mayo 20, 2024 00:03

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Renán Castro Madera, Director General

Renán Castro Madera, Director General

mayo 20, 2024 00:03

  • En cartas enviadas por la DEA y el ICE a la Fiscalía de Colombia se asegura que, de 2019 a 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México otorgó permisos para el “tránsito y/o destino” de 5.4 toneladas de cocaína y 5 millones de dólares de procedencia ilícita para realizar transacciones; el objetivo era desmantelar estructuras del narcotráfico internacional. Esta es una nueva entrega del proyecto NarcoFiles.

 

 

Primera Parte

 

Redacción/CAMBIO 22

CASO 1. NEW GENERATION

El agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá envió una carta por correo electrónico al director de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Era 16 de diciembre de 2020. Dos meses atrás había solicitado el uso de agentes encubiertos para realizar una entrega controlada de cocaína, pero hubo un abrupto cambio de planes con base en nueva información de inteligencia. A la operación se agregaría México como país de tránsito rumbo a los Estados Unidos. Incluía el permiso de transporte de hasta 200 kilos de coca, 5 kilos de heroína, 20 kilos de metanfetamina y 20 kilos de alguna otra sustancia sintética ilegal no especificada. También la utilización de hasta 2 millones de dólares para pagos y transacciones.

El membrete de la misiva anunciaba a la División Criminal del Departamento de Justicia, y la solicitante directa era la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.

En la carta también pidieron permiso y apoyo para realizar vigilancias y seguimientos, búsquedas selectivas en bases de datos e interceptación de teléfonos de los criminales para obtener evidencia que en el futuro les pudiera ayudar a nuevas capturas y extradiciones.

La comunicación cerró con la certeza de que la diplomacia mexicana ya estaba enterada y aprobaba el eventual cruce de drogas por su territorio.

“El gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia DEA, ha comunicado el origen y propósito de esta operación a las autoridades apropiadas de México, específicamente la Policía Nacional de México, a través de canales diplomáticos en México. Con esta solicitud la DEA afirma que esta operación ha sido autorizada en México”, se lee textual en la carta del gobierno de los Estados Unidos enviada a la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Al día siguiente, a las 10 de la mañana del 17 de diciembre de 2020, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la fiscalía colombiana llenó el formato que se necesitaba para aceptar el trabajo de agentes encubiertos y entregas controladas de drogas.

El gobierno colombiano aceptó la incorporación de dos agentes encubiertos miembros del Grupo Apoyo Estupefacientes SIU (una estructura nacional que opera en apoyo de la DEA en Colombia y otros países), acompañados de dos agentes de control para supervisarlos y apoyarlos. La operación general fue calificada como de riesgo medio, pero el trabajo de los agentes de riesgo alto.

La misión no era fácil de lograr. Lo primero que tenían que hacer era ganarse la confianza de la organización delictiva para que les permitiera comerciar con la droga y lavar el dinero. El gobierno colombiano les dio permiso para pactar con el crimen y acudir a lugares públicos y privados: domicilios, trabajos, habitaciones de hoteles y fincas. A la operación la llamaron New Generation.

“Se requiere emplear esta técnica especial de investigación por cuanto no existe otro medio legal para lograr el objetivo que se quiere alcanzar en las presentes diligencias, que a partir de esta técnica de investigación que es permitir que una mercancía de carácter ilegal sea transportada por el territorio Nacional entre o salga de él, bajo la estricta vigilancia de funcionarios de Policía Judicial”, se lee en el formato de aprobación.

Antes de actuar como agentes encubiertos de una entrega controlada, las personas previamente entrenadas por la DEA deben firmar un acta de voluntariedad donde se establecen sus facultades, deberes y prohibiciones.

Tienen permitido efectuar acercamientos con la organización criminal, intervenir en el tráfico comercial y adelantar transacciones con los indiciados. Les está prohibido modificar sus identidades, provocar o inducir a cometer un delito o atentar contra la vida e integridad de las personas. Además, como se ejemplifica más adelante, entre sus deberes están recolectar información, ubicar e identificar a los integrantes de la estructura orgánica y los roles de cada miembro; apuntar el modus operandi, dar aviso al agente de contacto o control sobre novedades de interés para la investigación e informar de situaciones que comprometan su seguridad, entre otros.

También se determina la protección para el agente encubierto: “estará exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean consecuencias necesarias del desarrollo de una orden legítima”.

En los permisos, la fiscalía colombiana asegura en negritas que los agentes encubiertos no forman parte de la delincuencia organizada.

La redacción de los documentos de la Fiscalía de Colombia es cuidadosa de la legalidad de los procedimientos y de las justificaciones para realizar un trabajo como este. Se insiste en que no existe otra forma de obtener la información necesaria para desmantelar la estructura criminal investigada.

Dejan una pequeña ventana para la improvisación, pero intentan plasmar en tinta toda la operación a emprender.

1. El agente encubierto recibirá la droga en Colombia de manos de integrantes de la organización delincuencial.

2. Los peritos químicos realizarán un análisis rápido para establecer el tipo de alcaloide recibido.

3. Previa coordinación con la DEA y el agente de control colombiano “se trasladará el alcaloide hacia los Estados Unidos y México, este último como país de tránsito”.

4. La droga podrá ser transportada en vuelos de carga o comerciales.

5. Los agentes encubiertos serán protegidos por un equipo de vigilancia y seguimiento antes, durante y después de la entrega.

6. Para la protección se usarán cámaras de video, foto, vehículos y armamento; también se contará con apoyo técnico de interceptación de llamadas telefónicas.

7. Se cuidará que el dinero ilícito y el estupefaciente no sean incautados de manera inmediata al contacto con los miembros de la organización para generar confianza y proteger a los funcionarios.

8. Se tramitarán los permisos para el paso “razonable” de la droga.

9. Una vez que el producto llegue a los Estados Unidos, el dinero de su venta será depositado en cuentas de la criminalidad a través de la técnica de “smurfing” o pitufeo, una forma de lavar dinero en múltiples y pequeñas cuentas.

10. Con este método prevén identificar a las personas, los sistemas y las cuentas bancarias de la estructura criminal, así como recolectar evidencia para desmantelar y enjuiciar a sus miembros.

En los documentos de la fiscalía colombiana se lee de manera recurrente el permiso de México a la entrega controlada: “La operación propuesta cuenta con la participación de las autoridades de Estados Unidos y México, por lo tanto, esta Dirección entiende que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia DEA, ha efectuado las coordinaciones con las autoridades respectivas”.

20 de mayo de 2021

15:30 hrs

Reunión

Caso New Generation

Son los datos generales del informe de campo de un agente encubierto. No hay firma, no hay folio, no hay membrete. Tres cuartillas que incluyen tres fotografías de los investigados.

Está obligado a redactar el reporte.

El agente se encontró con una fuente de la Embajada de los Estados Unidos y ambos acudieron a una reunión con dos representantes de la organización criminal. Al llegar al lugar, cerca de las 16:00 horas, cambiaron de ubicación por petición de los investigados. El agente encubierto lo comunicó al agente de control asignado. El operativo era vigilado a la distancia por un grupo de seguridad. Mientras caminaban al nuevo sitio fueron interceptados por elementos de la Policía Nacional y les pidieron sus cédulas de identidad. Con eso lograron identificar a las personas que los acompañaban. Era parte del plan. En el nuevo lugar, 16:06 horas, inició la conversación. Ya los esperaba otra persona más de la organización criminal. Cinco en total: tres presuntos criminales, un agente colombiano y un elemento que forma parte de la DEA.

En su informe se lee que uno de los integrantes de la organización criminal le dijo que no se sentía cómodo en lugares públicos, que sería mejor que en la próxima reunión se encontraran en un apartamento que tiene en Bogotá.

“Dice que, para hacer una sociedad, ellos aquí tienen la subida y tienen la capacidad de hacer la comida (droga) en el restaurante y ponen la mitad, y el que tiene la llegada pone la otra mitad y debe responder por la venta al lugar que la envíen”, escribió.

Otro de ellos le comentó que tienen un enlace que manda la droga de Ecuador a Guatemala. Ese mismo fin de semana tenían una nueva salida.

Tomó el celular y le mostró un video de su contacto que produce la droga. Le enseñó su cocina de cocaína. Cada envío lleva una marca, le explicó.

En los negocios del crimen, afirmó el comerciante de drogas, todos aportan.

“Y pone el ejemplo que se reunió con el Director de la PGR del aeropuerto de México y él quería que le mandara cinco, pero quería pagarlas cuando llegaran y así no se puede porque todos tienen que apretar para que todos tengan la responsabilidad”, reportó el agente en referencia a cocaína negociada con una autoridad mexicana.

“Dice que si van a comprar deben de enviar el dinero con tiempo, unos 4 o 5 días porque deben hacer el pedido de la droga y es una sola marca”.

La reunión finalizó a las 17:30 horas.

En una ficha del 16 de septiembre de 2021, casi un año después del inicio de la operación, la Fiscalía General de la Nación de Colombia informó que había detenido al objetivo principal. En el documento se reitera que fue una investigación en conjunto con la DEA a través de agentes encubiertos.

“El modus operandi de esta organización era utilizar aeronaves pequeñas para el transporte aéreo de sustancias estupefacientes”.

Entre los logros enlistan la incautación de 500 kilos de cocaína el 23 de abril de 2021 en el puerto de Guayaquil, Ecuador, en trabajo conjunto con la DEA.

“Personal del grupo CTI-SIU-DEA, en coordinación con la agencia DEA-Washington, se realizaron capturas de tres objetivos durante el mes de agosto del presente año en las ciudades de Pasto y Bogotá”.

En total, la DEA informó de cinco detenidos de la organización criminal: tres hombres y dos mujeres.

A pesar de que el nombre de la operación New Generation recuerda al mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en los documentos analizados no se encontró vinculación directa.

En este reportaje se muestran tres investigaciones de operaciones encubiertas de entregas controladas en las que se asegura que México otorgó permisos para el tránsito o destino de drogas y dinero ilícito. Abarca el periodo 2019-2022, correspondiente al gobierno del presidente López Obrador. La suma de las tres operaciones alcanza los 5 millones de dólares, 5.4 toneladas de cocaína, 10 kilos de heroína, 40 kilos de metanfetamina y 40 kilos más de sustancias ilegales sintéticas no especificadas.

La información de la fiscalía colombiana consultada para este reportaje no permite conocer si al final las drogas llegaron a México o a otras partes del mundo, tampoco si lograron decomisar los cargamentos y el dinero.

Las entregas controladas autorizadas a la DEA por el gobierno mexicano suceden mientras el país atraviesa por un periodo de extrema violencia y empoderamiento de los grupos criminales, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, y durante una ríspida colaboración e incluso choque entre el gobierno mexicano y la DEA, entre otras autoridades de los Estados Unidos. La crisis entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la agencia empeoró a partir de octubre de 2020, luego de que fue detenido en Los Ángeles, California, el exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, acusado de crímenes vinculados con el narcotráfico.

Sucede, además, tras la duramente criticada por este gobierno operación de tráfico ilegal de más de 2 mil armas estadounidenses a México iniciada en 2009 llamada Rápido y Furioso, con la que intentaron de forma fallida seguirle el rastro al armamento en poder de los grupos criminales mexicanos.

A diferencia de otros países, México no suele aceptar la ejecución de este tipo de operaciones. Se niegan casi por reflejo.

Para este reportaje se buscaron las versiones de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y de la DEA, pero no hubo respuesta. En México se solicitaron versiones a la Presidencia de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República, pero ninguna institución quiso abordar el tema.

La Defensa Nacional afirmó respecto de un cuestionario enviado que “no se encuentra facultada para realizar las actividades de investigación que indica en su banco de preguntas”.

En una solicitud de información pública de mayo de 2023 que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, se lee que una persona le pide a la fiscalía mexicana que dé a conocer la “cantidad de solicitudes de autorización (pedidos) de entregas controladas (remesas o entregas vigiladas u operaciones encubiertas) realizadas a esta dependencia por país y año entre enero de 2016 y diciembre de 2022”. Y añade: “Favor de mencionar, de ser posible, el tipo de agencia o institución del país que haya solicitado el pedido”.

La fiscalía respondió brevemente que “no cuenta con la información requerida”, es decir, que la Fiscalía no conoce de entregas controladas ni operaciones encubiertas en México, ni de la DEA ni de ninguna otra agencia extranjera.

En abril de 2022, la agencia Reuters publicó que el gobierno mexicano había cerrado una unidad especializada antinarcóticos entrenada por la DEA con cerca de 50 elementos incrustada en la extinta Policía Federal, hoy sustituida por la militarizada Guardia Nacional. La estructura trabajaba dentro del gobierno nacional y en coordinación con la agencia extranjera. La clausura se dio tras el conflicto que desató la captura de Cienfuegos. Sin embargo, se expone en el reporte, sí sobrevivió una Unidad de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés), y es, justamente, la que se encuentra dentro de la Fiscalía General de la República.

CASO 2. TRÁNSITO Y DESTINO

Mientras se realizaba la operación New Generation, otra con clave Bonanza avanzaba.

El 10 de noviembre de 2020, la DEA oficina de Nueva York, entregó información a la fiscalía colombiana junto con la solicitud de iniciar una nueva operación encubierta y entrega controlada de droga y dinero.
El requerimiento de los Estados Unidos fue autorizado dos meses después.

En el oficio, las cantidades de droga y dinero se repetían: hasta 2 millones de dólares, 200 kilos de cocaína, 5 kilos de heroína, 20 kilos de metanfetaminas y 20 kilos de cualquier otra droga sintética ilegal.
Se explicó que la DEA había identificado a una organización criminal internacional dedicada a la producción, compra, transporte y envío de sustancias estupefacientes de Colombia a los Estados Unidos, México, España y Países Bajos; que estaban lavando dinero a través de la técnica de pitufeo y que su líder operativo era un corredor de bolsa en Cali, Colombia.

La agencia antidrogas estadounidense aseguró que sus infiltrados ya habían logrado ganarse la confianza de la estructura criminal e incluso ya habían descifrado el modelo de blanqueo de capitales.
Sabían, y así lo asentaron, que uno de los compromisos que el crimen les pediría a los agentes encubiertos de Estados Unidos y Colombia era que ellos realizaran el transporte de estupefacientes, de Colombia a Estados Unidos, México, España y Países Bajos.

“El transporte de los estupefacientes se coordinará en forma de entrega controlada con el CTI y las oficinas de la DEA en los países previamente indicados”, se estableció en los documentos. CTI significa Cuerpo Técnico de Investigación.

A los cuatro países se les catalogó como territorios de “tránsito y/o destino final” de la droga, y se previó realizar transacciones bancarias en cualquiera de ellos. Sin embargo, todo el dinero incautado sería entregado a la DEA, a nadie más.

Entre los puntos más complejos estaba el transporte de la droga. Y para esto también se planeó un método: “El traslado de las sustancias estupefacientes se realizará en aviones Oficiales de la agencia DEA, hacia los países de Estados Unidos, México, España, y Países Bajos”.

La actividad fue calificada como “importante” por la fiscalía colombiana y la agencia estadounidense porque ayudaría a conocer los enlaces de la organización, la marca de la droga y los lavadores de dinero.
Como proceso de legalidad, la Fiscalía de Colombia reiteró la notificación de permiso que los Estados Unidos dijo haber obtenido de los países participantes: “El gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia DEA, ha comunicado el origen y propósito de esta operación a las autoridades apropiadas de los países de México, España, y Países Bajos, a través de los canales diplomáticos”.

Según la información que pudo ser consultada en la filtración, la operación fue aprobada, se destinaron agentes encubiertos y se intervinieron comunicaciones, pero no tuvieron suerte: la investigación tuvo que ampliarse un año más por falta de resultados.

Con el paso de los meses se cancelaron interceptaciones de comunicaciones y agentes encubiertos porque no se lograron incautaciones de drogas ni dineros ilegales, y a pesar de esto, hasta enero de 2022, seguían aprobando nuevos agentes encubiertos.

OPERACIONES CON HISTORIA

Hace 12 años, en enero de 2012, la desaparecida revista impresa emeequis publicó un reportaje titulado El Cártel de la DEA. El entonces semanario dio a conocer documentos de extradición internos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que demostraban que, de enero a octubre de 2007, en los inicios del gobierno del expresidente Felipe Calderón, se realizó una amplia operación en territorio nacional de agentes encubiertos de la DEA con la participación de autoridades mexicanas para lavar 2.5 millones de dólares del crimen organizado y permitir el tránsito de cientos de kilos de cocaína por México. Estaban involucrados el cártel de Valle del Norte de Colombia y el de los Beltrán Leyva. El documento tenía el aval de la entonces secretaria Patricia Espinosa, y el objetivo era el mismo: seguirles la pista a las estructuras criminales para desmantelarlas.

Además, en un atípico comunicado del Departamento de Justicia, Distrito Sur de California, fechado al 19 de diciembre de 2017, se menciona de otra entrega controlada en México por parte de la DEA en coordinación con autoridades locales. La operación ayudó a la captura y extradición de Víctor Manuel Félix Félix, cabecilla del Cártel de Sinaloa. Lo acusaron de lavado de dinero y tráfico de cocaína. La investigación se realizó en México durante el gobierno de Felipe Calderón y continuó el proceso en la administración de Enrique Peña Nieto.

Continuará…

 

 

NARCOFILES: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que fue compartida con EL UNIVERSAL y más de 40 medios del Mundo.

Silber Meza/EL UNIVERSAL

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