Libertad de Expresión, “Comodín” de la 4T
17 Jun. 2025
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Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO 22
Las libertades de pensamiento, opinión, expresión y prensa se aglutinan en el Derecho a la Información que aún se encuentra establecido en el Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos internacionales que son obligatorios para México, pero que a quienes integran la 4T les estorban para generalizar sus acciones dictatoriales como está ocurriendo en Campeche, Puebla, Veracruz, Estado de México y en otros estados de los gobernados por MORENA.
El Derecho a la Información es una herramienta que tiene la ciudadanía que vive en una sociedad democrática, porque este derecho le sirve como llave para tener acceso al resto de sus derechos fundamentales, porque quien no tiene la suficiente información sobre el resto de sus derechos no los exige y considera que cuando un gobierno le da esos derechos en migajas, le está haciendo un favor.
Por ello, hay que reiterar que el pueblo de México tiene derecho a un servicio de salud universal, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la vivienda, a vivir en un medio ambiente sano, a una seguridad pública eficiente, al acceso a la justicia, a la transparencia y a la rendición de cuentas y a muchas más que están establecidos en la primera parte de la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por México.
En consecuencia, si no podemos ejercer a plenitud el Derecho a la Información gozando como ciudadanos de las libertades antes descritas no podemos decir que vivimos en una sociedad democrática y que el gobierno nos representa, sino que ya estamos viviendo en una dictadura, aunque no les haya dado tiempo de desmantelar la Constitución Política que ha causado millones de muertos desde que se conformó la República Mexicana.
Los agravios contra quienes ejercemos el periodismo cada día se incrementan en el país por medio del acoso judicial, del hostigamiento y acoso institucional, las amenazas, los asesinatos, la censura y la criminalización de nuestro quehacer profesional.
En Campeche, la expriista y ahora morenista consentida de Andrés Manuel López Obrador, Layda Sansores San Román, orquestó una venganza con el Poder Judicial de esa entidad, para acosar y sancionar judicialmente al periodista Jorge Luis González Valdez, de 72 años, quien se desempeñó como director del periódico “Tribuna” de Campeche hasta 2016 y que ahora se encuentra jubilado por esa empresa.
Como en tiempos del priismo de mano dura, le prohibieron ejercer durante dos años el periodismo, presuntamente por cometer los delitos de calumnias y discurso de odio contra la gobernadora.
Guadalupe Martínez Taboada, jueza de control, resolvió en audiencia el pasado viernes 13 de junio que es responsable de las supuestas agresiones contra Layda Sansores.
La Asociación Civil Periodistas del Caribe se pronunció por este caso y consideró que Layda Sansores logró un castigo extremo contra el veterano periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna Campeche.
“La gobernadora de Morena recurrió al poder judicial para enviarnos un mensaje con amenazante contenido: el periodista de 72 años fue vinculado a proceso por “incitación al odio” y le prohíben ejercer por dos años su oficio”, se lee en el pronunciamiento.
Integrantes de este colectivo de periodistas agregan que los antecedentes que culminaron con este ataque desde el Poder son tema de obligada revisión, porque si bien el periodista no tiene patente de corso en un quehacer cotidiano que trasciende al periodista, la información con todas sus vertientes es un asunto de todos los mexicanos y su flujo refleja la salud de nuestra democracia.
El delito de “incitación al odio” debe ser tratado con pinzas, porque en esta explosiva categoría puede ser etiquetado cualquier texto que incomode a nuestros gobernantes. Entra en la nebulosa zona de juicios de valor con perverso manejo, y el garrote puede ser empuñado a conveniencia si determinada información irrita a las mujeres y hombres del poder.
Llegar al extremo de prohibirle a un periodista ejercer su oficio es otra amenaza cumplida en Jorge Luis González Valdez, inaugurando una variante de castigo con la que es sometido el mensajero, maniatando en los hechos la libre expresión como ha ocurrido en dictaduras de izquierda y derecha.
“Hoy Campeche preocupa a periodistas quintanarroenses, quienes condenamos este golpe de Layda Sansores contra un periodista. Callar no es opción; mañana cualquiera puede ser el siguiente en la lista de los sentenciados”.
Quienes trabajan en el Poder Judicial de Campeche, a pesar que estén al servicio de la gobernadora, deben recordar que la Libertad de Expresión tiene que atenerse a criterios jurídicos especiales cuando una de las partes es una persona servidora pública, porque desde que aceptó el cargo, se comprometió a que su actuar público debe estar sujeto a un mayor escrutinio de la sociedad y de los medios de comunicación.
Por otra parte, en Puebla, otro estado gobernado por MORENA, el Congreso aprobó el 13 de junio pasado la Ley de Ciberseguridad publicada en el Periódico Oficial del estado, la cual ha generado un intenso debate en torno a su impacto en la libertad de expresión.
Sus defensores argumentan que la normativa no restringe la crítica ni el periodismo, sino que sanciona únicamente conductas reiteradas que causen daño emocional o físico en entornos digitales, sus críticos la consideran una amenaza para la libertad de expresión, al argumentar que su redacción ambigua podría facilitar su uso arbitrario contra periodistas, activistas y ciudadanos comunes.
La ley tipifica delitos como el ciberasedio, la usurpación de identidad, el espionaje digital y el grooming, con penas que van de 11 meses a 3 años de prisión, además de multas que oscilan entre los 5 mil y los 40 mil pesos.
Entre las conductas sancionables se encuentran insultos, ofensas y vejaciones reiteradas que menoscaben la integridad de las personas, especialmente menores de edad.
Periodistas de todo el país la han calificado como una abierta censura a la libertad de expresión.
Después que la reforma ya entró en vigor, ahora desde el Congreso y gobierno estatal han convocado a foros ciudadanos. Una farsa más de este gobierno.
KXL/RCM