Redacción/ CAMBIO 22

En lugar de enfocarse en cumplir con su papel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dedica una parte de sus recursos a la compra de artículos promocionales y de uso personal para revenderlos en su Kiosco Institucional.

En ella se pueden encontrar plumas, llaveros, pines, sacapuntas, bolígrafos, termos, maletines, carteras, tarjeteros, carpetas, tazas, corbatas, y hasta mascadas de la exclusiva marca mexicana de diseñador Pineda Covalín, personalizadas con el logo de la institución.

El Kiosco opera cuando menos desde el 2012 con una tienda física en la sede de la SCJN, localizada en la calle José María Pino Suárez no. 2 en el Centro de la Ciudad de México. Sin embargo, en recientes años sus artículos han cobrado notoriedad gracias a su tienda virtual en donde se puede ver todo el catálogo de artículos que están a la venta.

De vez en cuando, la Corte utiliza sus redes sociales para invitar a la población a visitar la tienda y adquirir alguno de los souvenirs que están en oferta, pero la respuesta no ha sido del todo benévola. Para algunos usuarios, resulta ofensivo que la SCJN dedique una de sus áreas a la actividad comercial, tal como puede verse en la forma que contestaron a una publicación que data de diciembre del 2021.

“La nueva SCJN convertida en bazar. Un tribunal que entremezcla actividades mercantiles con la alta responsabilidad de garantizar el orden constitucional en la solución de asuntos jurisdiccionales de gran trascendencia para la sociedad mexicana”, escribió un usuario.

“Deberían vender respeto y dignidad malditas basuras, el poder judicial es el cáncer de México”, comentó uno más.

En otro momento las críticas probablemente pasarían desapercibidas, pero el despilfarro de recursos que ha hecho la Corte en la adquisición de bienes de consumo que los Poderes Legislativo y Ejecutivo han calificado de “superfluos”, así como los sueldos excesivos de los ministros que prácticamente duplican al del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no pueden ignorarse.

En el 2023 los ministros se dieron un gran festín con los recursos del erario público. Como si se tratara de dinero suyo, ordenaron la compra de muebles, distintivos, bebidas, snacks, contrataron un servicio de tintorería y mantelería, pagaron la renta de vehículos y estacionamiento, y también gastaron en la organización de torneos de boliche, futbol, talleres de yoga y baile.

El derroche ha sido documentado por Polemón y otros medios independientes que se han dado a la tarea de revisar los gastos de la SCJN a través de los mecanismos de transparencia.

En un reportaje anterior Polemón exhibió que los ministros habían utilizado su presupuesto para la contratación de un servicio de lavandería, recursos para comprar café, refrescos, galletas, mobiliario de oficina y hasta para gastarse medio millón de pesos en el mantenimiento de macetones y jardinería.

Algunas de esas compras se hicieron ya durante el primer año de mandato de Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la SCJN, en las tiendas departamentales de Liverpool y El Palacio de Hierro.

Fideicomiso paga

La forma en que opera la tienda virtual de la institución es vaga y rebuscada pues no informa de manera clara con qué recursos se adquieren los artículos y a donde se dirigen las ganancias por la venta de los mismos.

El tema no se había discutido hasta que el presidente López Obrador publicó en octubre del 2023 en el Diario Oficial de la Federación una reforma para eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, que en su conjunto disponen de 15 mil millones de pesos. Uno de ellos es precisamente la fuente de financiamiento del Kiosco Institucional y de la tienda virtual de la SCJN, que lleva por nombre “Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones, CD’S y otros Proyectos”.

En junio del 2023 la cuenta de ese fideicomiso ascendía 177 millones 831 mil 290 pesos y en un corte más reciente al 31 de marzo del 2024, el saldo total de ese fondo es de 199 millones 120 mil 727 pesos.

El fideicomiso era administrado originalmente por Bancomer a finales de la década de los 90, entre los años 1997 y 1999. Después, el 8 de septiembre de 1999 se realizó una sustitución fiduciaria y los recursos se depositaron en una cuenta de Banamex. El 19 de febrero del 2013 la SCJN volvió a modificar los términos del fideicomiso; canceló el convenio de administración con Banamex y reemplazó a esa institución bancaria por Nacional Financiera.

El fideicomiso quedó inscrito bajo la denominación que tiene actualmente. En aquella fecha los fondos ascendían a los 152 millones 334 mil 959 pesos.

En el documento se establece que además de financiar las propias publicaciones, los recursos del fideicomiso se pueden destinar a los proyectos que la SCJN considere pertinentes, pero en ninguna parte se habla expresamente de la compra de artículos personales para su reventa.

En la sesión del 14 de agosto del 2012 el Comité de Gobierno y Administración de la SJCN aprobó el “Proyecto de Actualización y Mejoras para la Operación del Kiosco Imagen Institucional”, y autorizó a la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social a presentar en el mes de noviembre de cada año, el “paquete de requerimientos financieros, informe de operación y ventas” del Kiosco Institucional.

Ahí mismo se acordó entregar 500 pesos diarios a esa dependencia para la apertura y cierre del Kiosco Institucional.

Según el documento la compra de artículos promocionales es algo que se hace por lo menos desde el 2012 bajo la Dirección General de Recursos Materiales. En opinión del profesor investigador Francisco Jiménez Reynoso, académico e integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, la principal función de la SCJN es la administración y procuración de justicia, por lo que no debería excederse ni caer en la “banalidad” ni aparecer como una tienda de marca.

“Utilizar el marketing o las siglas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y caer en la banalidad, yo creo que ese tipo de excesos no deberían existir porque la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzaría en mi opinión a desprestigiarse y a perder más que ganar, a perder prestigio, a perder seriedad, a perder objetividad”, comenta el investigador.

La compra de artículos promocionales se ha hecho incluso por medio de adjudicaciones directas como consta en documentos a los que tuvo acceso Polemón. En agosto del 2022 por ejemplo, la SCJN realizó una adquisición por casi 300 mil pesos al proveedor Joe & Asociados S.A. de C.V. que incluyó bolsas para caballero, carteras, carpetas, llaveros, lapiceros, tarjeteros y portafolios hechos en piel.

Ese mismo mes se autorizó la compra de cien piezas de dominó clásico por poco más de 50 mil pesos al proveedor Nova Graphitex S.A. de C.V.; asimismo, el 26 de febrero del 2018 se efectuó la adquisición de cubos multiusos, encendedores recargables, mouse pad con la imagen impresa del edificio de la SCJN y porta gafete por un monto de 89 mil 610 pesos.

En el 2019, la institución lanzó las bases de la convocatoria para el concurso público sumario CPSI/DGRM-DABC/002/2019 “Compra de Artículos Promocionales” para adquirir bolígrafos metálicos tipo Stylish, lápices, plumas ejecutivas de plata, plumas round stic bicolor, tazas térmicas de acero inoxidable, tazas de cerámica, maletas de nylon para viajes, tapetes para mouse, pelotas anti estrés, porta gafete, porta notas adhesivas, foto imanes, porta bolsas, dominó inglés, y hasta un set de accesorios para vino con accesorios metálicos que incluye saca corcho, boquilla, corta gotas y corcho metálico.

Mascadas de lujo

El año pasado, la SCJN ordenó en el mes de agosto un lote de 300 mascadas a la exclusiva marca de lujo Pineda Covalín, propiedad de dos diseñadores de moda del mismo nombre, Cristina Pineda y Ricardo Covalín, por la cantidad de 206 mil 490 pesos.

De acuerdo con la copia del contrato simplificado que obra en poder de este medio, se trata de un diseño personalizado que lleva por nombre “modelo Suprema Corte Búho”. Las piezas están fabricadas en seda twill estampada con una medida de 54 x 54 cm, en color azul, gris y blanca.

La SCJN pidió que se le agregara a la prenda y al empaque el logo de su institución, representado por el símbolo de un águila real posada sobre una balanza, una espada y un pergamino.

Según el contrato, la compra fue ejecutada mediante una transferencia electrónica por la Dirección General de Recursos Materiales del Poder Judicial de la Federación, pero se comisionó a funcionarios de la Dirección General de Comunicación Social a darle seguimiento a la adquisición de las prendas. La entrega de las prendas se hizo en la Dirección de Almacenes del Poder Judicial.

Otra de las compras realizadas, -también en el 2023- se llevó a cabo en el mes de mayo por la cantidad de 53 mil 148 pesos que consistió en la adquisición de 206 distintivos en plata 0.925 con chapa de oro de 24 quilates y un peso aproximado de 4.5 gramos.

En la descripción del documento se advierte que las piezas fueron solicitadas por la Secretaría General de la Presidencia para entregarlos en la toma de protesta de 72 magistrados y 234 jueces.

Los distintivos tienen dos líneas de letras, el escudo nacional en alto relieve, un broche tipo americano y los colores negro, verde, blanco y rojo, y se entregaron en un estuche tipo caja transparente.

Otro contrato más que sigue esa línea de dispendio o derroche, según se le quiera llamar, es la compra de mil llaveros y 1,800 pines de níquel durante el mes de agosto de 2023 en el marco del Concurso Público Sumario CPSI/DGRM/033/2023, para la adquisición de artículos promocionales, por un total de 146 mil 160 pesos.

Pero el caso más insólito es que durante el mes de abril, el Poder Judicial, que está repleto de jueces y magistrados, le pagó a un notario público la cantidad de 120 mil pesos para que diera fe de la puesta en operación de la Autoridad Certificadora Intermedia de la FIREL en la SCJN, en tres sesiones, así como la expedición de dos testimonios.

A pesar de la exhibición de sus gastos superfluos los ministros no rectificaron su postura y solicitaron un aumento del 4 por ciento a su presupuesto para este 2024, que se traduce en poco más de 4 mil millones de pesos, sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa.

En su anteproyecto de egresos del 2024, los ministros también incluyeron partidas presupuestales para actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, telefonía celular, combustible, y seguros de gastos médicos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado en repetidas ocasiones durante sus conferencias matutinas en Palacio Nacional que “los ministros viven en otro mundo, que hay un divorcio completo con el interés popular”, y también los ha desafiado a explicar porqué ganan más que él, cuando el artículo 127 de la Constitución Mexicana es claro al señalar que nadie puede cobrar más que el presidente.

“Estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de recibir una explicación, que nos informen, porque la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más”, dijo Obrador en su conferencia del 27 de junio del 2023.

“Yo gano 150.000 pesos y ellos ganan 600.000, entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México”, añadió.

El investigador Francisco Jiménez Reynoso concuerda con la apreciación del mandatario.

“Ellos viven en otro mundo o sentados en un escritorio y con los sueldos que ganan, pues pueden ver la venta de ese tipo de artículos dentro de la normalidad, pero no lo es, más del 80 por ciento de los mexicanos no tienen acceso a comprar ese tipo de artículos, lo cual raya en mi opinión en lo banal”, dice.

Con la reciente incorporación de Lenia Batres Guadarrama a la SCJN en sustitución de Arturo Zaldívar, López Obrador reavivó el debate de los grandes salarios que gozan los ministros, pues la nueva ministra hizo público que quería reducirse el sueldo e inscribirse al ISSSTE para rechazar el seguro de gastos médicos que da el Poder Judicial, sin embargo, la institución se negó a reducir su salario, argumentando que no es una prestación y que es un monto que le fue asignado al momento de incorporarse a la Corte.

“Es una cuestión voluntaria, si un ministro, una ministra no quiere ganar más que el presidente que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación. Creo que eso no se le puede negar a nadie y que si quiere ir al ISSSTE que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas”, dijo AMLO el pasado 12 de enero en Palacio Nacional.

Durante esa conferencia volvió a señalar que algunos personajes del Poder Judicial de la Federación utilizaron los recursos de su seguro de gastos médicos para hacerse arreglos estéticos.

“Ciertos personajes, al menos me consta que de uno del más alto nivel que con ese fondo se hizo una cirugía plástica, de respingó la nariz, ya no lo voy a decir. Se puede hacer denuncias sin escándalo”.

El 11 de mayo pasado, el mandatario dio a conocer algunas de las prerrogativas que gozan los ministros, entre ellas, aportes para la compra de lentes, teléfonos celulares, y un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos al año o un comedor especial en la Suprema Corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas, además de atenciones especiales en aeropuertos y asistencia para realizar trámites burocráticos, como visas o pasaportes.Por su parte, la revista Contralínea documentó que los ministros reciben una percepción adicional a su sueldo que está clasificada como confidencial. Esto, sin contar con los 5.6 millones de pesos que cada uno de ellos se embolsa al año por: sueldo, aguinaldo, pago por riesgo, dos seguros y dos primas.

Fuente: Polemon

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