuenta Pública del 2020, en la que revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2020.

Allí se estableció que el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo infringió la normativa, principalmente la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que la asignación global de servicios personales para el ejercicio fiscal 2020 rebasó el límite establecido en la normativa, además de que el monto pagado en ese concepto sobrepasó dicho límite, lo que generó un importe por aclarar de 8 millones 69 mil pesos.

Se expuso que el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no padeció recortes presupuestales en el fatídico 2020, año del inicio de la pandemia del Covid-19, porque tuvo inclusive recursos adicionales a su presupuesto que significaron un aumento de 41 % respecto a lo que tenía autorizado.

Por eso tuvo un presupuesto modificado al cierre del ejercicio fiscal 2020 por 732 millones 411 mil pesos,  producto de que tuvo una ampliación de 30 millones 725 mil pesos sobre su techo financiero original.

Pero al asignar el destino del presupuesto, los magistrados dieron prioridad a la duplicación del monto de sus sueldos, como ya se mostró, que de 100 mil pesos pasaron a 208 mil en el 2020 y luego, a 213 mil pesos en el 2021.

Al realizar esta ampliación del presupuesto para sueldos, el Poder Judicial rebasó el porcentaje permitido por la Ley de Disciplina Financiera para el incremento de recursos destinados al concepto de servicios personales, pues en lugar de aumentarlos hasta el tope permitido de 5 %, le asignó un aumento de 7.7 % a ese presupuesto.

Detalla el informe que en su presupuesto 2020, al capítulo 1000 Servicios Personales le asignaron 595 millones 1.3 mil pesos, importe que presentó un incremento respecto del monto del 2019 por 42 millones 286 mil pesos, que representó el 7.7%, por lo cual excedió el límite establecido del porcentaje de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio presupuestado.

El monto máximo del presupuesto para servicios personales debió ser de 580 millones 682.7 mil pesos, por lo que el exceso detectado en la presupuestación inicial fue de 14 millones 318.6 mil pesos.

La Auditoría Superior señala que por lo anterior pidió a la Dirección de la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo que iniciara el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se integró el expediente número 051/2021.

Pero además se indica que sobre esa cantidad que aprobó, el Poder Judicial incrementó otros 4 millones 211.5 mil de pesos en el 2020 al presupuesto de servicios personales, que finalmente quedó autorizado en 599 millones 212.8 mil de pesos.

Sin embargo, el Poder Judicial en el 2020 no pagó el total de esa cantidad, sino que cubrió 588 millones 751.8 mil de pesos, quedando sin usar 18 millones de pesos.

Pero como el límite legal que debió respetar el Poder Judicial para aumentar este presupuesto era de 580 millones 682.7 mil pesos, de todos modos rebasó el tope permitido por la ley por 8 millones 69.1 mil pesos.

Por este gasto realizado la ASF hizo una solicitud de aclaración, para que el Poder Judicial de Quintana Roo aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de los 8 millones 69 mil 99.91 pesos, que constituyen el monto pagado que efectivamente sobrepasó el límite máximo permitido en la asignación global de servicios personales determinado de acuerdo con el cálculo establecido en la normativa.

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se notificaron al Poder Judicial, para que en un plazo de 30 días hábiles presentara la información y realizara las consideraciones que estime pertinentes.

La ASF advirtió de que las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y

consideraciones que en su caso proporcione el Poder Judicial, podrán atenderse o no, solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco jurídico que regule la materia.

Se indica además que el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo presentó en una sección específica de su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende un analítico de plazas

y el desglose de todas las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando todas sus percepciones ordinarias y extraordinarias, incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, así como las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral.

Pero para cuando la Auditoría Superior de la Federación hizo esta denuncia en la contraloría del Poder Judicial y le requirió la aclaración, que fue en octubre del 2021, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado ya se habían autorizado el segundo aumento de sueldo que los dejó con pagos de 213 mil pesos mensuales.

Por el momento, todavía no se conoce el resultado del expediente administrativo abierto por el exceso en el aumento del presupuesto para pago de sueldos ni del seguimiento realizado por el órgano fiscalizador sobre las aclaraciones exigidas al Poder Judicial quintanarroense.

franciscohcambio22chetumal@gmail.com

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