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Doctora Candy Raygoza/CAMBIO 22

Este 13 de julio se llevará a cabo una consulta ciudadana en el municipio de Cozumel con el objetivo de decidir si se construye o no un cuarto muelle de cruceros sobre el arrecife Villa Blanca. Más allá del discurso participativo que pretende sostenerla, resulta profundamente preocupante que se someta a votación un tema que está regulado por el marco jurídico nacional e internacional en materia ambiental. La consulta, en este caso, no empodera a la ciudadanía; la instrumentaliza para justificar la violación de la ley ambiental.

El proyecto, impulsado por la empresa Muelles del Caribe —propiedad de la familia Molina Casares— en alianza con MSC Cruceros, contempla la edificación de un nuevo muelle turístico sobre un ecosistema marino vivo. El arrecife Villa Blanca, aunque se encuentra fuera del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, una de las regiones de biodiversidad más valiosas del planeta.

La Manifestación de Impacto Ambiental omitió deliberadamente la existencia de especies marinas vivas en el área, entre ellas corales, tortugas y peces endémicos.

Esa omisión ha sido señalada por científicos, activistas y cooperativas pesqueras, y ha derivado en la aceptación de un recurso de revisión por parte de la SEMARNAT.

No obstante, el proyecto continúa en marcha y ahora pretende “legitimarse” mediante una consulta.

Pero la legalidad no se consulta. Se respeta.

El derecho al medio ambiente sano, consagrado en el artículo 4º constitucional, no está sujeto a votación.

Tampoco pueden ignorarse los tratados internacionales ratificados por México: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y la Declaración de Río de 1992, cuyo Principio 15 establece con claridad que la falta de certeza científica no es razón para postergar medidas de protección ambiental. Estos instrumentos obligan al Estado mexicano a prevenir el daño ecológico, no a someterlo a encuestas.

A la par de esta omisión ambiental, es necesario evidenciar el contexto social que vive la isla.

Cozumel enfrenta calles sin pavimentar, drenajes colapsados, desabasto de agua potable, robos, narcomenudeo, violencia familiar y una creciente sensación de inseguridad. Colonias enteras han sido olvidadas mientras se prioriza la imagen turística del litoral.

Los recursos públicos se destinan a megaproyectos, pero no a lo esencial. ¿Qué sentido tiene construir un nuevo muelle cuando lo más urgente es restaurar la dignidad urbana?

Desde esta perspectiva, urge legislar con responsabilidad y visión de largo plazo. México necesita una Ley General de Cultura de Paz con enfoque ambiental, vinculante y transversal.

No como discurso aspiracional, sino como un mandato jurídico que reconozca que la paz no puede existir donde hay destrucción ambiental, marginación social o impunidad estructural.

Y esta necesidad es particularmente apremiante en Quintana Roo, donde el crecimiento turístico y urbano ha implicado, en muchos casos, el deterioro de los ecosistemas y la normalización del extractivismo.

Una ley de cultura de paz no solo daría marco a la defensa del medio ambiente, sino que ofrecería herramientas institucionales para garantizar procesos educativos, presupuestales y comunitarios que fortalezcan el derecho a vivir en equilibrio con la naturaleza.

El turismo de cruceros, además, genera derrama económica limitada.

Un visitante que baja durante algunas horas gasta en promedio entre 100 y 150 dólares, muchas veces concentrados en empresas externas a la comunidad.

En cambio, el turismo de estancia —aquel que duerme, se alimenta, recorre y convive— genera beneficios reales para prestadores locales, guías, comerciantes, transportistas y cooperativas.

La riqueza natural de Cozumel no está en sus muelles, sino en su mar. En sus corales, sus tortugas, sus aguas cristalinas. Esa es la herencia que debe protegerse. Porque los corales no votan. Las tortugas no pueden asistir a consultas. La vida marina no llena encuestas. Pero existe. Y necesita de nuestra conciencia.

Corresponde a la ciudadanía informada, a los profesionistas responsables y a las autoridades con vocación de servicio, alzar la voz. La ley ambiental no se pregunta: se cumple.

La vida no se consulta: se defiende.

 

 

 

Dra. Candy Raygoza es Abogada, Psicoterapeuta especializada en Hipnosis y Tanatología.

Maestría en Derechos Humanos, Doctora en Derecho.

Presidenta Nacional y Fundadadora de Líderes Juaristas A.C.

Presidenta de la COMNAPAZ en QRoo.

Colaboradora en Diario Cambio 22.

redaccionqroo@cambio22.mx

HTR/RCM