Los Desfalcos de CAPA; Una Dependencia Saqueada por sus Funcionarios en Turno

Redacción/ CAMBIO 22

CHETUMAL.- A la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo siempre se le acusa de ser la ‘caja chica’ del gobernante en turno, el caso más sonado fue en la administración de Roberto Borge Angulo donde terminaron en la cárcel sus colaboradoras que pasaron por esa dependencia; aparte del pésimo servicio que presta principalmente en la capital del estado, es un barril sin fondo que difícilmente, si se gana el litigio contra Aguakan, podrá llevar la administración y el suministro del agua potable y las descargas de aguas negras en el estado: CAPA, es un cárcamo de corrupción donde brota un estercolero que salpica a las más altas esferas de la política local.

En la actual administración, a cinco días del segundo informe de la gobernadora Mara Lezama, Alberto Covarrubias Cortés fue removido de su cargo como director de la dependencia y reemplazado por José Enrique Torres López, quien anteriormente ocupaba el puesto de subdirector general y de Mejora Regulatoria dentro del mismo organismo y antes de llegar a Quintana Roo, se había desempeñado como director general del Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento en San Luis Potosí.

Antes de su salida, Covarrubias Cortés fue señalado en abril de este año por adjudicar a través de una licitación amañada, los trabajos para la rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR ‘San Miguelito’ de Cozumel a la empresa Rocalica S.A. de C.V., de recién creación y sin experiencia en este tipo de obras, por un monto $22,409,257.56 pesos.

La obra se entregó a través de la licitación pública nacional con numero LO-82-009-923022998-N-29-2023; la presunta irregularidad fue la sospechosa participación de las empresas GDE SA de CV y Rocalica, que están ligadas entre sí; la empresa GDE ofertó $19,328,305.11 pesos, mientras que la empresa ganadora Rocalica lo hizo en $19,318,325.48 pesos más IVA que hacen un total de $22,409,257.56 pesos, con una diferencia de apenas $9,979.52 pesos: Carlos Rubén Ayuso Carrillo, jefe de departamento de licitación de obra pública de CAPA y Eduardo Palma Buenfil, representante del Órgano Interno de Control de CAPA, avalaron la adjudicación de la obra.

Según el contrato CAPA-PROSANEAR-07-OP-23-LP, firmado por Irma Eugenia Reyes Mancera, Coordinadora de Construcción de CAPA y Elio Díaz Rodríguez por parte de Rocalica, debió ejecutarse entre el 27 de diciembre de 2023 y el pasado 28 de febrero de 2024 para ello CAPA otorgó un anticipo de $5,795,497.64 pesos, correspondiente al 30% del monto total del contrato.

La denuncia que circuló en redes sociales también documenta que Rocalica, fue constituida el pasado 12 de diciembre de 2022 por el chiapaneco Elio Díaz Rodríguez y Santy Esteban Cardeña Bautista, quienes están ligados al empresario Reyes Armando Borges Rodríguez, socio de la empresa GDE y de los hermanos Jorge Alberto y Edy Eljure Abourjaily a quienes se les relaciona con el exmandatario Roberto Borge, confinado en una celda por corrupción.

En el entramado de la denuncia se asienta que Elio Díaz Rodríguez, en algún momento ‘compró’ las acciones de otra empresa llamada ‘Rocarola’ al socio Reyes Armando Borges Rodríguez, quien a su vez ‘compró’ las acciones de la razón social GDE SA de CV a Edy Eljure Abourjaily. Los antecedentes inmediatos señalan que GDE S.A. de C.V., originalmente tenía la razón social GD Rumega S.A. de C.V., empresa que tenía como socios a Cristóbal Gaudiano Rovirosa y Gilberto Ramos Espinosa, prestanombres de Édgar Méndez, incondicional de Roberto Borge.

El funcionario depuesto entregó también el 26 de diciembre del 2023, el contrato CAPA-PROSANEAR-08-OP-23-LP para la sustitución de diversos tramos colapsados del sistema de recolección de aguas residuales de la Ciudad de Chetumal por un monto total de $6,863,463.37 pesos, de esta entrega no existen registros de dónde se realizaron ni las bitácoras de obra.

En esta red de corrupción también afloró la investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por el presunto desvío de más de 22 millones de pesos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (Draef).

Este caso, que involucra posibles actos de peculado, pone bajo escrutinio las operaciones financieras de ambas entidades y mediante un análisis detallado de datos bancarios y estados financieros correspondientes a 2023 y 2024, se identificó un faltante de aproximadamente 22 millones de pesos.

El pasado jueves 21 de noviembre, agentes de la Policía Ministerial adscritos a la FECC inspeccionaron el Área Contable de CAPA, asegurando documentos clave para avanzar en las indagatorias; trascendió que una empleada identificada como Mónica “N” es investigada por aprobar convenios de liquidación de adeudos que no se ajustaban a sus atribuciones y la FECC ha documentado que autorizó pagos de hasta 15 mil pesos a usuarios con deudas superiores a 200 mil pesos, sin reportar los ingresos correspondientes.

Por estos hechos delictuosos tres empleadas de CAPA son investigadas por el presunto uso de recursos públicos para invertir en criptomonedas, práctica que habría comenzado en 2022 y que quedaron al descubierto por sus publicaciones en redes sociales donde presumían un estilo de vida que despertó sospechas, incluyendo viajes a Europa; la inversiones en criptomonedas fracasaron con pérdidas considerables para CAPA, durante el periodo del atraco Covarrubias Cortés ocupaba la dirección de CAPA, a su renuncia fue nombrado director de Fiscalización en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

En las denuncias de corrupción por contratos entregados en CAPA destaca el periodo de Roberto Borge cuando la Constructora Mogu y Asociados, formó parte del mega desfalco de más de mil millones de pesos en CAPA pues recibió contratos a través de adjudicaciones directas durante el periodo de la entonces directora de la CAPA, Paula Guadalupe González Cetina quien entregó contratos a los empresarios amigos de Beto Borge, sin necesidad de licitación.

Con Beto Borge fueron ampliamente beneficiadas aparte de Mogu, Reint Constructores; Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México; GUIAR Triturados; Proyectos y Suministros Industriales; Arquitectura Integral González; Impulsor Eléctrico; Servicios Integrales de Ingeniería y Administración de Obras; y Consorcio M & M Jasso.

El 13 de febrero de 2019, González Cetina, fue declarada culpable por un Tribunal de Justicia PenalOral, radicado en la ciudad de Chetumal, por el delito de peculado en agravio de la dependencia por el desvío de mil 55 millones 999 mil 962 pesos y fue detenida el 3 de enero del 2018 en la ciudad de Chetumal por elementos de la Policía Ministerial, tras una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía
General del Estado.

Antes, el 28 de noviembre, 2017, también la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ana Alicia Rivera Galera, ex directora financiera de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA ), vinculado con el destino de esos mil 55 millones de pesos.

Eduardo del Valle García, juez del Tribunal Oral, determinó que encontró elementos suficientes para determinar que los mil 56 millones de pesos fue producto de una contraprestación que firmó la Sefiplan, la CAPA y la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. Sin embargo, las declaraciones de testigos determinaron que González Cetina ordenó que se desviara el dinero, sin explicar a sus subalternos el por qué de ese movimiento.

En todo momento, la defensa de la ex directora de CAPA argumentó que el recurso fue depositado a la Sefiplan porque formaba parte del mismo gobierno y que, además, no afectaba el patrimonio del estado. Recordó que la transferencia se realizó el 18 de diciembre de 2014, fecha en la que fenecía el contrato y el dinero podía ser movido transferido a la secretaría de finanzas basándose en el título de concesión, el cual estipula que el Gobierno del Estado es el titular de los recursos de CAPA.

No obstante, la Fiscalía debatió que el único que pudo haber autorizado esa transferencia era el Consejo Directivo de la Comisión, en conjunto, incluso por encima de Roberto Borge Angulo, ex gobernador del Estado, quien fungió como presidente de dicho Consejo.

Sin embargo, para agosto del 2021, Paula González Cetina, presentó la primera demanda por daños en contra del Estado, después de que quedó totalmente demostrada su inocencia de todos los cargos que fueron levantados en su contra desde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

González Cetina confirmó que la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) recibió la demanda, en la que señala a Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como a los jueces Gonzalo Miguel Segovia Herrera y Eduardo del Valle García, además del magistrado Felipe de Jesús Solís Magaña.

“Se ha presentado una demanda en contra del estado de Quintana Roo para que sean condenados a la reparación del daño. El acto que produjo la actividad irregular y con base en el cual demando la responsabilidad patrimonial del Estado lo es el proceso penal al que fui imputada, acusada e indebidamente sentenciada como culpable”, dio a conocer la ciudadana.

De igual forma, explicó que es por haber difundido información mediática que le causaron daño moral a ella, a su hijo y a su familia, luego de que fue a prisión por el delito de peculado y que instancias federales la exoneraron al no encontrar responsabilidad alguna, por lo que busca justicia.

A juicio de la demandante, los actos de la Fiscalía Especial fueron “solo con un afán protagónico, me presentó en sus ‘comunicados de prensa’ como culpable, estigmatizando con ello mi imagen, mi persona y mis actividades presentes y futuras”.

Junto con las actuaciones de Villanueva Arzápalo, el documento presentado en la ciudad de Chetumal, también señala actos de jueces, incluso, de un magistrado del Poder Judicial, cuyas decisiones quedados demostradas ante juzgados federales que se “caracterizaron por su falta de competencia, imparcialidad e independencia”.

González Cetina se entregó por voluntad propia, el 3 de enero del 2018, y posteriormente vinculada a proceso por presunto peculado, de mil 55 millones 999 mil 962 pesos y fue declarada culpable a tres años y 11 meses de prisión y al pago de multa de 28 mil 441 pesos. El 26 de abril del 2018 obtuvo un amparo de la justicia federal que le permitió el arraigo domiciliario; el 25 de junio de 2020 obtuvo un amparo en contra de la sentencia emitida por el juez penal, pues no se reconfiguró el delito imputado. Por orden del juez federal, la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal con sede en Chetumal determinó sentencia absolutoria. La ciudadana aún espera el resarcimiento y el caso quedó en una denuncia más de los presuntos saqueos a CAPA.

Al igual que los más de mil millones de pesos del presunto quebranto a CAPA, aún no hay sentencia sobre los siguientes contratos irregulares: CAPA-FIFONMETRO-12-OP-20-LP en el que se acordó en septiembre de 2020 pagar 46 millones 993 mil 156.96 pesos por la obra denominada: “Sectorización, sustitución de tuberías y micromedición en la zona de distribución Calderitas del sistema de agua potable, en Othón P. Blanco”.

También el contrato número CAPA-FIFONMETRO-08-OP-20-LP, firmado en abril del 2020, se encomendó la obra de sectorización, sustitución de tuberías de micromedición del sector Insurgentes Norte (sector 9 Y 12) de la ciudad de Chetumal y se pagaron 9 millones 153 mil 300.21 pesos.Otro millón 711 mil 101.35 pesos se pagó en el contrato CAPA-PRODDER-16-OP-19-IR, firmando en diciembre de 2019, el cual contempló el mejoramiento de la red de distribución de agua potable en la localidad de Zamora, municipio de Bacalar, Quintana Roo.

En mayo de 2018, el contrato de número interno, CAPA-PDR-01-OP-18-LP fue utilizado para la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en Chancah del municipio de Felipe Carrillo Puerto. La ampliación tuvo un costo de 4 mil 250 millones 136.90 pesos, en las que se encuentra señalado el ex directo Francisco Gerardo Mora Vallejo.

CAPA atraviesa una situación financiera muy difícil, enfrenta una deuda acumulada por morosidad de usuarios que supera los 600 millones de pesos, lo que se refleja en el pésimo servicio de saneamiento y suministro de agua en siete municipios no concesionados en el Estado, todo apunta que los últimos administradores han saqueado a CAPA, las fortunas personales de Gerardo Mora Vallejo, José Sosa Moreno y Alberto Covarrubias así lo demuestran. CAPA sigue siendo un barril sin fondo y una caja chica para el gobernante en turno. Cada sexenio así se documenta.

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