Segunda Parte

 

Redacción/CAMBIO 22

Hace 12 años, en enero de 2012, la desaparecida revista impresa emeequis publicó un reportaje titulado El Cártel de la DEA. El entonces semanario dio a conocer documentos de extradición internos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que demostraban que, de enero a octubre de 2007, en los inicios del gobierno del expresidente Felipe Calderón, se realizó una amplia operación en territorio nacional de agentes encubiertos de la DEA con la participación de autoridades mexicanas para lavar 2.5 millones de dólares del crimen organizado y permitir el tránsito de cientos de kilos de cocaína por México. Estaban involucrados el cártel de Valle del Norte de Colombia y el de los Beltrán Leyva. El documento tenía el aval de la entonces secretaria Patricia Espinosa, y el objetivo era el mismo: seguirles la pista a las estructuras criminales para desmantelarlas.

Además, en un atípico comunicado del Departamento de Justicia, Distrito Sur de California, fechado al 19 de diciembre de 2017, se menciona de otra entrega controlada en México por parte de la DEA en coordinación con autoridades locales. La operación ayudó a la captura y extradición de Víctor Manuel Félix Félix, cabecilla del Cártel de Sinaloa. Lo acusaron de lavado de dinero y tráfico de cocaína. La investigación se realizó en México durante el gobierno de Felipe Calderón y continuó el proceso en la administración de Enrique Peña Nieto.

“Después de recibir otro pago inicial de 1 millón de dólares en efectivo, los agentes de la DEA coordinaron con las autoridades ecuatorianas y mexicanas para organizar una entrega controlada internacional de cocaína utilizando un jet privado. Los agentes recogieron la cocaína en Ecuador, la transportaron a la Ciudad de México y luego la confiscaron después de que fue entregada a miembros de la organización de Félix Félix, según los documentos de extradición.”, se lee en el documento originalmente publicado en inglés. Las instituciones mexicanas participantes fueron la extinta Policía Federal y la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía.

El modelo se repite en los documentos dados a conocer en este nuevo reportaje. La información de entregas controladas aquí presentada comprende de 2019 a 2022, lapso en el que la SRE estaba dirigida por Marcelo Ebrard Casaubón, la Secretaría de Seguridad primero por Alfonso Durazo (diciembre de 2018 a octubre de 2020), después por Rosa Icela Rodríguez (a partir de diciembre de 2020); la Fiscalía General de la República por Alejandro Gertz Manero durante todo el lapso. Sin embargo, en la documentación consultada no se menciona el nombre de ningún funcionario mexicano.

También se buscó a Ebrard y Durazo a través de sus equipos de prensa pero no emitieron comentarios.

El académico e investigador Carlos Pérez Ricart, autor del libro Cien años de espías y drogas, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México, explica que él ha registrado la existencia de entregas controladas de drogas y sus modalidades en el país desde 1950, pero regularmente las autoridades no dejan rastro de ellas.

Los agentes estadounidenses las utilizan para recolectar evidencias de los casos que llevan a los juzgados, y lo hacen, en buena parte de las operaciones, con la complicidad de policías municipales, estatales, judiciales y federales, y con dinero nada transparente de por medio.

“Es el principal método de recolección de evidencia que tiene el gobierno de los Estados Unidos”, menciona.

El problema, comenta en entrevista, es que muchas veces se les pierde la droga, el dinero y los culpables: “no es muy distinto a Rápido y Furioso”.

Esto lo sabe el gobierno mexicano, afirma Pérez Ricart, por eso cuando se habla de inteligencia y cooperación, en realidad se materializa en entregas controladas e intervención de comunicaciones.

El también profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), estima que la DEA es la segunda agencia más poderosa de los Estados Unidos, sólo después de la CIA; es la que sostiene la agenda política de drogas y la principal opositora a un cambio de estrategia.

“Si en algún momento consigue su objetivo último que es un mundo sin drogas perdería su razón de existir. Entonces, es la menos interesada en que termine el problema de las drogas”, valora.

Por ese poder acumulado, detalla, la agencia antidrogas seguirá operando en los países que determine, con o sin el apoyo del gobierno local.

Consultado sobre la imprecisión de uno de los documentos en el que se menciona a la “Policía Nacional de México” en vez del nombre oficial de la corporación, sea Policía Federal o Guardia Nacional, el académico menciona que en su experiencia como investigador ha visto esos errores de forma recurrente.

“A veces es la propia ignorancia de quien está escribiendo”, comenta.

“Tienes tantos canales de entrada hoy, que si Fiscalía, que si Guardia Nacional, que si Cancillería, que si Presidencia, y ha cambiado tanto con los años, con gobiernos distintos, que también ellos se confunden. Hoy no hay responsabilidades asignadas de quién ve qué”.

Michael Chavarría, exagente de la DEA, trabajó para la agencia estadounidense en Jalisco, de 2001 a 2005, y en la Ciudad de México, de 2008 a 2010, mientras transcurrían los periodos de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, respectivamente. En una entrevista telefónica desde los Estados Unidos, asegura que las entregas controladas de droga han sucedido en México desde hace muchos años, tanto para tránsito de dinero y droga como para destino final, pero no es algo que ocurra fácilmente, mucho menos que México esté dispuesto a aceptar de manera abierta.

“México permanece siempre en un área gris”, dice sobre la postura ambigua de los gobiernos mexicanos para con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, en particular la DEA.

Chavarría, a quien le tocó ver el nacimiento del CJNG y el empoderamiento del grupo de Genaro García Luna en la Policía Federal, reconoce que antes, con Calderón, había más colaboración con las agencias estadounidenses de la que existe hoy en día con el gobierno de López Obrador, sin embargo, no le sorprende que continúen las entregas controladas de dinero y drogas porque considera que es un mecanismo eficaz para desarticular estructuras criminales.

CASO 3. Y AHORA, EL ICE

Esta vez no fue la DEA la encargada directa del operativo antidroga, sino el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés). La agencia no sólo se dedica a temas migratorios, también abarca operaciones como el combate al tráfico de drogas ilegales, particularmente a través de una de sus direcciones generales: la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, (HSI, por sus siglas en inglés).

El 14 de julio de 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Embajada de Bogotá, solicitó a la Fiscalía que autorizara un par de agentes encubiertos para efectuar una entrega controlada de droga. La solicitud venía de la HSI/ICE.

Los informantes obtuvieron datos suficientes para planear la operación: la droga saldría de Bogotá, Colombia, pero el destino podía variar de último momento: Paraguay, Bolivia, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Bahamas, España, México o Estados Unidos. Todos los países como tránsito o destino del cargamento.

Esta vez la cantidad de droga saldría de los rangos tradicionales de las entregas controladas habituales de 200 kilos de cocaína. Solicitaron permisos para transportar e introducir 4 mil kilos, es decir, 4 toneladas de cocaína a un país distinto a Colombia. También se solicitó la autorización para manejar en el mundo clandestino hasta dos millones de dólares.

La misiva estadounidense no olvidó una leyenda que se lee en todas las autorizaciones de entregas controladas:

“se advierte que en un futuro se incautará el dinero, teniendo en cuenta que no se hace de manera inmediata para la protección de los agentes encubiertos y de la investigación, y siempre se procurará el control del mismo”.

En febrero de 2022, mientras la operación avanzaba, la HSI/ICE solicitó modificaciones a las autorizaciones obtenidas: excluyeron a Venezuela y entró Honduras al listado de países de tránsito y/o destino; cancelaron la actuación de los dos agentes encubiertos designados y autorizaron la entrada de otros dos diferentes. Uno de los cambios más importantes fue que aumentaron mil kilos la cantidad de cocaína a traficar: llegaron a 5 mil, es decir, 5 toneladas. También bajaron de 2 a 1 millón de dólares el uso de dinero. De esto no escribieron más explicaciones.

La operación de la HSI/ICE tuvo el apoyo de la DEA, y fue tan compleja como las que hace la agencia antidroga, tal vez más.

Para que la investigación iniciara, la estructura criminal tuvo que cometer un primer error: sin saber su identidad, contactó a un elemento de la HSI infiltrado en Colombia para que le ayudara a transportar la droga. Una vez expuesta la necesidad de parte de la estructura criminal, el agente encubierto de la HSI y del gobierno colombiano planearon la ruta: primero la droga se transportaría vía terrestre por el interior del país en patrullas de la propia Policía Nacional; después se usarían barcos para el viaje marítimo a otras naciones.

“Uno de los agentes encubiertos presentará a los otros agentes como personas de confianza para generar confianza con los miembros de la organización, y con posterioridad sostendrán reuniones y/o recogerán el alijo estupefaciente o dinero de procedencia ilícita”, se lee.

Quedó por escrito que el dinero que los delincuentes le pagaran al infiltrado del gobierno por el transporte de la droga sería entregado a la HSI, a nadie más.

Una vez efectuada la entrega controlada en Colombia, la droga sería sometida a análisis químicos y se generaría un álbum fotográfico del producto. Además, se planeó que en una costa del Océano Atlántico llegaría una embarcación estadounidense proveniente de Puerto Rico para trasladar el alijo al país convenido.

Una vez que el cargamento llegue al país de destino, las autoridades de esa nación, en coordinación con la de Estados Unidos, deberán confirmar que los integrantes de la organización recibieron la sustancia estupefaciente.

“Con esta solicitud, la agencia ICE afirma que esta operación ha sido autorizada en Paraguay, Bolivia, Brasil, Honduras, República Dominicana, Bahamas, España y México”, se destaca.

La relación de México con los Estados Unidos siempre ha sido complicada, sobre todo en materia de soberanía nacional, y esta es una de las razones que han hecho que el presidente López Obrador aumente su rispidez con las agencias de inteligencia estadounidenses, sobre todo con la DEA.

Ahora, con los nuevos documentos revelados en este reportaje, sabemos que a pesar de esta pública mala relación las operaciones de entregas controladas de droga continúan; también el uso avalado de dinero proveniente del narcotráfico, aunque el gobierno no lo acepte de manera pública.

 

Continuará…

Este artículo es parte de #NARCOFILES: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que fue compartida con EL UNIVERSAL y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

 

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