• Necesariamente Incómoda

 

 

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO22

La desaparición de personas, en particular y la violencia generalizada en México, se han convertido en una crisis humanitaria que durante los últimos seis años no ha querido ser reconocida por el gobierno mexicano, a pesar de las evidencias que se han presentado por familiares de las víctimas, así como por organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.

El caso de la joven mujer Francisca Mariner en Quintana Roo, cuyo cuerpo permaneció durante cuatro años en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras su madres y demás familiares la buscaban por todos lados, es una prueba de que quienes tienen la responsabilidad de darle seguimiento a estos casos, hacen todo, menos por trabajar en defensa de los intereses del pueblo.

¿Cómo es posible que en Quintana Roo, una de las entidades más expuestas al escrutinio internacional, no haya un eficiente banco genético o que las autoridades de hoy y de ayer, no se preocupen por llevar un registro adecuado de cada uno de los cuerpos que son encontrados víctimas de la violencia y llevados al SEMEFO? La historia de Francisca Mariner y el calvario de su madre es una vergüenza, no solo para Quintana Roo, sino para todo el país.

Las madres buscadoras de personas desaparecidas en Quintana Roo tuvieron que salir a las calles, en medio de la lluvia, del inclemente calor, bajo el acoso policial, fueron desalojadas por la fuerza pública de la zona hotelera, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar se ha burlado de ellas, así lo señalan, las evade, las agrede en su dignidad criminalizando a los desaparecidos y desaparecidas, ante su incapacidad de integrar adecuadamente cada una de las carpetas de investigación que garantice que algún día serán judicializadas.

Por ello, es significativa y representa un compromiso político de gran magnitud, que a mas de dos años de la presente administración estatal, la gobernadora Mara Lezama Espinosa les haya recibido, durante varias horas a un grupo de madres buscadoras, con la finalidad de escuchar de propia voz sus reiteradas demandas, ninguna nueva, todas planteadas, incluso durante la anterior administración, pero siempre soslayadas, dejadas en el olvido del discurso institucional y en la demagogia de quienes solo ven votos ante cada acción de gobierno.

El cuerpo de Francisca Mariner solo era uno de los más de 600 restos humanos que están sin identificar en Quintana Roo, lo que ha motivado la movilización constante de colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas en diversas vialidades, frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chetumal, así como en el Congreso estatal, pero los casos atendidos son mínimos ante la crisis que se enfrenta en todo el estado. Aquí solo una muestra de la negligencia institucional para identificar de manera pronta y expedita a las víctimas de la violencia:

Francisca Mariner Flores Patrón desapareció el 22 de junio de 2020. Su cuerpo fue hallado en julio de ese año, pero no identificado hasta diciembre de 2024.
William Hernández Zapata desapareció el 19 de diciembre de 2017. Sus restos permanecieron siete años en poder de las autoridades antes de ser identificados; Uriel Hernández García se reportó su desapareción en enero de 2022. Su cuerpo fue hallado pocos días después, pero su madre lo recuperó diez meses más tarde.

El requerimiento de actualizar de manera inmediata el protocolo de actuación del área de genética de la Fiscalía General del Estado, así como el correcto manejo de las muestras genéticas y contar con un adecuado sistema de control, son demandas añejas del movimiento de madres buscadoras, pero que para las autoridades son novedosas, porque nunca les ha hecho caso o por lo menos escuchado.

Reitero, es un primer paso en esta administración estatal ante la negligencia de la Fiscalía General del Estado, la cual tuvo que esperar la intervención del Poder Ejecutivo Estatal para poner en su agenda las peticiones gritadas por las madres buscadoras desde hace años. La violencia en México, específicamente contra las mujeres, es un tema de la agenda de muchos organismos civiles nacionales e internacionales, pero no de las autoridades.

Por ello, hay que recordar, que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), conmemorado en el mes de noviembre pasado, la organización Amnistía Internacional hizo eco, una vez más, de la exigencia de cientos de colectivas feministas para que el Estado mexicano erradique las causas estructurales que impiden a las mujeres y las niñas mexicanas tener una vida digna, sin violencias, que frenan el pleno goce de sus derechos humanos.

“En el marco del nuevo gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hacemos propicia la ocasión para invitarla a que dé contenido y sentido a su frase: “llegamos todas” –dicha en su toma de posesión–, mediante la adopción de medidas que permitan la efectiva aplicación de la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva recién aprobada por el Poder Legislativo, para que no se quede en el papel”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.

No olvidemos que el intenso e incansable trabajo de diversas colectivas de mujeres impulsó en México la creación –a lo largo de más de tres décadas– de un robusto andamiaje legal e institucional para tutelar los derechos de las mujeres. Sin embargo, éste no opera de manera adecuada porque el Estado no ha invertido en la infraestructura, los presupuestos, ni en el personal adecuado.

“Para atacar de raíz los factores estructurales que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, sería ideal que el nuevo gobierno dé cabal cumplimiento a las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha hecho al Estado mexicano, y a las que se le han realizado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), el último de los cuales tuvo lugar en enero de 2024”, precisó Edith Olivares Ferreto.

La deuda de México con las mujeres es inmensa, y el Estado mexicano sigue quedando corto en su obligación de garantizar derechos fundamentales como la vida y la justicia. Cada día, diez mujeres son asesinadas en promedio; de estos crímenes, al menos una tercera parte son investigados como feminicidios, y la mayoría queda en la impunidad.

“A esto se suma la violencia que enfrentan las mujeres buscadoras, quienes además de cargar con la ausencia de sus seres queridos, enfrentan agresiones, estigmatización y falta de apoyo estatal en su búsqueda. El aborto sigue siendo un derecho escatimado, afectando la salud de miles de mujeres, incluidas niñas víctimas de violencia sexual. Los pendientes son muchos, y urge que este nuevo gobierno tome medidas concretas para consolidar los derechos de las mujeres, tan largamente postergados”, afirmó Edith Olivares Ferreto.

En Quintana Roo se debe pasar del discurso a los hechos para encontrar a las personas desaparecidas por que lo peor es que siguen desapareciendo…

 

 

 

 

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