Logran Tercera Orden de Suspensión para Obra de la Sedena en Bacalar, a Nombre de Menores de Edad

• Tutores de 23 niñas, niños y adolescentes del municipio promovieron nuevo juicio de amparo contra la casa de descanso que se construye junto a la Laguna de los Siete Colores, con ayuda de la Defensoría Pública Federal

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 13 de mayo.- El Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo, con sede en Chetumal, concedió una tercera suspensión provisional para detener temporalmente las obras de construcción de una casa de descanso del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) junto a la Laguna de Bacalar y el Fuerte de San Felipe, a resultado de un juicio que fue promovido por 23 niñas, niños y adolescentes del Pueblo Mágico.

La demanda de amparo, en la que los menores de edad fueron representados por sus tutores, fue tramitada con la ayuda del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y fue admitida el pasado 6 de mayo.

La acción legal tiene como objetivo la protección de los derechos humanos de las infancias, entre ellos el derecho a un medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la cultura, a la información y a la participación pública en asuntos ambientales, informó la Defensoría Pública Federal, que recalcó que estos derechos están reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales suscritos por el estado mexicano, como el Acuerdo de Escazú.

En la resolución de la suspensión provisional, el juez determinó que las actividades constructivas realizadas en la zona federal de la Laguna de Bacalar podrían provocar daños irreversibles al ecosistema y al patrimonio natural y cultural de la región, por lo que obligó a la Sedena a abstenerse de continuar con cualquier modificación o alteración en el área hasta que se resuelva si se concede la suspensión definitiva en este expediente.

La suspensión también vincula a diversas autoridades ambientales y culturales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado (SEMA), la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado (PPA) y el ayuntamiento de Bacalar, para que realicen inspecciones y verifique si las estructuras construidas o las modificaciones efectuadas representan un riesgo para la laguna, la biodiversidad que alberga y su entorno histórico.

En su argumentación, el juez consideró principios fundamentales del derecho ambiental, como el principio precautorio, el principio de no regresión y el principio in dubio pro natura, es decir, de que en caso de duda, se resuelva a favor de la naturaleza.

La nueva suspensión provisional que pesa sobre la obra subraya que los daños ya visibles en la Laguna de los Siete Colores, como el uso de materiales pétreos y dragado del cuerpo de agua, podrían alterar las condiciones naturales del ecosistema, afectar la fauna y flora locales, incluidos organismos milenarios como los estromatolitos, y comprometer la salud del manglar.

Asimismo, el juez recordó que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano cuya protección debe garantizar el estado mexicano en beneficio tanto de las generaciones presentes como de las futuras, porque está estrechamente relacionado con otros derechos fundamentales, como el acceso al agua, la salud y la vida digna.

El juzgado fijó el 21 de mayo para celebrar la audiencia incidental en la que evaluará si procede mantener vigente la suspensión de las obras promovidas por la Sedena y se convierte en una suspensión definitiva que dure mientras se analiza de fondo del juicio de amparo presentado en nombre de niñas, niños y adolescentes del municipio.

En este proceso, la Defensoría Pública Federal aseguró que continuará brindando acompañamiento jurídico a los y las menores de edad promoventes del juicio, en atención a su interés superior y en estricto apego al mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, así como procurar la protección y restitución de sus derechos humanos.

Cabe mencionar que contra la obra de la Sedena ya pesa una suspensión definitiva, dictada dentro del juicio de amparo promovido por un grupo de ciudadanos de Bacalar, así como otra suspensión provisional, en este caso obtenida por las asociaciones ambientalistas Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) y Proyecto Justicia Común (Projuc).

franciscohcambio22@gmail.com

LRE